Argentina: la República ya es un despojo

El Imparcial, Madrid

En su extenuante mensaje (de tres horas
y media de duración) con motivo de la apertura del período de sesiones
ordinarias del Congreso, la presidenta argentina anunció lo que será su
próximo paso en el proceso de destrucción paulatina de nuestro régimen
republicano. La emprenderá ahora contra el Poder Judicial, último
bastión que le queda por asaltar para hacer realidad una aspiración que
ya resulta imposible de encubrir: la de encarnar, en su sola persona, la
suma del poder público mediante la emancipación total de la autoridad
ejecutiva.

Es la lógica propia de un gobierno que nos condena a vivir en estado
de excepción al desbordar a diario los límites constitucionales. Lo
había adelantado la Procuradora General de la Nación al afirmar, en el
marco de una entrevista, que “la Justicia actual es ilegítima,
corporativa oscurantista y de lobbies aceitados”. En verdad, tanto estas
declaraciones como los dichos de la presidenta y su propuesta de
“democratizar” la justicia mediante (entre otras cosas) la elección
popular de los miembros del Consejo de la Magistratura (órgano que
propone y remueve a los magistrados), resultan cuando menos
sorprendentes teniendo en cuenta que aproximadamente el sesenta por
ciento de los jueces en actividad fueron designados durante una década
de gobierno kirchnerista, empezando por los integrantes de la Corte
Suprema, cuya composición actual es fruto de la determinación que en su
momento tuviera Néstor Kirchner de poner fin a la “mayoría automática”
que acompañara al ex presidente Menem.

¿Acaso quiere la presidenta recurrir de nuevo a artilugios prohijados
en esos años noventa que ella tanto ha demonizado? ¿Quiere tal vez
contar, ella también, con su propia “mayoría automática” en el máximo
tribunal? ¿Avala la presidenta que se diga que la Justicia actual es
“ilegítima”? Y si así fuera, ¿por qué no lo denunció antes? ¿Será
porque recientemente tropezó con algunas sentencias que obstaculizaron
sus planes hegemónicos? ¿Y qué decir de los jueces que, durante su
gobierno, le fueron sumisos o cedieron a sus presiones para terminar
desestimando serias denuncias de corrupción y grandes negociados.

Estos y otros interrogantes despierta el mentado proyecto de
“democratizar” la justicia. A estas alturas, no deberíamos
sorprendernos.