Argentina: El fracaso del Estado empresario

Diario Rio Negro – Fundación Progreso y
Libertad

Días atrás en
este diario se publicó una noticia en la cual se hizo referencia a que el
déficit de las empresas públicas se aceleró en el último bimestre y trepó al
130% entre enero y agosto del 2012 respecto del mismo período del año pasado.
Pero lo que llama la atención, más allá de este dato, es que a pesar de que la
historia económica argentina es contundente en los ejemplos que muestran los
fracasos del Estado empresario, la idea de crear nuevas empresas públicas o
mantener las ya existentes sigue vigente en la clase política dirigente, según
se desprende de declaraciones y discursos de amplios sectores del oficialismo,
parte de la oposición y varios gobernadores o diputados provinciales.

Para empezar,
son varios los argumentos ideológicos que intentan justificar la necesidad de
crear empresas a cargo del Estado, pero lo cierto es que no son nuevos; a lo
sumo, aggiornados a estos tiempos. Se suele mencionar que es necesario que el
Estado financie la creación de empresas con fondos públicos, cuando los capitales
del sector privado no puedan o no quieran realizar algún emprendimiento que el
gobierno considerase "estratégico" –ya aclararemos el significado de
este término– para el desarrollo del país. Pero lo cierto es que no hay tal
cosa como capitales del sector público y del sector privado: todos son de
origen privado, el Estado no cuenta con recursos propios, los extrae siempre de
los particulares. En todo caso, esa incapacidad nunca se debió a la mala
voluntad del sector privado sino a que el creciente estatismo impedía el
crecimiento de un mercado crediticio bien desarrollado y una legislación que
defendiese la propiedad privada y el cálculo a largo plazo. Estas
transgresiones a los derechos de propiedad de la ciudadanía incluyen, aunque no
se agotan acá, la nacionalización de depósitos del peronismo en 1943, 1975 y
1989 (Plan Bonex), en el 2001 la confiscación de los fondos de las AFJP por
parte del Estado, que las presionó a comprar bonos soberanos argentinos para
luego entrar en cesación de pagos licuando su valor, y finalmente, en el 2008,
la estatización de las AFJP, que pasaron a la órbita de la Anses.

En referencia
al argumento que sostiene la necesidad de buscar a través de estas empresas
públicas el desarrollo de "sectores estratégicos", es bueno recordar
que cuando los líderes europeos de izquierda y derecha, fueran Clement Attlee o
Charles de Gaulle, estatizaban el carbón, el acero o los ferrocarriles y decían
que eran industrias estratégicas, no lo decían en un sentido metafórico sino
militar. Europa venía de pasar por dos guerras mundiales. De guerras de
ocupación en las que el control de las comunicaciones, las vías férreas, los
puertos y la producción de acero, todo eso, hacía, dadas las circunstancias, a
la defensa nacional. Luego, aquí, se ha repetido durante muchos años que Gas
del Estado, YPF, Entel o Aerolíneas Argentinas, por nombrar algunas, son
empresas estratégicas, pero si uno desafía a alguien a explicar por qué lo son
no sabe fundamentarlo o por qué el acero y no los alimentos, por ejemplo.

Las provincias
de Neuquén y Río Negro no están exentas de esta tentación ya que no sólo gran
parte de la dirigencia provincial en ambas provincias comparte el mismo
diagnóstico respecto de la necesidad de mantener muchas de sus empresas
públicas bajo su administración o crear nuevas empresas
"estratégicas" sino que, en general, en la población y en la clase
política existe la idea de que como consecuencia de que ambos territorios
provinciales tienen petróleo, gas y agua en abundancia son provincias ricas,
pero lo que se suele mencionar como riqueza no es tal cosa, son sólo recursos
naturales. En realidad, sólo el trabajo y el capital transforman los recursos
naturales en riqueza. Toda esta confusión hace que todo se limite a un problema
de una equitativa o justa distribución del ingreso.

De lo dicho, el
estatismo sostiene que el Estado debe manejar esos recursos para distribuirlos
y esa confusión entre riqueza y recursos nos ha llevado a políticas públicas
que no estimulan la inversión, destruyen el ahorro y promueven sistemas
impositivos confiscatorios. Todos quieren parte de esa riqueza que aún no
existe y quienes tengan mayor capacidad de organización serán quienes obtendrán
la mayor parte de esos recursos. Al respecto, es bueno recordar a Mancur Olson,
quien sostiene que "las organizaciones para la acción colectiva están
preponderantemente orientadas a la lucha por la distribución de la renta y no
al aumento de la producción en su conjunto".

En el contexto
de ausencia de límites reales al poder del Estado, diferentes grupos
–políticos, empresarios prebendarios, sindicalistas cerca del poder– buscarán
aprovechar esta permeabilidad para "capturarlo" en su beneficio
particular. En términos de Mancur Olson el Estado es tomado por "coaliciones
de distribución" que le dan forma a través de un complejo proceso de
negociación entre los distintos actores. De esta forma, los ciudadanos
dispersos no pueden hacer mucho para competir contra la poderosa "acción
colectiva" de estos actores.

El desafío es
complejo porque es mucho más fácil hacer creer que, en nombre de la justicia
social, se repartirá la riqueza que no existe y se logrará la prosperidad de
todos. Es un concepto erróneo creer que la riqueza ya está creada y que sólo
falta distribuirla; este pensamiento es propio del patrimonialismo medieval,
visión para la cual una persona no debe su prosperidad a su trabajo innovador
sino a la concesión del gobernante de turno. Es imperioso cambiar estos
paradigmas donde se pretende vivir sin producir, vivir a costa de lo que
producen los otros, o donde la única competencia existente es para ver quién
logra la simpatía de los funcionarios de turno. Por lo tanto, de no modificarse
el panorama no puede surgir otra cosa que un conflicto social permanente y
recurrentes crisis económicas.

El autor es Licenciado en
Relaciones Internacionales.