El porro del Pepe

Diario de América

En agosto de 2007, siendo José (Pepe) Mujica ministro de Ganadería Agricultura y Pesca del Uruguay, se aprobó por iniciativa suya la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA), a determinados cortes específicos de carne, identificados como “populares”.  Fue así como la falda y el asado de 10 a 13 costillas, probablemente excedentes de exportación de la industria frigorífica de difícil colocación en el exterior, pasaron a venderse a precios algo más económicos, siendo denominados por la prensa y a nivel popular como “El Asado del Pepe”.

Con el correr de los meses, la demagógica medida se fue prorrogando, mientras la calidad de los cortes que llegaban baratos al consumidor era cada vez de peor. No obstante, el impacto había sido logrado, y el entonces ministro ayudaba así a pavimentar su camino hacia la candidatura presidencial.
 
Cinco años después, el actual ministro de Defensa de Uruguay, el polémico ex guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro, anunció el pasado miércoles 20 de junio, en conferencia de prensa, junto a otros representantes del Poder Ejecutivo, la intención de legalizar la marihuana en el país.
 
La medida, incluida en un paquete propuesto por el gobierno para intentar frenar el aumento desmedido de la delincuencia, fue anunciada al día siguiente de un mensaje muy poco esperanzador del presidente José Mujica, emitido por cadena de radio y televisión a la Nación.
 
En esa oportunidad, el también ex guerrillero y actual jefe de Estado, reconoció de hecho la ineficacia del gobierno para enfrentar los graves problemas de inseguridad, nunca antes vistos con tal virulencia, y evocó con nostalgia la paz y la tranquilidad existentes en el pasado en esa sociedad.
 
La izquierda uruguaya se jacta y con razón, de haber logrado mejorar, en el contexto económico internacional muy favorable de los últimos años, los resultados económicos. La baja  del desempleo arrastrado de la crisis del 2002, así como la disminución de los índices de pobreza, son indiscutibles y están a la vista. Esa misma izquierda reconoce que la aplicación de tenues políticas de mercado y economía abierta, unidas a la promoción de algunas puntuales inversiones provenientes de otras partes del mundo, fueron los artífices de sus éxitos.
 
Sin embargo, con un cinismo que no sorprende, esa misma izquierda uruguaya atribuye a la mejora general y al consecuente incremento del consumo, la causa del aumento de las tentaciones, ambiciones y frustración de los delincuentes, justificando de esa forma la triste realidad de su fracaso en materia de seguridad, que no es muy diferente de los “logros” alcanzados en salud y educación públicas.
 
Fernández Huidobro, aprovechó la oportunidad del anuncio, para tildar de errónea la decisión del ex presidente de EE.UU., Richard Nixon, en 1971, de prohibir la venta de marihuana, atribuyendo a esa medida la culpa de la situación actual, y argumentando que “…ha sido la que ha provocado todos estos desastres declarando una guerra que ha sido ganada por los narcos”.
 
Coincidimos con el ministro al señalar que un criterio de legalización controlada del tráfico, mercadeo y consumo de la droga, al igual que ocurriera con la llamada Ley Seca con relación a la producción y consumo de alcohol, habría cambiado buena parte de la historia y hoy tendríamos realidades sociales muy diferentes en diversos aspectos.
 
Pero de aquella probablemente errónea decisión, han pasado cuarenta años; y echarle la culpa a Nixon del actual brote de violencia delictiva en Uruguay, mueve a risa.
 
En la actualidad, y en un país donde el Estado lo abarca y regula todo desde hace más de seis décadas, la droga y su negocio vinculado no podían pasar inadvertidos. El ministro expuso cifras cuyo origen no explicó; 75 millones de dólares, sería lo manejado anualmente en el mercado uruguayo de venta de cannabis.
 
El tema no es nuevo en el país. El proyecto presentado, difiere de otros tres a estudio en la Cámara de Diputados, que promueven la habilitación del autocultivo limitado a ocho plantas. “Si habilitamos el autocultivo para uno o para dos, tenemos que habilitarlo para todo el mundo y ¿cómo controlamos eso?” se preguntó el ministro aclarando el verdadero sentido de su planteo.
 
Es evidente, que este nuevo proyecto de control y legalización, apunta más a fines políticos de recaudación y ampliación del monstruo estatal, que a un intento de disminución de la delincuencia. En todo caso, se trata simplemente de una cortina de humo, para distraer a la opinión pública de ese flagelo descontrolado.
 
El gobierno de Mujica, promueve la idea de crear una especie de instituto de la marihuana, emulando al otrora monopolio estatal de Ancap, para la producción de alcohol. En aquella aventura, el Estado plantaba caña de azúcar en Bella Unión, muy cerca de Brasil, a contrapelo del clima y de las leyes del mercado, en el departamento de Artigas. En los años sesenta y setenta, mientras los cañeros marchaban con sus reclamos a la capital iniciando las revueltas guerrilleras de aquellos años, los artiguenses y muchos otros uruguayos, consumían azúcar y caña (aguardiente) brasileras. La enorme diferencia de precios existente en relación a los mismos productos nacionales producidos por el monopólico ente estatal y vendidos al público “al costo”, alentaban el tráfico “ilegal” de tan “nacionales” insumos. El absurdo fue tal, que en 1970, el alcohol producido alcanzaba apenas a un 16,2% del requerido, por lo cual el resto debía ser importado.
 
Los “bagayeros”, como se denomina en el lunfardo Uruguayo a los ejecutores del contrabando hormiga, han sido tradicionalmente otro de los símbolos de estigmatización social provocada, según la izquierda, por las  “políticas neoliberales y la economía de mercado”. Su existencia, al igual que se pretende hacer ahora con la delincuencia, ha sido señalada como consecuencia de la exclusión social derivada del “individualismo”.
 
Curiosamente, esta permanente acusación del Fernández Huidobro guerrillero y opositor, se contradice con la preocupación del Fernández Huidobro ministro, en el sentido de que para evitar problemas con la región, ahora, una vez aprobado el referido proyecto, el Estado deberá tomar medidas de seguridad como la represión del contrabando.
 
Desde las cumbres del gobierno, el funcionario mantiene el discurso populista y generador de votos, a la vez que apunta su acción hacia la utilización de los mismos métodos que antes criticaba.
 
Mientras tanto y desde Brasil, donde participaba de la Cumbre Río+20, el presidente José Mujica se refirió, para tranquilidad de sus camaradas regionales, al verdadero fin perseguido con el sorprendente anuncio de la venta estatal de marihuana:
 
"La idea no es liberar, al contrario, vamos a controlar mediante una red estatal de distribución” dijo recordando a todos su origen sencillo, campechano y comunista. “No permitiremos a una persona ir al almacén a comprar marihuana y hacer lo que quiera”, agregó.  “El Estado controlará la calidad, la cantidad, el precio y las personas que la compren estarán registradas".
 
Según reseñara el diario El País, Mujica explicó además desde Brasil, que los consumidores deberán, de forma obligatoria, exhibir la cédula de identidad para comprar marihuana y presentar las colillas de los cigarrillos ya fumados.
 
Lo de devolver los “puchos” provoca risa; pero probablemente, es algo que Mujica sacó, como un buen mago, de la galera. Tal vez esa idea, se le ocurrió al presidente en el momento, mientras hablaba, como forma de asegurar a sus colegas que la novedosa marihuana “oficial”, no se traficaría hacia los países vecinos.
 
Se le ocurrió y así lo dijo; pero ante sus dichos, es difícil imaginar una forma más improvisada de gobernar y una visión de país más “de almacén”.
 
Los matices de sano liberalismo y modernización, se utilizan por innegables y han logrado beneficios. Esas políticas, aunque más claramente definidas, se aplicaron antes en Sudamérica, bajo Pinochet, en Chile. Los gobiernos democráticos que lo sucedieron,
varios de ellos de izquierda, tomaron conciencia de esa realidad, reconociendo, continuando y ampliando aquellos criterios socio-económicos exitosos.
 
Otra cosa, muy diferente, es el amiguismo mercantilista que existe, incluso en Cuba. Promueve inversiones amparadas en privilegios, lo cual resulta conveniente a algunos gobiernos.
 
En Uruguay, en paralelo a la prosperidad reflejada en las grandes cifras, los pequeños y medianos empresarios privados, verdaderos promotores y generadores de riqueza, se desangran en cada crisis y van desapareciendo. Viven el día a día bajo permanente presión. Nunca, en más de sesenta años, han logrado ser verdaderamente libres. A modo de ejemplo, muy pocos se atreven a contratar un joven menor de edad para que aprenda a trabajar en su empresa, porque eso significa ser visto como casi un esclavista, multiplicando hasta lo impensable los controles estatales y los riesgos de problemas laborales.
 
Mientras los menores infractores se multiplican, la oposición sólo atina a proponer bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, para retener más delincuentes en las cárceles.
 
Nadie argumenta que el verdadero problema radica en la existencia de un Estado desmesurado que regula, controla, paraliza y devora todo. Y que es allí donde debería buscarse la explicación a tanto deterioro social que ya raya en la anarquía.
 
El comunismo que inspirara a Fidel y a los propios guerrilleros Tupamaros que hoy gobiernan el país no existe más. Su fracaso no admite reclamos. Pero el estatismo populista que ellos siempre pregonaron, permanece y se fortifica para espejismo de muchos y beneficio de pocos.
 
Y es muy capaz de mutar de comunismo a fascismo, en aras del hombre nuevo y a nombre de la “justicia social”, sin que a sus protagonistas se les mueva un pelo.
 
Para implementar un cambio de tal magnitud, podría requerirse una buena cortina de humo.
 
Y si el humo fuera de cannabis, tanto mejor.