Los tuits de Uribe: irascibles y peligrosos

Committee to Protect Journalists

Luego de transcurrir más de un año desde que dejó la presidencia, Álvaro Uribe Vélez confesó que no podía vivir como un ex presidente. De hecho, luego de haber dominado la política colombiana durante ocho años, a Uribe le ha resultado imposible desaparecer del centro de la escena desde que se fue de la Casa Nariño en agosto de 2010. En lugar de retirarse a su estancia de Antioquia, vive desde entonces en un complejo propiedad de la policía en la capital, Bogotá, con su mujer y sus dos hijos. Pasa el tiempo viajando al exterior para realizar disertaciones, ha sido invitado a dictar seminarios en la Universidad de Georgetown y más recientemente anunció la creación de una nueva plataforma política para oponerse al actual Presidente Juan Manuel Santos.

Uno de los hobbies favoritos del ex presidente consiste en defender en forma agresiva su legado, involucrándose en diatribas contra  sus adversarios políticos y críticos en la prensa. Uribe ha canalizado su espíritu combativo mayormente a través de Twitter. Cada semana, Uribe dedica horas en lanzar tuits beligerantes, principalmente dirigidos al gobierno de Santos, su ex aliado y anterior Ministro de Defensa, al presidente venezolano Hugo Chávez, y a periodistas críticos.   

Según un informe publicado en la prensa, Uribe, quien se autodefine como un "peleador callejero", es un usuario compulsivo que envía cerca de 400 tuits al mes. El ex presidente abrió su cuenta en Twitter (@AlvaroUribeVel) el 6 de mayo de 2010, una semana después de que Chávez inaugurara la suya propia (@ChavezCandaga). Con más de un millón de seguidores, Uribe se ubica por debajo de su némesis venezolano, quien tiene un millón y medio más de seguidores en la popular red social.

Las descargas antagónicas de Uribe vía Twitter para desacreditar informes en la prensa se han convertido en una práctica común. En agosto de 2011, tras la publicación de dos artículos en el Washington Post que afirmaron que Uribe pudo haber estado involucrado en acciones ilegales usando el servicio de inteligencia nacional con la ayuda de los Estados Unidos, el ex presidente  acusó a Juan Forero, corresponsal del Washington Post para la región andina,  y a la periodista colombiana Claudia Julieta Duque, de ser simpatizantes del terrorismo y cómplices de la guerrilla de izquierda. El CPJ expresó preocupación y afirmó que Uribe debe abstenerse de realizar comentarios sin fundamento  porque en el contexto colombiano puede poner en peligro a ambos periodistas.

Más recientemente, el blanco de Uribe fue el corresponsal francés Roméo Langlois. Después de haber estado cautivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante más de un mes, Langlois fue liberado el 30 de mayo. Pero antes que celebrar su liberación, el ex presidente cuestionó la relación de Langlois con las FARC, según informes de prensa, e incluso acusó al periodista de ser promotor del grupo guerrillero. Langlois rechazó los comentarios del ex presidente y los calificó como una "farsa" y de "mal gusto", indicaron informes de prensa. 

Uribe tuvo una relación extremadamente combativa con sus críticos en los medios durante sus dos mandatos consecutivos como presidente de Colombia, de 2002 a 2010. El presidente, sensible a las críticas, utilizó un amplio dispositivo de ataques verbales contra los periodistas que criticaron las políticas de su gobierno, según la investigación del CPJ. Sus acusaciones pusieron en peligro las vidas de reporteros locales, incluyendo periodistas prominentes como Daniel Coronell, Gonzalo Guillén y Hollman Morris. En octubre de 2007, el CPJ envió una carta a Uribe instándolo a que se retractara de sus comentarios sobre Coronell y Guillén.    

Estoy familiarizado con el fuerte temperamento de Uribe luego de haberme reunido con él en dos ocasiones durante misiones del CPJ a Colombia. Antes de su relección en 2006, junto al Director Ejecutivo, Joel Simon, nos reunimos con Uribe y el vicepresidente Francisco Santos en la sede del comité de campaña. Uribe se decepcionó que Andrés Oppenheimer, integrante de la junta directiva del CPJ, había cancelado a último momento, pero no fue una reunión particularmente tensa. Terminamos satisfechos de poder hacer énfasis sobre nuestra preocupación por el alto nivel de autocensura entre periodistas del interior que trabajan en zonas con fuerte de presencia de los grupos ilegales armados.    

A principios de 2010, fui parte de una delegación conjunta con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Bogotá, que incluyó a la integrante de la junta directiva del CPJ, María Teresa Ronderos, a uno de los ganadores del premio International a la Libertad de Prensa del CPJ, Ignacio Gomez, presidente de la FLIP,  y al Director Ejecutivo, Andres Morales. El propósito de la reunión fue discutir el espionaje ilegal a periodistas llevado a cabo por el organismo nacional de inteligencia, que funcionaba bajo supervisión directa de Uribe. Esta fue, por momentos, una reunión muy tensa. Con su gobierno bajo presión para enjuiciar a los responsables del escándalo, Uribe se mantuvo a la defensiva y a veces se mostró irritado a cuando se le efectuaron preguntas difíciles. A pedido de nuestra delegación Uribe finalmente declaró que "quien afecte la libertad de un periodista y quien intercepte es enemigo del gobierno". La investigación sobre el escándalo ha demostrado poco progreso, con casos pendientes sobre más de doce de los acusados, según la investigación del CPJ.

Un ex asesor de Uribe afirmó recientemente que la hiperactividad del ex presidente en Twitter se debe a que le encanta tener contacto con la gente, según informes de prensa. Como cualquier ciudadano, el ex presidente tiene el derecho de poder expresarse libremente. Pero Uribe es aún una figura pública con alta popularidad en Colombia. Como tal, debería reconocer que formular acusaciones especulativas e injustificadas contra periodistas que lo critican es absolutamente inapropiado. Al hacerlo, Uribe contribuye a perpetuar un clima de temor e intimidación en un país donde los periodistas aún están bajo seria amenaza de violencia.

El autor es Coordinador Senior del Programa de las Américas.