Las reformas se demoran e inquietan a los cubanos

La Nación

LA HABANA.- Casi dos años después de la reforma económica del gobierno cubano, destinada a reducir la nómina de empleados públicos y dar impulso a la empresa privada, los cambios se demoraron tanto que muchos emprendedores e intelectuales de la isla cuestionan la anquilosada capacidad -o voluntad- de sus líderes para reformular uno de los últimos sistemas comunistas del mundo.

La semana pasada, quienes esperaban medidas tendientes a generar más oportunidades para la empresa privada recibieron justamente lo contrario, cuando los medios divulgaron una decisión del gobierno de imponer elevados aranceles aduaneros a las importaciones informales provenientes de Miami u otros lugares, y que son la sangre vital de muchos incipientes negocios.

"Esto podría tener un enorme impacto", dijo Emilio Morales, presidente del Havana Consulting Group, con sede en Miami, que también aseguró que los comercios que son propiedad del Estado cubano estaban perdiendo clientes frente a los vendedores callejeros. "Esto demuestra que el Estado no está listo para competir con el sector privado", añadió.

Después de que, a fines de 2010, el gobierno comenzó a permitir que la gente abriera sus propios negocios, alrededor de un cuarto de millón de habitantes optaron por trabajar por su cuenta: abrieron restaurantes, locales de comida al paso y negocios de reparación de celulares.

Sumados a quienes aprovecharon una anterior experiencia privatizadora de la década del 90, alrededor de 387.000 cubanos, sobre una población de 11 millones, ahora son cuentapropistas. Por primera vez en 50 años, ellos pueden hoy vender y comprar viviendas y automóviles de manera particular.

Junto con el crecimiento del sector privado, también llegó el diluvio de productos que ingresan diariamente a Cuba en valijas y paquetes, sobre todo desde Panamá, Ecuador, Estados Unidos y España.

Sin acceso al mercado mayorista, los cubanos apelan a sus amigos, parientes y a las así llamadas "mulas" para abastecerse de todo, desde alimentos y chucherías hasta iPhones. Este comercio paralelo creció hasta superar los 1000 millones de dólares anuales, según estimaciones de Morales, desde que la administración de Barack Obama empezó a flexibilizar las restricciones a los viajes y remesas, en 2009.

Yunilka Barrios, que vende anteojos de sol, gomitas para el pelo y breteles de corpiño invisibles en el umbral angosto de una casa, está alarmada por la perspectiva de tener que pagar un gravamen del 100% sobre los productos importados informalmente, tal como el gobierno señala que ocurrirá a partir de septiembre. "Parece que están apretando las clavijas", dijo la mujer.

Economistas, comerciantes y diplomáticos creen que el presidente Raúl Castro avanza con gran cautela debido a la resistencia de los funcionarios de nivel intermedio, que no están dispuestos a perder sus privilegios, y de los funcionarios conservadores, que temen el impacto social y político que podría tener la apertura económica.

Para gente como Yelena López de la Paz, que se fundió a causa de la competencia, su falta de experiencia comercial y los bajos márgenes de ganancia, el cambio avanza con demasiada lentitud.

En julio pasado, Yelena abrió un negocio de comida al paso en la cuadra donde vive, y durante el primer mes obtuvo ganancias por 100 dólares vendiendo pizzas, jugo hecho con los mangos que cultiva su madre y chicles que le enviaba su abuela desde Miami. Pero luego abrieron tres locales similares en las inmediaciones, y cuando finalmente tuvo que cerrar, en noviembre, Yelena sólo se estaba llevando a casa un dólar por día.

Debido a esa falta de avances, la promesa hecha por el gobierno en abril, de trasladar el 40% de la producción del país al sector no estatal durante los próximos cinco años resulta cada vez menos plausible, según los expertos.

Está previsto que la Asamblea Nacional se reúna el próximo lunes, y los cubanos esperan que el gobierno amplíe la cantidad de cooperativas más allá de las que existen en el sector agrícola.

El gobierno aspira a reducir 170.000 puestos en la administración pública durante este año y a sumar 240.000 empleos en el sector privado, un objetivo ambicioso si se tiene en cuenta que durante los primeros meses del año apenas 24.000 cubanos se registraron como cuentapropistas.

Traducción de Jaime Arrambide .