Argentina: Mirar para cuidar: empezar por la educación

Clarín

El 22 de mayo pasado la presidente Cristina Kirchner anunció la
puesta en marcha del plan Mirar para Cuidar: “Vamos a utilizar a la
fuerza de los movimientos políticos, sociales, juveniles para
desplegarlos en todo el territorio con la campaña que se va a llamar Mirar para Cuidar. ¿Mirar qué? Los precios. ¿Cuidar qué? El bolsillo del pueblo ”.

Según
Télam, en el marco de dicho plan, 1700 militantes del espacio
kirchnerista Unidos y Organizados distribuyeron en la CABA y en
localidades bonaerenses cerca de 500 mil folletos destinados a explicar
la importancia de estar mancomunados en el esfuerzo de cuidar los
bolsillos de todos los argentinos, de tal forma que los propios clientes
de los supermercados puedan ejercer el control sobre los precios
máximos establecidos y el adecuado abastecimiento de los 500 productos
incluidos en el listado. La Secretaria de Comercio clausuró
preventivamente cuatro supermercados por el desabastecimiento de
artículos incluidos en la dicha lista.

¡Qué asimetría! En nuestro país se
incentiva la participación ciudadana en el cuidado del bolsillo del
pueblo, pero se prohíbe su participación en el cuidado de la educación
que reciben sus hijos.

El artículo 97, de la Ley 26.206 de
Educación Nacional sancionada en 2006, establece que “la política de
difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones
resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones
educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

A modo de ejemplo, el pasado 8/5, el Ministro de Educación, Alberto
Sileoni, señaló respecto al Índice de Mejora de la Escuela Secundaria
Argentina, el cual se habrá de implementar a partir del segundo semestre
de este año, que “este índice no será ni competitivo ni punitivo, pero
servirá a las escuelas, a los directivos, al cuerpo docente, para
detectar en qué trabajar, qué reforzar y qué modificar.” ¿Y los padres? Invitados de piedra.

¿Quiénes
pueden tener más derechos qué los padres a conocer el nivel educativo
de las instituciones a las que concurren sus hijos, así como el de los
docentes encargados de su educación?

¿Por qué realizar una
campaña para que sean los mismos ciudadanos quienes ejerzan el control
sobre los precios y de tal forma que supuestamente cuiden el bolsillo de
todos los argentinos, y no permitirles ejercer un control similar sobre
las escuelas y sus cuerpos docentes y que de tal forma cuiden el nivel
de la educación recibida por sus hijos?

Restringir el acceso
de los padres a los resultados de evaluaciones educativas obliga a creer
ciegamente en la capacidad y la buena fe de aquellos encargados
circunstancialmente de dirigir la política del sector. ¿No es eso más
costoso que la posibilidad de cualquier estigmatización?

El autor es profesor De Economía, Universidad del CEMA.