Guatemala: El Presidente debe hacer cola

El Periódico, Guatemala

Los principios generales del derecho son enunciados normativos para la conducta a seguir, por parte de jueces y legisladores, en determinadas situaciones, o con respecto a otras normas. Aquellos principios expresan deberes de conducta y estándares. No están integrados formalmente al ordenamiento jurídico; pero son parte fundamentales de él.

He aquí uno de ellos: “El primero en tiempo es primero en derecho”; que quiere decir que, en igualdad de circunstancias, el primero en ejercer un derecho tiene prioridad sobre los que le siguen. Por eso es importante –para la construcción del Estado de derecho guatemalteco– la acción que ejerció un grupo de ciudadanos, ante la Corte de Constitucionalidad, para pedir que el pleno del Congreso y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se ocupen, sin demora, de las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el pueblo soberano, en estricto orden de presentación.

Es una afrenta para el Estado de derecho, y contra el principio general enunciado arriba, que el Congreso atienda la iniciativa que el Presidente está por presentarle, antes de cumplir con el mandato expreso constitucional de ocuparse sin demora de las iniciativas presentadas con antelación por el pueblo soberano.

Antes de la iniciativa presidencial hay 7. Unas presentadas por ciudadanos individuales y otras por hasta 73 mil 193. Unas superficiales y otras profundas e integradas. Pero todas llegaron primero en tiempo, y deben ser conocidas primero en derecho. No por capricho, ni por conveniencia política, sino por respeto a un principio.

El amparo procede porque el Artículo 277 de la Constitución ha estado siendo violado durante el tiempo en el que el pleno del Congreso no ha cumplido con ocuparse sin demora de las propuestas presentadas. Y porque ese recurso es el instrumento que tenemos, las personas, para que se nos restituya el pleno goce de las garantías de seguridad y certeza jurídica, del debido proceso, de la legalidad de la función pública y de la supremacía constitucional, entre otras. El amparo evitará que continúe el deterioro del Estado de derecho y evitará que las autoridades involucradas incurran en gravísima responsabilidad. Muchas gracias a los ciudadanos que presentaron esta acción.

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