Sin tregua en Venezuela: grave acto de censura a un canal opositor

Ambito.com

El
grave de estado de salud de Hugo Chávez llena de zozobra a Venezuela y a
la región, y obliga a dejar en un impasse el comienzo del nuevo mandato
presidencial. En este contexto, el canal opositor Globovisión está siendo
sometido a una acción de censura directa, con ribetes insólitos, en represalia
por mensajes que ni se asoman al tono golpista disparado desde esa misma
emisora en otras oportunidades.

La
Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) abrió el
miércoles un expediente contra Globovisión, bajo la presunción de que cuatro
informes vulneraron la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y
Medios Electrónicos (Resorte). En concreto, el ente regulador le imputa a la
emisora «incitar al odio y la intolerancia por razones políticas, alterar el
orden público, fomentar zozobra en la ciudadanía y desconocer a las autoridades
legítimamente elegidas».

Se
podría dejar pasar el hecho de que la acusación de Conatel se haya disparado
horas después de que la reclamara el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado
Cabello. A la hora del siempre delicado control de contenidos, no es un
buen indicador que los organismos regulatorios de la comunicación obedezcan tan
directamente a las órdenes del poder político.

Pasemos
entonces a la acusación concreta. El texto (disponible en www.conatel.gob.ve)
describe cuatro micros emitidos por Globovisión en los que aparecen artículos
de la Constitución venezolana que refieren a la asunción presidencial, y juegan
con la voz de Chávez diciendo «dentro de la Constitución, todo; fuera de
ella, nada». Algún eco, algún resaltador al estilo de 678 o del noticiero
de Canal 13 de Buenos Aires, algún signo de pregunta y un puñado de imágenes de
archivo. Eso es todo lo que le permite al Gobierno chavista presumir que la
emisora de Zuloaga se está alzando contra la democracia.

La
pena prevista en la ley Resorte abarca multas de hasta el 10% de los ingresos
del canal y la suspensión de la transmisión por 72 horas. Por lo pronto,
mientras Conatel estudia el caso, ya dispuso que Globovisión no puede emitir
los cuatro micros. Es decir, la censura ya se está llevando a cabo.

La
falta de apego a las reglas del pluralismo en el sistema de medios de Venezuela
tiene una historia, en la que la primera piedra fue arrojada por casi todas las
organizaciones periodísticas privadas no bien asumió Chávez la Presidencia, en
1999. Los canales Globovisión, RCTV, Venevisión y Televén; los diarios El
Universal y El Nacional; por citar las marcas más emblemáticas, no sólo
incitaron al golpe de Estado de 2002 sino que varios de sus referentes pusieron
nombres y apellidos al efímero Gobierno de facto que encabezó Pedro Carmona.

No todo quedó allí. Varios años más tarde, algunos canales privados, empezando
por Globovisión, persistían en los mensajes antidemocráticos y/o en llamados
poco sutiles al asesinato del presidente («cuidate Hugo, vas a terminar como
Mussolini, colgado y con la cabeza paabajo», en Globovisión, 2008). A RCTV, el
canal líder, sus excesos le costaron la no renovación de la licencia en 2007,
mientras otros medios pedían auxilio financiero al Departamento de Estado.

Lógica bélica

Once
años pasaron desde el frustrado golpe de 2002. Chávez tuvo tiempo para
potenciar el canal público Venezolana de Televisión, crear Telesur, instalar
Televisora Venezolana Social en el lugar de RCTV, pasar a manejar la estación
del Canal Metropolitano de Caracas e inaugurar Vive en el cable. Además, el
Gobierno activó una red de emisoras comunitarias y puso en marcha medios
gráficos estatales.

Es decir, hace ya muchos años que no se trata de un Gobierno venezolano
arrinconado por medios golpistas. De hecho, no existe en Venezuela un
multimedios poderoso, a la vez que actor político, con intereses en todos los
campos de la comunicación. En cambio, se configuró una lógica bélica, a
favor y en contra de Chávez, que pocas empresas periodísticas eligieron eludir.

Esa
guerra no es pareja. El Gobierno chavista, además de haber dotado a los medios
públicos de indudable tono partidista, cuenta con herramientas legales tan
arbitrarias como las que le otorga la ley Resorte, que regula contenidos.
Ello es más que el apoyo que puedan dar el Departamento de Estado
norteamericano y las empresas venezolanas o extranjeras a los medios privados y
a las ONG que afirman luchar por la libertad de prensa.

Todo
lo expuesto configura un escenario que debería despabilar a oficialistas y
opositores argentinos. A los primeros, para no ligar su propia ley de medios,
que no regula contenidos, a un proceso con visos poco democráticos, y a los
segundos, para evitar paralelismos que no toleran la más mínima constatación.