El Salvador y las autónomas: exclusión correcta, por las razones equivocadas

De repente, y de la nada, se instaló un nuevo tema. Suele ocurrir en nuestros barrios marginales del planeta, donde no casualmente el subdesarrollo es cívico antes que económico.

La escenografía fue un nuevo madrugón legislativo, siempre tan representativos de América Latina. Y de estas playas cuscatlecas, donde parece que ya fue olvidado el compromiso inaugural del actual titular de la Asamblea, quien había prometido suprimir esas prácticas nefastas. Los viejos vicios son difíciles de erradicar.

Una de las principales fuentes de burocracia, y de arbitrariedad, es la proliferación astronómica de entidades autónomas, que en la práctica no son sino pequeños feudos autoritarios. Antes y después del 2009. Eso es algo que sólo podría negar un marciano recién aterrizado. O un ingenuo.

En materia política, es oportuno recordar, la autonomía es la "potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios" (Real Academia).

Como toda definición, debe ser interpretada con criterio. Ese que suele faltar en las sociedades cívicamente subdesarrolladas.

Por ejemplo, tiene sentido hablar de la autonomía (académica) de la universidad pública, para que el Estado no interfiera políticamente en los contenidos de la enseñanza que se imparte. Pero con reglas claras y limitaciones, porque no es justo que con el dinero del contribuyente se generen feudos que nada tienen de académicos. Esos que suelen sobrar en las sociedades cívicamente subdesarrolladas.

De la misma forma, la autonomía municipal es para hacer determinadas obras locales, pero no tiene ninguna lógica que cada uno de los 262 municipios de El Salvador pueda tener autonomía para definir las tasas municipales que se le ocurran. Eso es anarquía.

Tampoco es racional, por ejemplo, que determinado municipio se arrogue el derecho a estipular, de espaldas a la política energética nacional y sin justificación técnica alguna, que en su territorio no se puede generar energía eléctrica con determinado combustible. Eso no es ejercer la autonomía, sino poner palos en la rueda.

Habiendo visto el enorme espacio de discrecionalidad y manipulación que se abre detrás del concepto de autonomía, no es sorpresa que haya mucho por revisar en las instituciones "autónomas".

Hay autónomas de todo tipo: están las que cumplen una tarea indelegable del Estado, tal como la SIGET, cuya función técnica de ente regulador exige independencia tanto del poder político de turno como de los actores a quienes regula. Ningún grupo de interés económico, político, ni social tiene nada qué hacer contaminando su funcionamiento desde la dirección. No hay nada que debatir que no esté en la ley. Es un organismo técnico.

En el caso del ISSS debieran ser los trabajadores, en su carácter de aportantes y beneficiarios, quienes auditen como sabuesos la forma en que el Estado ejecuta ese enorme presupuesto. Administra el Estado, auditan los trabajadores. Otros actores no, por evidentes conflictos de interés (laboratorios, etc.).

Hay, asimismo, muchas autónomas (la mayoría), que ni siquiera debieran existir. Y otras que debieran reducirse a Dirección en algún ministerio. Eliminando burocracia.

Esa manía de pedir sillas en los directorios de las autónomas llevó hace poco a que el presidente de una gremial empresarial exigiera "tener una mayor participación en la junta directiva de la CEL". Creer que así se eliminarán las incertidumbres del sector eléctrico es no entender el problema.

Lo que esa gremial debería haber hecho, en vez de pedir sillas…, era cuestionar que la CEL le otorgue créditos blandos a ANDA (US$ 34.6 millones anuales, según FUSADES, Informe de Coyuntura 4, 2011). CEL y ANDA, por cierto, son autónomas cuyo funcionamiento debiera replantearse seriamente.

Las autónomas ameritaban bastante más que un madrugón legislativo con dedicatoria a la ANEP. Pero también es cierto, todo hay que decirlo, que la ANEP nada tiene qué hacer en el directorio de la SIGET.

Quizás alguna vez entendamos que la pobreza económica es consecuencia de la cívica. Y de la endeblez institucional.

Hasta la próxima.

El autor es Ingeniero, Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y  columnista de El Diario de Hoy.