Todos contra Sopa

La Tercera

Lo ocurrido la semana pasada con las dos iniciativas legislativas contra la piratería informática, conocidas por sus acrónimos Sopa y Pipa en los Estados Unidos ya se había visto, parcialmente, en Francia y España con la "Ley Hadopi" y la "Ley Sinde". Pero nadie sospechaba que, nada menos que en EE.UU., desde donde se mira con cierto desdén la habitual debilidad de las instituciones públicas europeas ante las protestas sociales, la resistencia alcanzaría una potencia tal, que el Congreso se vería obligado a retroceder, los candidatos presidenciales republicanos a desdecirse y los poderosísimos intereses empresariales que respaldaban las propuestas a replegarse.

En Francia, la ley que pretende proteger la propiedad intelectual de la piratería digital, de por sí muy disminuida por el Consejo Constitucional, que obligó a eliminar una de sus partes fundamentales, casi no se aplica en los hechos. Teóricamente, la autoridad creada por la ley da tres avisos a los infractores antes de cerrarles el sitio web acusado de realizar o facilitar descargas ilegales. Pero en la práctica, menos del 0,5% de los que han recibido un primer aviso está en riesgo de que se le cierren sus páginas. En España, aunque el gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó la "Ley Sinde", se vio obligado, ante la presión, a no reglamentarla, lo que equivale a tener una ley inaplicable.

En Estados Unidos, la pretensión era, en parte por lo blando de estos precedentes, fijar de una vez por todas un derrotero al resto del mundo. Como lo ha hecho tantas veces en su historia moderna, Washington había llegado a la conclusión de que sólo liderando al resto del mundo con determinación podría fijar un patrón de referencia universal. Desde hacía ya varios años que las industrias musical, cinematográfica, televisiva y, en menor medida, editorial, venían presionando al sistema político a través de mecanismos de cabildeo, así como de una fuerte campaña mediática, para que adoptara medidas muy drásticas contra la piratería, adicionales a las existentes. Para ello, había empleado los dos métodos habituales: la financiación de campañas electorales y la presión de los célebres aparatos político-legales o lobbies de K Street en Washington.

Finalmente, el Congreso había reaccionado con las iniciativas legislativas Sopa (Stop Online Piracy Act) y Pipa (Protect IP Act), patrocinadas por las comisiones de Justicia de ambas cámaras, que presiden el senador demócrata Patrick Leahy y el representante republicano Lamar Smith. Como toda campaña de cabildeo que se precie, ésta había conseguido que las iniciativas fueran bipartidistas.

La reacción por parte de la industria de tecnología informática y del público consumidor fue lenta, tibia en comparación con la de los "media" y desorganizada. Era el clásico enfrentamiento desigual entre los intereses concentrados y los intereses difusos. Por ello, apenas una semana antes de la fecha clave, todos daban por descontado que se aprobarían las propuestas de ley. Toda clase de legisladores de ambos partidos, moderados lo mismo que radicales, a izquierda igual que a derecha, habían expresado su respaldo. Los grandes gremios del bando partidario de las iniciativas legislativas ya preparaban las botellas de champagne: la Motion Picture Association of America, que agrupa a la industria cinematográfica; su equivalente en la industria musical, la Recording Industry Association of America; la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y varias organizaciones más.

Pero no estaban preparados para lo que se venía: el orden espontáneo del que hablaba el austriaco Hayek en otro contexto. Numerosos sitios web empezaron a protestar, parecía que de forma relativamente aislada. Otros se fueron sumando. De pronto, empezó a sonar, más allá de los enterados que seguían el debate especializado hasta aquel momento, una cosa llamada "Netcoalition". Había hecho un trabajo muy poco efectivo a pesar de representar nada menos que a Google, Facebook, Yahoo, AOL, Foursquare, Amazon, Twitter, Mozilla, eBay, PayPal, Zynga y otras. Sus acciones, que habían sido múltiples, no habían movilizado a eso que se llama opinión pública. Al menos, no de una forma capaz de plantar cara a la coalición contraria. Según calcula Gary Shapiro, de la Consumer Electronics Association, el dinero gastado por las empresas que estaban detrás de las iniciativas superaba por un margen de 10 a 1 al que habían empleado los contrarios.

Pero en cuestión de muy pocos días, las iniciativas hasta entonces aisladas de los distintos sitios web opuestos a Sopa y Pipa empezaron a cobrar un ímpetu arrasador. Surgió la idea de un "apagón" informático, en el que Wikipedia tomó un liderazgo decisivo. Más de tres millones de correos electrónicos llegaron al Congreso. Desde Europa, América Latina y otras partes se iban sumando incontables sitios web, empresas de tecnología (muchas de ellas modestas) y simples usuarios que encontraban la forma de hacerse escuchar. El famoso efecto viral fue más viral que nunca: en cuatro o cinco días, la movilización tuvo tal impacto, que el día del apagón se calcula que más de 13 millones de personas tomaron parte en la protesta cibernética. Más de 50.000 páginas web se autosilen- ciaron y con ello mataron la posibilidad de la ley.

El Senado de los Estados Unidos anunció entonces que postergaba la votación, mientras que la Cámara de Representantes "mataba" la suya, como se dice en este país a una iniciativa legislativa políticamente abortada.

Las razones fundamentales de esta movilización no tenían que ver, por supuesto, con la defensa de la piratería, sino con el peligro que encerraban las propuestas de ley. Hubieran permitido al Departamento de Justicia obtener una orden judicial para que los proveedores de internet cortaran el acceso a páginas web extranjeras acusadas de infrigir leyes contra la piratería y a los motores de búsqueda eliminar esos sitios de sus resultados. No habría habido de por medio un debido proceso ni la posibilidad de defenderse antes de tomada la decisión. Nada habría protegido contra la censura en los casos en que el sitio cerrado contuviese, además de elementos de piratería, contenido perfectamente legítimo a ojos de la propia justicia. Tanto Sopa como Pipa permitían, a quienes poseyeran derechos de propiedad intelectual, obligar por la vía judicial a las redes de publicidad y los procesadores de pagos a dejar de comerciar con sitios cuestionados. En resumen: por buenas intenciones que hubiese detrás de las leyes planteadas, los riesgos de abuso, censura y desincentivo contra la innovación, como dijo Mark Zuckerberg, eran monumentales.

La derrota de Sopa y Pipa no es la derrota de todo intento por detener la piratería, por cierto. Gary Sherman, líder de la asociación que agrupa a la industria musical, lo dijo con claridad: "El asunto es demasiado importante, demasiado crucial, para permitir que la demagogia logre vetar reformas significativas". De hecho, las distintas industrias afectadas por la decisión política de dar marcha atrás, empezando por Hollywood, han amenazado abiertamente a los congresistas. Pero quizá el caso más emblemático es el del ex senador demócrata Christopher Dodd, que hoy preside, precisamente, el gremio hollywoodense, la Motion Picture Association of America. En plena batalla, llegó a declarar en televisión con todo desparpajo: "La industria ve con cuidado quién va a defenderla cuando su puesto está en riesgo: no me pidas que te dé un cheque cuando creas que tu puesto está en peligro y luego no me hagas caso cuando mi puesto está en peligro".

La piratería no es un invento, desde luego, de quienes patrocinaron estas iniciativas. Ella existe a escala planetaria, y las industrias en cuestión han sido muy afectadas. Es difícil calcular lo que esta industria clandestina cuesta. Shane Greenstein, académico del Kellog School of Management en Chicago, asegura que "no hay ninguna duda de que la piratería ha logrado desplazar un monto muy importante de ingresos de las industrias afectadas hacia personas o grupos que han encontrado en la era digital formas muy eficaces de burlar la legalidad". Añade que, independientemente del monto, hoy es para la música, el cine y los libros uno de los principales competidores.

Para no ir muy lejos, NBC Universal Media, uno de los gigantes mediáticos que apoyó las propuestas contra la piratería, lleva semanas denunciando que el último gran éxito de Universal Studios, su división cinematográfica, ha perdido ya decenas de millones de dólares: Contraband ha sido pirateada en el extranjero y numerosos estadounidenses pueden acceder desde su país a servicios que les permiten descargar la película. "Es en este momento una de las más populares -sostiene su representante legal, Rick Cotton-, en las páginas web que comparten archivos".

En gran parte como medida preventiva y pa-ra no enviar a estos piratas la señal de que sus acciones cuentan ahora con la impunidad garantizada, el gobierno norteamericano actuó contra la empresa que llevaba el sitio Megaupload.com inmediatamente después de la derrota de las propuestas de ley, arrestando a cuatro de sus responsables. La operación tenía como objetivo intimidar a quienes pudieran estar incurriendo en piratería deliberada o involuntariamente, en este momento de aparente derrota de los esfuerzos por detenerla. En parte, la pretensión ha sido exitosa porque servicios como Filesonic y Fileserve, por mencionar apenas un par, han restringido lo que está permitido a sus usuarios. Antes, un usuario podía cargar un archivo en estos sitios y compartirlo indiscriminadamente, lo que se prestaba a que cualquiera colocara material pirateado y diera a otros acceso ilimitado a él. Ahora, no está permitido compartirlo con nadie que no sea el dueño original del archivo.

El principal argumento, sin embargo, contra quienes creen que las actuales leyes no bastan y pretenden nuevos mecanismos legales que pudieran prestarse a actos de censura y de interrupción del proceso de innovación digital, es que las distintas industrias afectadas están haciendo avances tanto desde el punto de vista tecnológico, como desde el punto de vista del mercadeo. En otras palabras: están aprendiendo a derrotar a la piratería en el mercado, único lugar donde se la podrá derrotar de forma eficaz y duradera. Precisamente, esta semana se ha sabido que la industria musical ha logrado, en el último año, que los ingresos provenientes de las ventas digitales prácticamente se equiparen, por primera vez, a las de CD físicos. Ya en Estados Unidos las ventas digitales habían superado a las otras, pero en el resto del mundo el avance era más lento. Considerando que la piratería de la que estamos hablando es la que se da por la vía digital, este logro es notable. Es cierto que el mercado negro todavía afecta a la industria musical: de hecho, el año pasado, el volumen total tuvo un ligero descenso con respecto al año anterior (con ventas totales de 5,2 mil millones de dólares). Pero si el ritmo de aumento de las ventas digitales continúa (subió ocho por ciento el último año), es muy probable que sea porque la industria se está defendiendo exitosamente de la piratería.

Nada de esto será, por cierto, suficiente para detener a quienes la semana pasada se sintieron perdedores de una batalla, pero no de la guerra. Volverán a la carga tarde o temprano. De hecho, la Comisión Europea prepara ya una propuesta, dice que muy distinta, para fines de este año. Los adversarios tienen ya preparadas las baterías, empezando por el uso de un Twit que colocó en los días de la pugna en torno a Sopa y Pipa nada menos que la responsable, en la propia Comisión Europea, de regular el internet: "El exceso de velocidad también es ilegal: pero no pones badenes en la autopista".