Las medidas cautelares contra el “Obamacare”: ¿Guerra contra las mujeres?
HuffPost's – El Instituto Independiente
La clausula sobre la cobertura obligatoria de la anticoncepción de la Ley de Asistencia Asequible y Protección al Paciente (u “Obamacare”) entró en vigor este mes con poca fanfarria, y probablemente continuará recibiendo poca atención durante algún tiempo, igual que los derechos adquiridos de las políticas existentes, así como también las numerosas excepciones a sus disposiciones hacen que diste mucho de ser universal e igualmente que esté lejos de una verdadera resolución.
La norma establece que eventualmente todos los planes de seguros pagarán la totalidad de los costos de toda la cobertura anticonceptiva: todos los medicamentos, dispositivos y procedimientos, incluyendo el costo de pastillas anticonceptivas, inyecciones, insertos vaginales, medicamentos abortivos, y procedimientos de esterilización — sin cargo para el asegurado. No hay aumento de las primas, no hay copagos, ni deducibles ni ningún otro costo atenuante.
Cuando la disposición fue conocida por primera vez a principios de este año, provocó una tremenda indignación sobre todo por parte de los empleadores religiosos, que objetaron tener que pagar por bienes y servicios contrarios a sus creencias religiosas. Los partidarios de la norma respondieron que ellos no tendrían que pagar dado que las compañías de seguros están legalmente obligadas a afrontar el costo en su totalidad. Sin embargo, la mayor parte de las agrupaciones religiosas más grandes se auto-aseguran, lo que significa que pagan los costos del cuidado de la salud de sus empleados con recursos internos separados para ese fin, y por ende han obtenido una exención temporal de la norma mientras ella se somete a revisión legal.
Este problema se intensificó en las últimas semanas, cuando un fabricante privado de equipos de climatización propiedad de una familia católica, que también se auto-asegura, obtuvo a su favor una medida cautelar temporal de un juez de distrito de los EE.UU. en contra de tener que cumplir con la norma del 1 de agosto.
Los partidarios de la disposición han enmarcado esta acción como una “Guerra contra las Mujeres”. ¿Lo es?
Las feministas estadounidenses modernas podrían sorprenderse al enterarse que la lucha por los derechos de las mujeres fue primariamente liderada por cristianas. En la investigación recogida en el libro del Independent Institute, Freedom, Feminism, and the State, las principales analistas políticas examinan las enseñanzas cristianas de la igualdad y el equitativo legado de los derechos inalienables para cada individuo. Estos fueron los principios a los que apelaron las mujeres cuando encabezaron el movimiento abolicionista, y más tarde en la lucha por la igualdad de derechos para las mujeres que siguió a la Guerra Civil.
Avanzamos rápidamente 120 años, y vemos que los sueños de nuestras antepasadas han sido ampliamente alcanzados. Sin embargo, hay un creciente cisma dentro del movimiento feminista entre aquellas que ven a los derechos naturales como inherentes e inalienables y aquellas que buscan la concesión gubernamental de iguales derechos para las mujeres.
¿Esta última postura a caso no cambia simplemente al marido o al padre por el Estado como el “protector” de las mujeres? La feminista Jean Bethke Elshtain advirtió, en la edición de abril de 1982 de Democracy:
Para las feministas descubrir en el Estado el nuevo 'Sr. Correcto', y casarse, para bien o para mal, con una identidad pública inseparable de las exigencias del poder estatal y la política sería un error.
La preocupación de Elshtain está ejemplificada en la cobertura obligatoria universal que anula las opciones individuales de las mujeres e invita al Estado a ingresar en los consultorios de sus médicos — donde no tiene nada que hacer.
En Priceless: Curing the Healthcare Crisis, el Investigador Asociado y escritor del Independent Institute John C. Goodman sugiere que esta tendencia podría revertirse, ofreciendo alternativamente igualdad en el tratamiento fiscal, sin considerar dónde se obtiene el seguro, la libertad de elección en la compra del seguro, y la capacidad del individuo para poseer su propia póliza de seguro, con independencia de su continuidad en el empleo de un determinado empleador.
De hecho, las mujeres ya están viendo la evidencia de la invasiva postura partidista detrás del tema, dado que la entrada en vigor en agosto de la norma dio la bienvenida a la autoridad de los políticos sobre el cuidado de la salud de las mujeres.
El alcalde de Nueva York Michael Bloomberg es ahora un autoproclamado zar de la lactancia, exigiendo que los hospitales de Nueva York dejen de distribuir muestras gratis de leche maternizada y biberones tradicionalmente suministrados a las nuevas madres. Además, “a cualquier madre que solicite leche maternizada se le dará una conferencia sobre por qué el amamantamiento es mejor por parte de personal del hospital”.
Soy una admiradora de la Liga de la Leche, y aplaudo el excelente y voluntario apoyo que proporcionan para ayudar a las mujeres y los bebés en la difusión de la práctica del amamantamiento. Sin embargo, no todas las madres pueden naturalmente proporcionar suficiente leche materna para su bebé, y al parecer el Sr. Bloomberg ignora este hecho. Incluso si todas las mujeres pudiesen natural e inmediatamente alimentar por completo a sus hijos amamantándolos, ¿no es esa una opción que deberían poder hacer conforme las circunstancias individuales de ellas y de sus bebés, en consulta con eruditos y compasivos profesionales de la salud?
Actualmente, el senador Tom Harkin se siente libre de demostrar su tremenda familiaridad con los problemas de salud de las mujeres al proclamar: “Conozco un montón de mujeres jóvenes que toman [píldoras para el control de la natalidad] debido a que sus dolores menstruales son tan malos que se incapacitan”.
¿Las mujeres realmente quieren ver que los problemas de sus cuerpos y las opciones anticonceptivas se decidan en el campo de batalla político? Si es así, realmente tendrán una “Guerra contra las Mujeres”.
Estas cuestiones se encuentran mucho mejor atendidas y financiadas de manera individual antes que por medidas gubernamentales que obligan a que el costo de todos sea cubierto en un 100 por ciento para cualquier producto y servicio. ¿No deberíamos estar trabajando para construir una solución para aquellos que no tienen acceso a la atención de la salud, en lugar de una insostenible que subsidia a quienes somos plenamente capaces de pagar por nuestras propias necesidades anticonceptivas?
Lamentablemente, parece que pronto las mujeres añoraremos los buenos viejos tiempos del Estado Niñera, cuando únicamente estábamos sujetas a controles sobre las drogas ilícitas, el tabaco y los alimentos grasos. Ahora tenemos el fantasma del Papá Estado, donde políticos ignorantes de las maravillas reproductivas del cuerpo femenino ordenan cómo las mujeres cuidan de nuestros niños y qué formas de control de la natalidad son las más adecuadas.
En un vídeo para la reelección de Obama, “Cartas al Presidente: Los sueños de nuestras hijas”, una madre de dos hijas denuncia que “el uso de anticonceptivos se ha tornado polémico”, y declara fervientemente que “es el derecho de una mujer tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propia vida”.
Las mujeres precisan redescubrir nuestra rica herencia de libertad de conciencia y protección de nuestros derechos naturales. Las normas políticas sobre nuestra salud reproductiva son políticas públicas, establecidas por políticos, que someten a las mujeres a los caprichos del Estado y nos reducen a ser rehenes de la legislación burocrática.
Traducido por Gabriel Gasave
Mary L. G. Theroux es Vicepresidente de The Independent Institute.
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