Un debate americano

La Tercera

Nueve de 10 países más violentos del mundo están en América Latina y el Caribe. Este ranking macabro está encabezado por Honduras, con 86 homicidios por cada 100 mil habitantes, por año. Le sigue El Salvador, con 71 homicidios por cada 100 mil habitantes. Venezuela está en el cuarto lugar, con 67; Guatemala está en el sexto puesto, con 36, y Colombia en la novena posición, con 33 homicidios anuales por cada 100 mil habitantes.

En estos países existen verdaderas máquinas de matar. Cada día mueren niños y mujeres inocentes, víctimas de batallas campales entre bandas que se disputan la supremacía en el tráfico de las drogas. El caso de Ciudad Juárez, en México, es el más trágico de todos. Con 133 homicidios por 100 mil personas, es el área metropolitana más violenta del mundo. Ni la policía ni el Ejército han sido capaces de detener esta marcha tenebrosa; mes a mes familias enteras caen víctimas de venganzas o amedrentamientos.

Hace unas semanas Otto Pérez, el ex general recientemente electo presidente de Guatemala, causó furor, al sugerir públicamente que había llegado el momento de repensar la política antidrogas en nuestro hemisferio. No sé si habrá sido ingenuidad o desparpajo, pero el hecho es que Pérez dijo lo que hasta ahora ningún presidente latinoamericano en ejercicio había dicho: estamos perdiendo esta guerra, y es necesario despenalizar las drogas recreacionales (marihuana y cocaína, especialmente) en todas las Américas, desde Alaska a Tierra del Fuego.

Lo de Otto Pérez no es otra cosa que un grito desesperado de quien ve cómo los carteles de la droga van abarcándolo todo, apoderándose de instituciones, y enriqueciéndose groseramente, mientras soldados y policías -casi todos gente humilde y de escasos recursos- mueren acribillados con armas semiautomáticas obtenidas abiertamente en los EEUU, al amparo de la Segunda Enmienda de la Constitución, la que permite a civiles portar armas y comprarlas casi sin restricciones.

La respuesta de los Estados Unidos a los comentarios de Otto Pérez no se hizo esperar. La Casa Blanca despachó, prontamente, al Vicepresidente Joe Biden a México y Centroamérica. La versión oficial habló de reuniones preparativas para la próxima Cumbre de las Américas en abril, pero todo el mundo sabe que el propósito de tan intempestiva visita no fue otro que el decirles a los presidentes del istmo que no insistieran en el tema; la política de los EEUU es una y sólo una, y consiste en luchar a muerte en contra de los carteles y los usuarios de drogas.

Una actitud intransigente

Fue Richard Nixon quien en 1971 lanzara la "Guerra contra las drogas." Desde entonces, sucesivos gobiernos de los EEUU han mantenido una actitud intransigente: esta es una verdadera guerra, nos dicen una y otra vez, y no cejaremos hasta triunfar. No importa que el enemigo no dé la cara, ni porte uniforme, ni tenga ejércitos formales; es una guerra.

Pero después de haber gastado billones de dólares, y haber encarcelado a millones de personas, los EEUU están perdiendo esta guerra desigual. Lo peor, claro, son las vidas cercenadas por la violencia que ella genera.

A pesar de esta falta de resultados, la posición estadounidense sigue tan rígida como siempre. Esto es algo que viví en carne propia cuando, a mediados de los 90, y en mi calidad de economista jefe para América Latina en el Banco Mundial, organicé un seminario sobre el rol de las drogas ilícitas en las economías de la región. La noche antes de empezar nuestra discusión recibí una llamada de Larry Summers, por entonces el número dos en el Departamento del Tesoro, quien me indico que el evento debía suspenderse. "No es posible", me dijo, "que un organismo en el que los EEUU tiene mayoría trate estos temas". "Pero" le contesté, "es tan sólo un seminario informativo. Es importante saber cuál es la magnitud y la profundidad del problema". Su repuesta fue lapidaria: ni siquiera teníamos permiso para pensar en el tema.

Según los expertos, el precio de la cocaína aumenta en 17 veces entre lugares donde es producida y el lugar donde es consumida. Este markup de 1.700% resulta irresistible para las bandas de maleantes que dominan el tráfico. Según los mismos expertos, la despenalización del consumo y distribución introduciría una competencia de precios, y una caída de utilidades, lo que ahuyentaría a las mafias. El negocio sería manejado por compañías legítimas, como en el caso de los cigarrillos y el alcohol.

Una serie de intelectuales -incluyendo el gran economista Milton Friedman- han argumentado, por mucho tiempo, que la prohibición absoluta de consumir drogas recreacionales -marihuana y cocaína- fomenta la ilegalidad y el crimen.

Recuerdo la vehemencia con la que Friedman defendió esa posición en una reunión académica en el encantador pueblo de Alamos, en el Estado de Sonora, México. Su adversario en el debate fue el prominente politólogo Jim Wilson -autor de la teoría de la "ventana rota" sobre la propagación del crimen-. Wilson planteó, que la despenalización de la marihuana y cocaína, haría que las mafias se refugiaran en el tráfico de drogas aún más duras y nefastas, como las metanfetaminas y heroína. La discusión fue larga y acalorada, y si bien ambos contrincantes estuvieron en excelente forma, Friedman terminó ganando el debate por puntos.

Hace poco más de un año un grupo de ex presidentes -Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo, y César Gaviria- firmaron un documento, junto a otros líderes de opinión, sugiriendo un nuevo enfoque al problema del narcotráfico. Este programa está basado en dos principios: por un lado, despenalizar el uso de drogas en los Estados Unidos y en los países productores y de tránsito; y, por el otro, considerar el consumo y la adicción como un problema de salud pública, y no de criminalidad. La propuesta fue ignorada por las autoridades estadounidenses. Ahora, sin embargo, un presidente en ejercicio, y no un grupo de ex mandatarios, está detrás de la idea de legalizar las drogas. Más aún, los otros presidentes centroamericanos miran el plan de Pérez con buenos ojos.

Chile y la despenalización de las drogas

Curiosamente, ningún chileno -ni ex presidente, ni de otra jerarquía- firmó el documento, "Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma", aprobado por Cardoso, Zedillo y Gaviria.

Más de alguien podría pensar que en Chile los líderes políticos no tienen opinión sobre el tema de las drogas, el mayor flagelo de la región latinoamericana. Pero no creo que sea eso. Creo que, más bien, se trata de una combinación de conservadurismo y lejanía del narcotráfico como preocupación cívica inmediata.

En Chile, la tasa de homicidios es de tan sólo 1.4 por cada 100 mil habitantes por año. Esta es la menor tasa de la región; menor, de hecho, que las de países como Estados Unidos, Finlandia y Nueva Zelandia. Vale decir, y en contraste con las naciones centroamericanas, Colombia y México, las bandas de narcotraficantes no tienen aterrorizada a nuestra ciudadanía. Esto significa, de por sí, que el tema no es prioritario, ni está a la cabeza de las inquietudes de la sociedad civil.

Pero, además, somos un país conservador. Aún nuestros liberales -con raras excepciones- tienen actitudes morales muy enraizadas y tradicionales. Recuerdo hace unos meses una discusión en la reunión de la Sociedad Montt Pelerin -uno de los baluartes del liberalismo clásico- entre el premio Nobel Gary Becker y el ex ministro Carlos Cáceres. Mientras Becker usaba los argumentos liberales para abogar por la legalización de las drogas recreacionales, Carlos Cáceres se resguardaba en su catolicismo para rechazar, con vehemencia, tal propuesta.

Hace unos días la administración Obama sorprendió al mundo al declarar -por medio del subsecretario del Departamento de Estado, Mike Hammer-, que EEUU estaba dispuesto a discutir el tema de la despenalización en la Cumbre de las Américas del 14-15 de abril.

Aun cuando la legalización de la marihuana y cocaína no esté en la agenda política chilena, es fundamental que Chile llegue a la Cumbre de las Américas con una posición bien razonada y coherente. Más aún, nuestra posición debiera ser constructiva y mostrar empatía por el drama que viven, cada día, los ciudadanos centroamericanos. Es posible que la despenalización no solucione todos los problemas, pero no cabe duda de que llegó el momento de discutir estos temas de forma abierta. Lo política del avestruz sólo beneficia a los carteles y las mafias. Y eso debemos rechazarlo, con todas nuestras fuerzas.