La ametralladora K causa estragos en la Argentina

 Que los K no tienen paz es una
realidad. Las usinas oficialistas tiran iniciativas como una ametralladora de
repetición. En los últimos meses nos revolearon con el voto a los 16 años; el
control de precios por 60 días/tiempo indeterminado; un misterioso acuerdo
judicial-extrajudicial con Irán; la expropiación de la Rural; una inquietante
reforma del Código Civil y campañas varias, la mayoría contra peronistas como
ellos más una especial, constante y recurrente apuntada al enemigo histórico
que Néstor eligiera tempranamente: Mauricio Macri.

Como
si esto no fuera suficiente, voceros reptantes del Ejecutivo, y no cualquiera
sino nada menos que la dupla Kunkel-Conti, volvieron a poner sobre la mesa dos
intenciones espeluznantemente kirchneristas: la reelección indefinida para la
jefa espiritual del movimiento (versión Siglo XXI) y el pago de ganancias para
que los miembros del Poder Judicial. 

En la
Argentina, ingenuos más equivocados suman una gruesa mayoría; eso y la actitud
implacable del kirchnerismo que no deja en proyecto un objetivo son las
principales razones que harán posible, pronto y rápido, la reforma de las
normas para que ambas iniciativas se conviertan en realidad.

El
tercer mandato de Cristina Kirchner no es un capricho. Es el eje de un modelo
político autoritario que hace agua sin la figura de un dictador. La historia
puede dar cuenta de eso y, aunque gracias a la evolución van siendo cada vez
más aislados, América Latina concentra todavía varios ejemplos. No será una
batalla sencilla para el oficialismo pero ya están lanzados y no hay registro
de que hayan abandonado un proyecto sólo por el desgaste que les
produjera. 

Zamparle
el pago del impuesto a las ganancias a los jueces será una victoria aún menos
complicada de conseguir para el oficialismo. Tienen a favor dos factores: la
ignorancia del público respecto del verdadero espíritu que los inspira y la
espontánea simpatía que provoca en gran parte de los argentinos la noticia
 de que van a sacarle a algún sector; al que no se pertenece, claro. En
una sociedad que ha entronizado el valor de la igualdad, siempre resulta grato
al oído popular aquello que suene a terminar con un supuesto
privilegio.  

Hablando
de Roma, oh casualidad, la procuradora general de la Nación, la kirchnerista
Alejandra Gils Carbó quien fuera elegida con el apoyo de la llamada "oposición",
ha salido a "bancar" el proyecto k para gravar a los magistrados con
ganancias y, además, se mostró a favor de que tengan un plazo en sus funciones.
Al grito de "ya que estamos…" dijo textualmente: "Sería uno de
los primeros pasos para que el magistrado se perciba como un ciudadano más y
comparta sus intereses. Los jueces se perciben como miembros de un sector
privilegiado y es algo contrario a la democratización"…"No puede
ser que en un futuro se tengan jueces de cien años". 

Después
de casi una década de peronismo K resulta casi un lugar común reprochar a los
miles de funcionarios beneficiados por el regimen esa alineación absoluta de la
que hacen gala, pero bien podrían agudizar el ingenio para evitar repetirse en
las palabras aunque más no fuera. Lucirían menos obvios. Sería imposible, aún
hasta para el explicador por antonomasia del kirchnerismo, Artemio López,
despegar las declaraciones de Gils Carbó del concepto presidencial de
"democratizar la justicia". La falta de independencia entre los
poderes del estado ha dejado de ser un papelón para pasar a ser un escándalo.

Aunque
el discurso populista adore pontificar sobre la igualdad, hay una mentira
machacada hasta el hartazgo: el juez no es "un ciudadano más" ni
debe serlo. Eso no implica privilegios sino, tal vez, hasta mayores
responsabilidades que un ciudadano cualquiera pero para ejercerlas con plenitud
y para que la sociedad pueda reclamarle por su probidad, es imperiosa su
independencia política y económica. Acá estriba la gran diferencia que aleja al
peronismo de la república: ellos quieren que los jueces sean uno más de ellos.

El
autor del proyecto no es precisamente el abuelo de Heidi y la intención no es
otra que la de disciplinar al escaso lote de jueces aún líberos. Como ya han probado
todos los mecanismos posibles y algunos siguen esquivos a las presiones
oficiales, saben que el pago de ganancias implicaría una drástica reducción de
sus ingresos y provocaría el alejamiento de la mayoría. Con la bandera de la
igualdad, además, neutralizan a la mal llamada "oposición" que, sin
prestigio suficiente para pelearle al oficialismo una medida populista, van a
callar e, inclusive, acompañar. 

Hay
quienes consideran que tal impuesto es inconstitucional. El artículo 110 de la
Constitución Nacional dice textualmente:  "Los jueces de la Corte
Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos
mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación
que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna,
mientras permaneciesen en sus funciones". ¿Será que el kirchnerismo tiene
una interpretación particular de la expresión "…en manera alguna"?
¿Les costará entender también la noción de estabilidad de los jueces, expresada
en el mismo artículo?  

Lo
cierto es que, si quisieran hacer efectiva la poda al ingreso de los jueces y
evitar a los centenarios (casi una alusión directa para el ministro Fayt)
deberían arrancar reformando la Constitución. Ojo, no es que no sean capaces ni
que les falten ganas.  

Este
blog no dialoga con las "corpo" y siente la obligación de alertar
sobre la mala fe de la política. Este proyecto es un caso típico: tan
"justo" suena el planteo que hasta el PRO y los radicales se anotaron
para salir en la foto. Los peronistas los vienen dejando afuera de tantos
"logros" igualitarios que éste no se lo quieren perder. Pero la
verdad es que los únicos perjudicados, casualmente, van a ser los magistrados
que no integran la "corpo" judicial. Como es inverosímil que la
"oposición" desconozca esta obviedad, se hace muy difícil entender su
alineación con el gobierno en esta nueva trampa, que implicará aún menos
independencia judicial.  Serían más útiles defendiendo estas causas que
apuntan directo al corazón de la libertad individual en lugar de tanta
recorrida por los estudios de televisión, mostrándose indignados con un régimen
con el cual terminan pactando.

María Zaldivar es Licenciada en Ciencias Políticas (UCA) y periodista.

www.mariazaldivar.net