Santa Cruz, ¿la Cataluña de Bolivia?

Madrid. – El desarrollo de la
crisis económica de España acaba de marcar en noviembre dos puntos muy
importantes para Bolivia, cuando el nuevo esquema del Estado autonómico
boliviano supone ser el más próximo al español, y cuando España apunta a la
reforma autonómica y constitucional como parte del diagnóstico de su crisis:
Mariano Rajoy cumple un año como Presidente de Gobierno y la renovada
aspiración independentista catalana que en la imagen de Artur Mas aprovecha del
agravamiento de la crisis, recibe un duro revés. ¿Bolivia advierte lo que hoy
parece ser un evento altamente improbable, pero que de ocurrir podría tener
efectos desastrosos si la crisis llega eventualmente?

El primer punto es que en
el primer año de mandato de Mariano Rajoy la crisis solamente ha empeorado. La
administración del Partido Popular ha argumentado mayores dificultades para
tratar la crisis que sigue a Grecia, Irlanda y Portugal, porque resultó haber
un déficit fiscal mayor al reportado por el anterior gobierno socialista, y
entonces rompió la promesa de no financiar aquel déficit mediante el
incrementos de impuestos, tal y como lo había estando haciendo la
administración previa. Además, incurre en todavía tímidos recortes para salir
de la crisis y se resiste al rescate o la intervención de la troika no por
principios de soberanía, sino porque implicaría adoptar reformas estructurales
dolorosas pero necesarias e impostergables para honrar deudas.

El segundo punto es la
renovada aspiración independentista catalana que a medida que la crisis
española se agrava, parecía haberse fortalecido cuando Cataluña presentaba el
argumento de ser la comunidad que más aporta pero la que menos recibe. Hoy
Cataluña es la comunidad más endeudada de España, está en la bancarrota y ha
solicitado a Madrid la ayuda de más de 5.000 millones de euros, mientras al
mismo tiempo pretende separarse de España convencida de que además podría
seguir permaneciendo dentro del euro y la Unión Europea. No obstante, el
proyecto de Artur Mas, al no ser más que el reemplazo de un nacionalismo de
derechas (o de izquierdas, da lo mismo) por otro igual en el territorio
catalán, ahora podría presentar cada vez menores posibilidades de conseguir
pronto la independencia que antes de las elecciones autonómicas del pasado 25
de noviembre.

Bien. Para quienes la
crisis económica de España y en particular la que tiene con el independentismo
catalán no resulta suficientemente evidente para Bolivia, las autonomías departamentales
podrían convertirse en aquella auténtica bomba de tiempo que en su momento
fueron las Comunidades Autonómicas que nadie o muy pocos advirtieron hasta que
simplemente reventó, pero al ser Santa Cruz la abanderada del movimiento
autonómico e incluso independentista de Bolivia, la analogía con Cataluña no
sólo cobra mucho mayor sentido, sino que ésta podría ser el auténtico recuerdo
español del futuro boliviano.

Santa Cruz no sólo es la
región autónoma que mayor contribución fiscal y menor coparticipación
tributaria representa, es el departamento cuya cartera de créditos es la que en
toda Bolivia se encuentra más orientada al sector productivo e inmobiliario en
particular, con los riesgos que esto implica si acaso fuese el exceso de
crédito y no la falta del mismo lo que desencadena una burbuja económica.
Además, es el departamento cuya economía concentra la mayoría de créditos
cuando La Paz es la que concentra la mayoría de los depósitos. Por todo esto e
incluso más, en caso de una eventual bancarrota cruceña, esta tomaría la forma
más próxima a la catalana.

En caso de que la crisis
económica eventualmente llegase a Bolivia y el Gobierno Central aplicase una
liberticida huida hacia adelante en vez de realizar ajustes y reformas
estructurales, para que Santa Cruz se proteja de este proceso de
empobrecimiento y no caiga en la tentación nacionalista de simplemente
remplazar una institucionalidad de coacción sistemática (la de Plaza Murillo)
por otra (la de la Plaza 24 de Septiembre), debe trascender de la consolidación
del principio de subsidiariedad de la Ley de Participación Popular de 1994, al
legítimo derecho de secesión, esto es, de limitar el poder estatal al nivel
mínimo y que al mismo tiempo todo asunto público deba ser resuelto por la autoridad
más próxima al objeto del problema, a la construcción de una nueva organización
competitiva de adscripción voluntaria en cuanto a la definición y defensa de
los derechos de propiedad, como único mecanismo para evitar que las mayorías
coaccionen contra las minorías: la libre determinación, el libre comercio, el
principio de libre migración y una moneda única no intervenida.

El autor es economista.

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