El Salvador: Reglas fiscales, sin cláusulas de escape

En un entorno con dificultades para pagar salarios a los agentes de
la policía, y donde el director de Protección Civil declara estar
"llegando al límite de los recursos disponibles para la ejecución del
plan de combate al dengue" (EDH, 22/Sept, pág. 10), la discusión sobre
los temas fiscales deja de ser un mero ejercicio intelectual para
transformarse en uno de absoluta urgencia.

Debería dejar de ser,
asimismo, una discusión miserablemente politiquera: la alternativa de
dejarle el camino allanado a la delincuencia y a la enfermedad sólo
podría caber en mentes delictivas. O enfermas.

Se trata de
políticas públicas. Y si quienes circunstancialmente están administrando
el Estado, tanto Ejecutivo como Legislativo, no avanzan con la
celeridad necesaria, existen mecanismos para que la ciudadanía pueda
ejercer presión. Los tanques de pensamiento, por ejemplo.

Porque
el problema fiscal no es sólo del Gobierno de turno, que puede gustar o
no, sino del Estado. Que no es de turno. Y cuyos desbalances el
contribuyente siempre termina pagando (con dinero y/o con falta de
servicios…), independientemente de los turnos gubernamentales. Historia
conocida en América Latina.

En ese sentido van las conversaciones y
propuestas desarrolladas paralelamente por Funde y Fusades sobre la
necesidad de institucionalizar la responsabilidad fiscal.

En
particular, es oportuno el impulso a una política de responsabilidad
fiscal, quizás como paso previo al objetivo de fondo que debiera ser un
pacto fiscal entre los principales partidos políticos.

Se trata de
enmarcar el comportamiento del gobernante (y del legislador…) de turno
dentro de "reglas cuantitativas": límites al déficit fiscal, límites a
la deuda pública, límites al gasto corriente total, y techos parciales a
cada ítem del gasto.

Y enmarcarlos también dentro de "reglas de
procedimientos": existencia de transparencia en el gasto, y de
presupuestos adecuadamente financiados. Esas cosas que suelen brillar
por su ausencia en nuestros barrios latinos. Y que complican el pago de
salarios a la policía y el combate al dengue. Nada menos.

Por
supuesto que adoptar nombres bonitos como "estabilización" o "fomento
económico" no dice demasiado: precisamente uno de los impuestos que
actualmente se paga al cargar gasolina tiene el pomposo nombre de "Fondo
de Estabilización y Fomento Económico" (FEFE).

Es el mal llamado
impuesto "de guerra", pues desde hace años los aproximadamente US$ 24
millones anuales recaudados se utilizan para el subsidio al gas propano.
El impuesto se había suspendido el año pasado pero se tuvo que retomar
en 2012, porque los asesores que habían calculado la "racionalización"
del gas propano no entendían mucho de combustibles. Y tampoco de hacer
cuentas.

Pero lo que no parece saludable es aceptar "cláusulas de
escape" a las reglas fiscales, permitiendo "una salida" ante la
presencia de "eventos inesperados".

Al argumento que "sólo la
mitad" de los países que operaban bajo reglas fiscales fueron capaces de
respetarlas durante la crisis financiera de 2008-2009, pudiera
respondérsele que "nada menos que la otra mitad" sí fue capaz de
respetar las reglas fiscales existentes, incluso ante la peor crisis
financiera en 80 años.

Es ingenuo pensar que el gobernante (y el
legislador…) de turno carecerán de la creatividad para convertir a
cualquier lluviecita en un "evento inesperado"…

Finalmente, es
indudable que no sería esperable que el presupuesto planteado por un
partido de izquierda, coincida exactamente con el planteado por uno de
derecha. No porque las finanzas públicas tengan signo político…, sino
porque la ideología naturalmente se refleja en diferentes concepciones
sobre las funciones del Estado.

Ello no significa que izquierda y derecha no puedan entenderse. Sería una declaración de torpeza de ambas partes. Una más.

La
discusión, totalmente válida, entre un Estado grande y uno chico no
debiera confundirse con otra discusión, totalmente ingenua, entre un
Estado fuerte y uno débil.

El Estado tiene que ser fuerte para
poder hacer cumplir las leyes, lo cual no implica que deba ser grande.
Pero nunca debe ser débil: un Estado débil sólo sirve a los
delincuentes.

Hasta la próxima.

El autor es Ingeniero, Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y columnista de El Diario de Hoy.