Nuestro cuerpo no le pertenece al Estado

El
Instituto Independiente

El
avasallamiento del Estado sobre las libertades y las posesiones de los
individuos, está avanzando a pasos agigantados. Cada nueva conquista del poder
político en su ímpetu totalitario, cada vez que los ciudadanos –por omisión o
falta de valor- ceden sus derechos más preciados, estamos avanzando un paso más
hacia el infierno.

Siempre
existen buenas excusas para el cercenamiento de un derecho individual. Es por
esa razón que se los considera “inherentes” e 
“inalienables”. Es para que exista una barrera infranqueable al accionar
de los gobernantes. Es irrelevante que quienes pretenden imponer una norma
liberticida, y utilizar para sus propios fines a un ser humano sean los
legisladores, ministros, reyes o presidentes democráticamente elegidos. Eso no
los faculta a obviar principios jurídicos que deberían ser  sagrados, en un Estado de Derecho.

Según
el diccionario de la Real Academia Española, “inherente” significa, “que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se
puede separar de ello”.  Un
derecho individual (a la vida, libertad y propiedad)  son “inherentes”, con el fin de asegurar la
dignidad de cada persona, más allá de las circunstancias particulares por las
que pueda estar atravesando una nación.

Que
sean “inalienables”, significa que son anteriores a la constitución de
cualquier Estado o gobierno. Esos derechos, no son concesiones “graciosas” de
los gobernantes, y que por tanto, pueden arrebatárnoslo en cuanto se les
antoje. No señores, significa que no les pertenecen y que nunca les
pertenecieron. En consecuencia, nadie pude disponer de lo que no es suyo.

El
caso concreto que nos provoca tanta indignación, es la reciente aprobación de
una nueva ley  de donación de órganos.  En su artículo 1 expresa, que “siempre que
estando en vida una persona mayor de edad no haya expresado su oposición a ser
donante (…) se presumirá que ha consentido a la ablación de sus órganos,
tejidos y células en caso de muerte, con fines terapéuticos o científicos”.

Dicha
norma, que entrará en vigencia en 2013, modifica el principio que hasta ahora ha
regido: para ser donante, la persona debía manifestar en forma expresa su
voluntad de serlo. En cambio, de ahora en adelante, regirá una regla que viola
los más elementales principios de derecho: aquel que no exprese su negativa
mediante engorrosos trámites burocráticos, será considerado que “tácitamente”,
ha otorgado su consentimiento. Es importante destacar, que representantes de
todos los partidos han votado esta ley.

Sería
positivo que los legisladores uruguayos, siguiendo a la ética de Kant,
aplicasen el imperativo categórico al principio que han puesto en vigor, que
pasaría a quedar así: “Se convertirá en ley universal, que aquel que no
manifieste mediante trámites burocráticos su negativa a algo, tácitamente ha
dado su consentimiento”.  Un horror, ¿no?

Consciente
o inconscientemente, la mayoría de nuestros gobernantes considera que en
realidad, todas nuestras posesiones les pertenecen al Estado. Así lo dejan
traslucir mediante esta ley que han aprobado. Porque, acaso, ¿no es nuestro
cuerpo nuestra pertenencia más valiosa? Cuando John Locke fundamentó su teoría
de los derechos individuales, fue, entre otras cosas, para ponerle fin a la
práctica que era habitual (y aún sigue siendo en algunos países musulmanes) de
la amputación de órganos o miembros, como forma de castigo.

El
régimen nazi hizo estremecer a la humanidad, cuando se supo bajo qué
condiciones realizaba ciertas investigaciones  médicas. El régimen soviético o cualquier otro
totalitarismo, dio muestras en el mismo sentido, del total desprecio por el
cuerpo y la vida humana. A raíz de todas esas experiencias, se impuso mundialmente
la regla de Derecho, de que es imperioso el consentimiento claro de una persona
(o de sus familiares más cercanos) para participar- del modo en que sea- en
investigaciones médicas.

Uno
de los principales impulsores de esta ley, fue el senador nacionalista Sergio
Abreu. En declaraciones a la prensa expresó, que lo que se busca es que Uruguay
logre la autosuficiencia, mediante el aumento de la donación de órganos de
personas fallecidas. Explicó que se intenta fomentar la “solidaridad”, al
tiempo que respetar la voluntad del donante. "El ciudadano siempre hace
prevalecer su voluntad. Por tanto, en este caso la interpretación del silencio,
el no pronunciarse en vida, significa el ‘consentimiento presunto’ (…) Así se
ayuda a tener más disposición de órganos en función de las necesidades que
tiene el país".

En
una palabra, las personas, sus cuerpos, están “a disposición” de las
necesidades del “país”. El concepto “país” queda aún más turbio, cuando se sabe
que entre los legisladores que votaron afirmativamente, hay quienes tienen
familiares en lista de espera para órganos. Además, resulta muy ilustrativo de
la forma de pensar del poder político, su concepto de “solidaridad”.
¿Solidaridad coercitiva? ¿Solidaridad, avasallando los derechos civiles?
¿Solidaridad, desplazando a los familiares más cercanos en la toma de
decisiones tan delicadas?

Además
de lo expuesto, aún está muy fresca en la memoria de todos, el tema de los
“ángeles de la muerte” criollos. Fueron muchas las cosas que salieron a la luz
entonces, con respecto al funcionamiento de nuestro sistema de salud. Cuando
todos pasamos a ser donantes potenciales, cuando el Estado o el sistema, va a
disponer de una cuantiosa “cantera” de cuerpos (donde además se sabrá qué tipo
de sangre es cada uno, si hay compatibilidad o no, con algún ser querido que
esté en la lista de espera), ¿qué garantías o seguridad podremos tener, ante la
muerte “imprevista” de alguien a quien amamos?

Frente
a los problemas sociales, la mejor solución siempre ha sido la de respetar los
derechos individuales. En una república democrática, el principio que rige con
respecto al individuo, es la libertad. Su único límite, es respetar el derecho
del otro. En cambio, la norma que regula el accionar de las autoridades, es el
de poderes “enumerados”.

Nadie
tiene derecho a disponer del cuerpo de los demás, ni en vida ni en muerte.
Cuando alguien muere, todas sus pertenencias –incluido su cuerpo- pasan a
pertenecer a sus herederos. Los cuerpos de los muertos también son dignos de
respeto, tal como lo demuestran los ritos funerarios que han practicado todas
las culturas desde tiempos ancestrales.

Si
hay un problema de falta de órganos en el país, en vez de recurrir a la “fácil”
de inventar una ley que va en contra del derecho natural, y por ende,  es injusta y opresiva, que los legisladores
se pongan a trabajar haciendo campaña a favor. Traten de persuadir en un ámbito
de respeto. Den garantías al hombre común y faciliten que la gente pueda dar su
consentimiento, libre de coacción o amenazas.

Nos
duele la gente que tiene seres queridos, que necesitan un trasplante de órgano
para salvarle o mejorar su calidad de vida. Sin duda, es una situación límite.
Pero la solución legislativa, el recurrir a la fuerza (que por más eufemismos
que utilicen para limpiar la conciencia, eso es) no es el camino adecuado, y
provocará más males que lo que pretende subsanar.