Colombia se opone a debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Lo que debe ser
aplaudido. Colombia será, además, el primer país de la región en el que se
discuta -pública y abiertamente- la posible y eventual reforma de ese Sistema.
Antes de
comenzar ese importante ejercicio, su gobierno ha definido -sin ambigüedades-
cual es su posición frente a esta delicada cuestión. Ella pude sintetizarse en
que buscará fortalecerlo, razón por la cual se opondrá a todo lo que signifique
debilitarlo.
Esta firme
actitud colombiana alimenta naturalmente las esperanzas de que los regímenes
“bolivarianos” -que procuran denodadamente destruir al Sistema, para así poder
“legitimar” sus ataques contra la libertad de expresión y de información, que
naturalmente incomodan a sus esfuerzos por instalar el discurso único del
marxismo- no puedan salirse con la suya.
El gobierno
colombiano -por boca del jefe de la Defensa Jurídica del Estado, Dr. Fernando
Carrillo– ha sido especialmente claro acerca de cual es la posición
colombiana respecto de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: su
país se negará rotundamente a quitarle autonomía, así como a cercenarle
facultades. Con la más absoluta razón, como es obvio.
Ocurre que son
precisamente los precisos y duros informes emanados de la mencionada Relatoría
los que han incomodado muy particularmente a dos de los líderes más
autoritarios de nuestra región, que a la vez son aquellos que más
persiguen a los medios de prensa independientes: Hugo Chávez y Rafael Correa.
Cabe señalar que la Relatoría en cuestión está hoy en manos de una notable y
valiente jurista colombiana: Catalina Botero.
Las sesiones
de (hoy), 22 de agosto, en Bogotá, serán inauguradas por el propio
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en señal inequívoca de la
trascendencia que el mandatario asigna a esta cuestión.
A ellas
concurrirán representantes de las ONG que ya han expresado su preocupación por
el delicado tema, académicos de gran renombre, profesores universitarios,
observadores extranjeros y autoridades civiles, los que seguramente
enriquecerán el debate. También lo hará el presidente de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, José Jesús Orozco Henríquez, y otras altas
personalidades del Sistema. La idea es entonces la de modernizarlo
posibilitando que sus decisiones tengan aún más fuerza contra los Estados, al
tener más y mejor sustento técnico y mayor precisión probatoria.
Cuando
Venezuela ha oficializado ya su totalitaria decisión de abandonar el Pacto de
San José de Costa Rica, dejando así a todos sus ciudadanos sin protección
regional en materia de derechos humanos y libertades individuales (como ocurre
en Cuba), las noticias que nos llegan desde Bogotá son ciertamente
refrescantes.
Es de esperar
que la posición colombiana encuentre rápidamente el apoyo de aquellos países en
los que -como sucede con Brasil, Chile o Perú- la libertad de prensa es
considerada como una libertad absolutamente esencial. Y es claramente así,
atento a que sin ella todas las demás libertades de los seres humanos quedan
inmediatamente en riesgo.
Si finalmente
en el seno de la OEA se bloquea el pretendido debilitamiento del “Sistema
Interamericano de Derechos Humanos”, no sería nada sorpresivo que aparecieran
en el ámbito de la siempre más dócil de la “UNASUR” intentos disfrazados de
“replicar” al Sistema en ese nivel, para así poder debilitar sensiblemente la
protección de los derechos humanos, generando una suerte de “otra campana” que
resuene con una ideología totalitaria y engañosa, que hasta eventualmente pueda
permitir a Cuba ser parte de un “nuevo” mecanismo, en el que los derechos
humanos y las libertades civiles de los individuos se relativicen y debiliten,
subordinándolos a los presuntos “ideales” de la “comunidad”, según los definan,
en cada caso, los líderes marxistas.
Emilio J.
Cárdenas fueEmbajador de la República Argentina ante las Naciones
Unidas.
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