“Obamacare” ante la Corte Suprema
Esta semana la Corte Suprema de los EE.UU. tiene programados tres días para escuchar argumentos orales en la demanda sobre el cuidado de salud que cuestiona la constitucionalidad de la ley Patient Protection and Affordable Health Care Act (Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Costeable), más conocida como “Obamacare”.
Sabemos ahora que la ley se basó en predicciones falsas sobre su costo. Después de prometer que el costo sería de menos de $940 mil millones durante diez años, la no partidista Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, siglas en inglés) ha emitido una corrección de su cálculo inicial, que parece haberse basado en tácticas engañosas por demócratas en el Congreso y la Casa Blanca. La CBO ahora calcula que la medida le costará a los contribuyentes por lo menos $1.76 millón de millones (trillón) durante una década.
Randy E. Barnett, profesor de teoría legal de la cátedra Carmack Waterhouse en el Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown, está preocupado por los cambiantes razonamientos de la administración en su defensa de la ley de cuidado de salud: “Primero nos dijeron que éste era un fácil caso de ‘Cláusula de Comercio’. Luego (dijeron) que era un ejercicio del Poder de Gravar con impuestos. Ahora es la Cláusula Necesaria y Apropiada. Si el mandato era tan obviamente constitucional, el gobierno no estaría cambiando su posición diez días antes de los argumentos orales”.
Ilya Somin, un profesor asociado en la Escuela de Derecho de la Universidad George Mason, agrega, “A pesar de este aparente cambio, la presentación del gobierno federal casi completamente deja de considerar la cuestión de si el mandato es ‘apropiado’, así como ‘necesario’. La Corte Suprema ha dejado claro que estos son dos requisitos separados, y que ambos tienen que cumplirse. Y una ley que sólo puede defenderse por un razonamiento que le da al Congreso carta blanca para poner en vigor virtualmente cualquier otro mandato, claramente no es ‘apropiada’.”
Muchos se preguntan qué pasará a las necesarias reformas al cuidado de salud si el mandato individual – el corazón de Obamacare – es anulado. Esa pregunta se contesta en un oportuno nuevo libro publicado por el Pioneer Institute, una organización de investigación sobre política pública con base en Boston, titulado “The Great Experiment: The States, the Feds and Your Healthcare”(El Gran Experimento: los Estados, los Federales y Su Cuidado de Salud). En una serie de ensayos compilados por Joshua Archambault, director de Política sobre Cuidado de Salud, del Pioneer Institute, y con un prólogo por Jeffrey S. Flier, M.D., Decano de la Escuela de Medicina de Harvard, expertos proponen que los estados tomen la iniciativa en la reforma del cuidado de salud, como hizo Massachusetts, en vez de ordenar un sistema igual para todos de parte de un Washington que no funciona.
Los autores proponen lo que ellos llaman “Federalismo Competitivo” que permitiría una sociedad federal, pero que permitiría a los estados diseñar su propio enfoque para el cuidado de salud basados en sus circunstancias individuales. Créditos de impuestos reembolsables, grupos de alto riesgo y reformas al Medicaid están entre las recomendaciones específicas para mantener la alta calidad de cuidado de salud que ahora disfrutan los EE.UU. y al mismo tiempo ofrecer cobertura y reducir los costos para gente cuyo acceso al cuidado de salud es ahora limitado y para aquellos que ahora pagan las cuentas.
Junto con el plan bipartidista de reforma al Medicare preparado el año pasado por los Representantes Ron Wyden (Demócrata por Oregon) y Paul Ryan (Republicano por Wisconsin), que fue rechazado por los que apoyan el estatus quo que prefieren el problema a una solución, estas son propuestas serias y factibles que merecen ser consideradas por el Congreso.
Como escribe Jim Stergios, Director Ejecutivo del Pioneer Institute, “A pesar de años de esfuerzo y montañas de regulaciones, el gobierno federal ha demostrado ser incapaz de encontrar cuidado de salud de calidad y actuar con esa información. Ya es hora de que los estados y el gobierno federal aprieten el botón para empezar de nuevo (hit the reset button)”.
Puede que la Corte Suprema les de esa oportunidad. Para el mes de junio sabremos cómo fallará la posiblemente escasa mayoría. Mucho de nuestro futuro depende de esa decisión de la Corte Supema porque va al corazón de lo que se puede permitir al gobierno imponer a un pueblo libre.
Si la alta corte no invalida ese mandato individual, no habrá forma de parar las amenazas del gobierno contra nuestra más valiosa posesión: la libertad.
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