España: Hacia un régimen tributario populista del miedo

Instituto Juan de Mariana

El ministro Cristóbal Montoro ha amenazado con publicar listas con
los nombres de grandes defraudadores. Por supuesto, no han faltado
voces, tanto en la derecha como en la izquierda, que se han mostrado
partidarias de la medida. Ha habido incluso quien ha dicho que "tengo
derecho a saber quién me debe dinero". El autor de dicha frase se ha
tragado esa idea que nos vendían hace años en un anuncio gubernamental
de que "Hacienda somos todos", cuando no es así.

La Agencia Tributaria es el organismo recaudador que nos esquilma a
todos para alimentar económicamente a un Estado sobredimensionado que
tampoco somos todos, aunque se imponga sobre todos los ciudadanos. Si al
final Montoro, con el visto bueno de Rajoy, cumple su amenaza de sacar
esas listas, no lo hará por el inexistente derecho de los demás
ciudadanos a saber quién les debe un dinero que a ellos no les es
adeudado. Lo hará para incrementar la eficiencia recaudatoria del Estado
mediante la imposición de un régimen tributario de corte populista
basado en la extensión del miedo a la "ira popular".

De hecho, ese sistema ya está funcionando con la entrada de los
funcionarios de Hacienda, en plan 'Los intocables de Eliot Ness', en
restaurantes en plena hora de comida para embargar todo lo embargable.
Se busca el efectismo mediático con el fin de infundir en los
potenciales defraudadores el pavor a sufrir la vergüenza pública.

En el caso de que se pudiera incluir a alguien en el listado de
Montoro incluso antes de que hubiera concluido la preceptiva
investigación y se hubiera aprobado una sanción, los allí señalados
quedarían condenados ante la opinión pública incluso aunque después se
demostrara su total inocencia. Si, por el contrario, se incluye tan sólo
a quienes ya han sido sancionados o condenados (en caso de que hubiera
delito), se estaría imponiendo un doble castigo que no se admite en
otros casos.

¿Publica el Gobierno listas de los condenados, por ejemplo, por robos
contra la propiedad privada o por otro tipo de delitos? En absoluto. Es
más, cuando ha habido alguna propuesta referida a delitos especialmente
repugnantes, como la violencia sexual, se ha vetado con el argumento de
que el reo quedaría marcado incluso después de cumplir su pena. No
existe motivo alguno para que con los defraudadores sea diferente. No al
menos para aquellos que no piensan en cosa distinta que aumentar los
ingresos del Estado a costa de los ciudadanos y sus derechos básicos.

Las listas de Montoro tienen, además, un peligro añadido. Ofrecerían
una información privilegiada para las organizaciones de criminales que
buscaran personas a las que secuestrar para pedir un abultado rescate.
Los potenciales secuestradores pensarán, con lógica, que quienes
aparecen en el listado tienen mucho dinero. La seguridad de muchas
personas correría un mayor peligro tan sólo para que el ministro de
Hacienda sienta que está haciendo algo por ingresar más dinero.

El Estado cruza muchos límites a la hora de poner en marcha su
maquinaria recaudatoria. Pensemos que, en España, la Policía necesita
una orden judicial para acceder a las cuentas bancarias de aquellos a
los que investiga, mientras que Hacienda puede fisgar en ellas sin
problema ni límite alguno. Eso ya es excesivo, pero los listados serían
un paso especialmente grave. Constatarían la imposición de un régimen
tributario basado en el miedo del que sería difícil salir.

Y que nadie se llame a engaño. Empezaría poniéndose en esas listas de
la vergüenza a los grandes defraudadores, pero terminarían figurando en
ellas quienes algún día olvidaran pagar unos pocos euros de alguno de
los muchos tributos con los que nos esquilman. Nadie, excepto los
políticos que controlan la maquinaria, quedaría a salvo.