La revolución educativa de México y Brasil
Aunque la noticia no generó grandes titulares en
el resto del mundo, México y Brasil acaban de aprobar históricas
reformas educativas que —si se implementan tal como está planeado —
podrían ayudar a que los dos países más grandes de Latinoamérica
ingresen en el Primer Mundo en las próximas décadas.
Es cierto que las
nuevas leyes firmadas por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y
la presidenta brasileña Dilma Rousseff podrían diluirse a nivel estatal,
donde deberán ser implementadas. Pero representan el paso más
importante en más de cinco décadas para mejorar los pésimos estándares
educativos de la región.
Peña Nieto firmó el 10 de septiembre un
paquete de leyes educativas que introduce evaluaciones obligatorias a
los maestros, y reduce significativamente el poder del hasta ahora
todopoderoso sindicato docente del país.
Hasta ahora, según una
ley de 1963, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de
México, o SNTE, elegía el 50 por ciento de los docentes del país,
mientras el 50 por ciento restante era designado por el Estado. Esto
generaba un sistema corrupto en el que decenas de miles de maestros
recibían un sueldo sin ir a clase, y los maestros que se retiraban
podían vender sus empleos vitalicios, o se los dejaban como herencia a
sus hijos, sin ningún filtro.
La nueva ley, que está provocando
violentas protestas por parte de un sindicato radical disidente,
establece que tanto los nuevos maestros como los que están en funciones
deberán someterse a un examen nacional de evaluación. Los candidatos a
maestros tendrán dos oportunidades de aprobarlo para ser contratados, y
los maestros en ejercicio tendrán hasta tres oportunidades de aprobarlo
para poder seguir enseñando o ser ascendidos.
La reforma educativa
de México fue aprobada por el Congreso tras un creciente descontento
público por el hecho de que México permanentemente ocupa los últimos
puestos en los exámenes internacionales de estudiantes, como el test
PISA, de la Organización Económica Para la Cooperación y Desarrollo.
En
Brasil, Rousseff firmó el 9 de septiembre una ley que destina el 75 por
ciento de los ingresos petroleros a la educación, y el 25 por ciento
restante a la salud.
El Congreso brasileño había aprobado la
reforma en medio de manifestaciones callejeras de millones de personas
que exigían un mejor sistema educativo, en las que algunos manifestantes
sostenían pancartas que decían “Menos fútbol, más educación”.
Se
estima que, como resultado de los grandes descubrimientos petroleros
anunciados recientemente, la nueva ley inyectará más de $30,000 millones
en el sistema de educación pública de Brasil en los próximos 10 años.
Desafortunadamente,
otros países latinoamericanos, tales como Venezuela y Argentina, no han
invertido los ingresos de su bonanza económica de la última década en
mejorar la calidad de sus sistemas educativos.
En Venezuela, la
escuela pública ha decaído tanto que – ironías de la “revolución
Bolivariana” – hay un auge de la escuela privada. Mientras el número de
jóvenes que van a escuelas públicas cayó de 2.9 millones a 2.8 millones
en la última década, la población de las escuelas privadas aumentó de
486,000 a 613,000, según un estudio de la Universidad Católica Andrés
Bello de Venezuela.
Jeff Puryear, un experto en educación del
centro de estudios Diálogo Interamericano en Washington D.C., dice que
la nueva reforma educativa de México es “verdaderamente histórica”, y
que la nueva ley de Brasil podría tener gran impacto si está acompañada
por evaluaciones docentes y otras medidas de rendición de cuentas de los
maestros.
“La clave está en la implementación”, me dijo Puryear.
“Pero tanto las medidas de México como las de Brasil son un gran paso
adelante”.
Mi opinión: Estoy de acuerdo en que mucho dependerá de
cómo se implementarán estas leyes, pero la buena noticia es que hay una
creciente presión popular tanto en México como en Brasil para que se
mejore la calidad educativa.
En ambos países hay una mayor
conciencia que hace unos años de que Latinoamérica ocupa los últimos
puestos de las pruebas estudiantiles estandarizadas como el examen PISA.
Y la gente también es cada vez más consciente de que en la economía
global de hoy, la educación de calidad —más que los recursos naturales, o
el trabajo manual— es lo que hace que los países produzcan bienes más
sofisticados, y sean más prósperos.
Ahora, lo más importante será
que las sociedades civiles en México y Brasil mantengan la presión para
que sus gobiernos mejoren la calidad educativa, porque los políticos
tenderán a pensar que ya hicieron su labor al aprobar la ley, y estarán
tentados a ceder ante las protestas de los sectores más radicales y
retrógrados de los sindicatos docentes.
Si no hay presión social,
las reformas pueden diluirse. Las nuevas leyes de educación de México y
de Brasil son históricas, pero la batalla por mejorar la calidad
educativa recién empieza.
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