Maduro intenta ‘prohibir’ la inflación
El País, Madrid
Un hombre lleva monitores en Caracas.
CARACAS. – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dio señales este fin de
semana de que se propone desarrollar la doctrina económica que su par de
Zimbabue, Robert Mugabe,
intentó para bajar la inflación por decreto en 2007, cuando los precios
tardaban 15 horas en duplicarse en esa nación del sur de África.
Entonces Mugabe, básicamente, “prohibió” la inflación y procedió a
cerrar los establecimientos comerciales cuyos propietarios, a quienes
acusó de avaros, incrementaran los precios.
Apenas 48 horas después de que el Banco Central de Venezuela (BCV)
informara de que en octubre los precios aumentaron un 5%, y que con ello
durante un año la tasa de inflación escalaba al 54%, Maduro tomó la
idea donde Mugabe la dejó.
El viernes por la noche, en
cadena nacional de radio y televisión, anunció la ocupación de las
cinco tiendas de una importante cadena de electrodomésticos, Daka, en la
que se habrían detectado aumentos “injustificados” de precios. Sin
aguardar a que la presunción se convirtiera en certeza, ordenó confiscar
los inventarios de Daka y ponerlos de inmediato a la venta a unos
“precios justos” que las mismas autoridades gubernamentales
establecieron de manera sumaria.
La subasta de artefactos para el hogar resultó un llamado
irresistible para miles de compradores que se agolparon frente a las
tiendas. El tumulto derivó en saqueo en al menos una de las sucursales de Daka, en Valencia, capital del estado de Carabobo, donde se vio a funcionarios militares y policiales correr con parte del botín.
El sábado, Maduro extendió la operación de “ventas supervisadas” a
otros minoristas de electrodomésticos. Además, anunció que algunos de
los gerentes y dueños de esos establecimientos fueron detenidos por la
policía política, Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), en cuyos
calabozos permanecen a la orden de la fiscalía.
Al parecer, el Gobierno habría considerado exitosa la toma de los
comercios —tanto como medida extrema de distribución de los bienes, por
un lado, como freno heterodoxo de la inflación—, ya que el domingo, en
una inusual cadena de radio y TV al filo de la medianoche, el presidente
Maduro anunció que ayer se iniciaría una ofensiva similar contra
expendios de otras categorías: alimentos, calzado, ferretería, juguetes,
vehículos y ropa. “Tengan calma y confíen en el Gobierno”, instó el
mandatario a los cazadores de ofertas, para que en las tiendas donde
ahora se practique la toma y fiscalización no se reproduzcan las largas
filas de ansiosos compradores que, aún ayer, persistían frente a los
negocios de electrodomésticos. “Así iremos bajando los precios en toda
la economía hasta conseguir el equilibrio”.
Durante su alocución dominical, Maduro no descartó que el Estado deba
retener el control de algunos de los comercios intervenidos “porque sus
dueños hayan huido”. A los comerciantes “que especulen” les prometió
penas de 30 años de cárcel —la máxima permitida por la Constitución
Nacional—, que promulgará una vez cuente con los poderes especiales para
legislar que con toda probabilidad esta semana le otorgará la Asamblea
Nacional, dominada por el oficialismo. También apuntó que entonces
establecerá por ley márgenes “razonables” de ganancias en todos los
ramos de la economía.
Estos vaticinios nada auspiciosos para las libertades económicas en
Venezuela parecen marcar el inicio de una nueva fase de la
autodenominada Revolución Bolivariana.
Diversos observadores hicieron notar que las confiscaciones en Daka,
así como la ocupación el mismo viernes por la noche de una distribuidora
de productos lácteos, Agropecuaria Sudamericana, afectaron a
comerciantes vinculados a figuras del chavismo, lo que dejaría entrever
que también en la maniobra se están cobrando facturas entre las facciones internas oficialistas.
Pero con independencia del paso dado por el Gobierno, una resaca de
quiebra moral parecía impregnar a la opinión pública que se expresa por
las redes sociales. Mientras la anarquía asomaba el rostro en las
principales ciudades, muchos venezolanos se cuestionaban atormentados
por la débil condición cívica de aquellos que corrieron a aprovechar las
gangas forzadas por el Gobierno. Que
las medidas amenacen con clausurar una parte del comercio y hacer aún
más escasos algunos bienes de consumo que ya faltan con regularidad, de ningún modo contribuía a sembrar la calma.
No debe ser mera coincidencia que también el presidente Maduro
otorgue una categoría espiritual a esta batalla que libra en medio de lo
que viene llamando “la guerra económica”. Aseguró que no hay ningún
motivo de índole económica que explique la continua escalada de precios,
que imputa, en cambio, a un plan diseñado por Estados Unidos y la
oposición para desestabilizar a su Gobierno, y al muy humano afán de
riqueza.
Tal vez por eso y porque era domingo, Maduro hizo las veces de
telepastor y dedicó la parte final de su intervención a referencias
ecuménicas del islam, el judaísmo y hasta del taoísmo, que condenan la
usura y la codicia. “A los especuladores les haremos llegar las leyes”,
dijo, mientras sostenía un ejemplar de la Constitución venezolana, el
mandatario, reconocido seguidor del gurú hindú Sai Baba, aunque en su
discurso oficial se asuma como católico. “Pero tengan por seguro que de
las leyes de Dios no se podrán escapar”, dijo.
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