Un oficio peligroso en América Latina

El Nuevo Herald

Investigar e informar no le acarrea problemas a
un periodista en una sociedad democrática, pero cuando sus actividades
las tiene que realizar bajo un régimen de fuerza o en medio de grupos
irregulares que dirimen sus diferencias por medio de la violencia
extrema, el periodismo se vuelve un oficio particularmente peligroso.

Bajo
esas circunstancias el ejercicio de informar está sujeto a las
limitaciones que imponen las diferentes fuentes de poder que en esa
sociedad concurren, por eso cuando los periodistas transgreden los
límites que imponen los poderosos, se convierten en el objetivo a
destruir para los depredadores, sean estos gobiernos o sicariatos.

Esto
lo ejemplifican las declaraciones en Honduras del presidente de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jaime Mantilla, que manifestó
que las acciones del crimen organizado, el narcotráfico, los gobiernos
autoritarios y la impunidad, son las mayores amenazas a la libertad de
expresión en Latinoamérica.

Agregó Mantilla: “Ahora más que nunca
el narcotráfico y el crimen organizado atentan contra la libertad de
expresión, asesinando y amenazando periodistas”.

Recientemente el
director para las Américas de Reporteros sin Fronteras, Benoit Hervieu,
dijo en Chile que la violencia física contra los periodistas y la
elevada polarización política son las principales amenazas para la
libertad de información en el hemisferio.

Según informes de la Red
de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América
Latina y el Caribe, más de 74 periodistas han sido asesinados en el
hemisferio entre 2010 y 2012. En ese periodo solo en Honduras fueron
muertos 21 periodistas, aunque otras entidades afirman que han sido 35
las víctimas.

Reporteros sin Fronteras destaca en un documento que
en Brasil han sido asesinados tres periodistas, en Guatemala, otros dos
y en Haití, México, Paraguay, Perú y Ecuador, ha sido registrado un
asesinato por país en lo que va de año.

Situaciones extremas se
han presentado en México. Desde el año 2000 al presente han sido
asesinados 103 periodistas. En Brasil, desde 1992 a la actualidad, han
matado, según el Comité de Protección a los Periodistas, a 27
comunicadores, once de los cuales fueron muertos en los últimos tres
años.

En Colombia, una de las democracias más sólidas del
continente pero agitada por las narcoguerrillas y otros grupos
irregulares como los paramilitares, los periodistas han pagado una alta
cuota de sangre por defender su derecho a informar.

Una periodista
investigativa, Diana Calderón, reportó que entre 1993 y 2008, fueron
asesinados 127 periodistas, 57 de los cuales estaban vinculados a la
práctica profesional.

Otro informe del CPJ denunció el asesinato
de un voceador de un diario colombiano y el crimen de Edison Alberto
Molina, un abogado y político que conducía un programa en el que
denunciaba actos de corrupción gubernamental. Por su parte, Reporteros
sin Fronteras solicitó al gobierno colombiano protección para Gonzalo
Guillén, León Valencia y Ariel Ávila por planes de asesinatos en su
contra, a la vez que demandaba que se investigara judicialmente la
conspiración criminal de la que son víctimas los comunicadores.

Más
recientemente el Centro de Pensamiento Primero Colombia avisó sobre el
riesgo en que podría quedar el director del portal Periodismo Sin
Fronteras, Ricardo Puentes Melo, tras la decisión oficial de retirarle
el esquema de protección asignado por el gobierno, ya que Colombia desde
el año 2000 cuenta con un Programa de Protección a los Periodistas y
Comunicadores Sociales.

Según Primero Colombia, la organización
que dirige Puentes Melo ha hecho graves revelaciones de la conducción
política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y que por ello
le retiró la protección, situación que niega el director de la Unidad
Nacional de Protección, Andrés Villamizar, quien declaró que las medidas
se retiran cuando los estudios de un comité especializado señalan que
el riesgo ha desaparecido.

Sin embargo Puentes afirma que su
posición ideológica, las críticas al presidente Santos y en particular
la advertencia de que las FARC atentarían contra el ex presidente Álvaro
Uribe, determinaron el retiro de su protección.Afirma Jaime Mantilla en
su condición de presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa que
los Estados son los responsables de garantizar la seguridad y la
libertad de expresión, pero que muchos gobiernos no cumplen con sus
atribuciones constitucionales, mientras Reporteros sin Fronteras afirma
que “los esfuerzos de protección no servirán de nada si no existe un
dispositivo de lucha contra la impunidad a la altura de la situación
actual”, y recuerda que en los últimos tiempos se han multiplicado las
amenazas, los ataques y los atentados contra periodistas, y también
contra defensores de los derechos humanos, representantes sindicales y
activistas de las comunidades.

Lo anterior lleva a una conclusión.
Nuestras libertades y derechos están en peligro hasta en las
democracias, ¿qué vamos a hacer?

El autor es periodista de Radio Martí.