Argentina: Por qué llegamos a lo que llegamos

Economía Para Todos

En 1961 se filmó la película El Juicio de Nuremberg, protagonizada por Spencer Tracy en el papel del juez norteamericano Haywood, y Burt Lancaster en el rol del prestigioso jurista alemán Ernst Janning.

La película, un hecho real de la historia, trata sobre el juicio a cuatro jueces por complicidad con las políticas de esterilización del Tercer Reich, en la que judíos y personas con menor coeficiente intelectual eran esterilizados o sentenciados a muerte por una cuestión de pureza racial. Una de las partes de esta película que más quedaron en mi mente es el último diálogo entre el juez Haywood y el jurista alemán Janning.

Ya juzgado, sentenciado y en la carcel, Janning pide ser visitado por Haywood, que lo había condenado a cadena perpetua. En el último diálogo de la película, Janning, que había sido un destacado jurista y también había reconoció su culpabilidad en un magnífico alegato en el medio del juicio, particularmente cuando dice que condenó a muerte a un judío sabiendo que era inocente, le dice a Haywood en su celda: “créame que nunca pensé que se iba a llegar a lo que llegamos”, refiriéndose a los asesinatos cometidos por el nazismo. La respuesta de Haywood al destacado jurista alemán fue: “Dr. Janning, Uds. llegaron a esto el día que Ud. condenó al primer hombre que sabía que era inocente”.

¿Por qué hoy Argentina está pasando por un crítico momento en el cuál las libertades individuales están en serio riesgo? Porque sabiendo que el gobierno cometía injusticias y atropellaba a personas y sectores, la gente miró para el costado porque, supuestamente, alguien tenía que poner orden y recuperar la economía argentina de la crisis del 2001/2002 y su gobernabilidad.

En nombre de la recuperación económica y de la gobernabilidad se aceptó que el kirchnerismo fuera avanzando sobre los derechos individuales. Qué importa un control de precios aquí, una persecución a los militares allá, un bloqueo de Moyano por acá, un enfrentamiento con la Iglesia, un control de cambios, un cupo de importación, poderes absolutos delegados por el Congreso al Ejecutivo, utilizar métodos arbitrarios para remover a algunos de los anteriores miembros de la Corte Suprema, sanciones a consultoras que difunden sus propios índices de precios, que el Ejecutivo ignore fallos de la Corte Suprema y demás violaciones al estado de derecho, si lo importante era poder sumergirse en una orgía de consumo por más insostenible que fuera y que prevaleciera la “gobernabilidad”.

Muchos creen, equivocadamente, que el liberalismo es una doctrina solamente económica, cuando en realidad es una concepción moral y global de la organización social en la que el aspecto económico es solo una parte. Lo relevante del liberalismo es que establece como principio fundamental la existencia de un gobierno limitado. La razón de esa limitación, además de razones morales, es que los individuos deciden desarmarse para otorgarle al Estado el monopolio de la fuerza con el único fin que éste defienda el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Justamente, para evitar que ese monopolio de la fuerza se transforme en tiranía y sea utilizado contra los ciudadanos, es que el liberalismo sostiene la necesidad de un gobierno limitado. Es decir, un gobierno que no puede hacer algo que si hicieran los particulares constituiría un delito. El liberalismo es, por definición, la ideología de la lucha contra todo tipo de autoritarismo y dictaduras.

Lamentablemente esos principios de libertad y gobierno limitado plasmados en nuestra Constitución de 1853 fueron respetados hasta 1930. A partir de ese momento se quiebra el orden institucional y en la década del 40 se profundiza una ideología en la cual el Estado adquiere poderes propios del fascismo y del autoritarismo en nombre de la justicia social.

Pero desde 2003 para aquí el kirchnerismo, que al igual que Hitler llegó con muy pocos votos al poder, fue adquiriendo cada vez más fuerza por la recuperación económica gracias al contexto internacional. Esa recuperación económica, más los desbordes sociales del 2001/2202 hicieron que muchos vieran en Kirchner al ser providencial que podía salvar a la patria y, por lo tanto, tenía derecho a ignorar el principio básico de que el Estado tiene que subordinarse al estado de derecho. Que el poder de los gobiernos debe ser limitado.

El día que los legisladores aprobaron la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final (las leyes no se anulan: se derogan o sancionan y mucho menos pueden tener efecto retroactivo), más allá de la opinión que cada uno tenga sobre los militares de aquellos años, estaban abriendo la puerta a futuras arbitrariedades. Muchos no advirtieron, incluso periodistas y medios de comunicación, que con esa aberración jurídica no solo se sometía a los militares, sino que se sentaba el precedente para que la sociedad toda quedara indefensa ante las arbitrariedades del Estado porque el ciudadano dejaba de tener derechos y quedaba sometido a las arbitrariedades del gobierno.

Hemos tolerado confiscaciones de ahorros, superpoderes, piquetes a empresas que no aceptaban someterse a los caprichos del gobierno, que patotas prokirchneristas agredieran a manifestantes en la protesta  del campo, que se tomaran comisarías sin sancionar a los responsables e infinidad de otras barbaridades.

Vemos hoy, también, que la libertad económica no tiene su fundamento únicamente en la eficiencia económica, sino que hace a la libertad personal. Bajo el argumento de regular el mercado de papel para diarios, hoy el Estado dispone de una herramienta ilegítima para atacar la libertad de prensa. Vemos a empresarios que están felices con el cierre de la economía, pero también vemos que tienen que someterse al maltrato y humillación de un funcionario público para mendigar un aumento de precios, el permiso para importar algún bien o comprar dólares.

Si para poder producir a los efectos de mantener mi familia tengo que someterme a las arbitrariedades del Estado, entonces, estoy en libertad condicional. No soy libre, soy un esclavo de los caprichos de los gobernantes. Un simple control de tarifas en nombre de la justicia social implica ahogar económicamente a una empresa para que algún privilegiado pueda comprarla por un sándwich y una Coca. El derecho constitucional a ejercer toda industria lícita queda sometido a las arbitrariedades de un burócrata, al igual que la libertad de enseñar y la libertad expresión sin censura previa. Mediante el argumento de regulaciones económicas se anulan la libertad de expresión y de trabajar. Por la ley antiterrorismo, si alguien quiere defenderse de la inflación comprando moneda extranjera puede ser encarcelado por terrorista.

El 27 de septiembre del año pasado publiqué en este portal una nota titulada Los antifederalistas tenían razón. En esa nota recordaba la posición de los antifederalista norteamericanos que, en realidad, eran más federalistas que los llamados federalistas.

Los antifederalistas se oponían a un gobierno central fuerte porque ese tipo de gobierno podía derivar en una tiranía. En otras palabras, el tema central del debate consistía en cómo limitar el poder del Estado para que la democracia no degenerara en tiranía.

Hemos llegado a este punto donde todos estamos en libertad condicional desde el mismo momento en que toleramos que el gobierno, en nombre de la gobernabilidad, usara el monopolio de la fuerza a su antojo. Y lo toleramos a cambio de una protección arancelaria, una venganza por los 70, privilegios para los sindicatos y, lo más triste, por un televisor plasma. Total, los ataques eran contra otros. A mí no me venían a buscar.

No podemos decir, al igual que el prestigioso jurista Janning, que no sabíamos que el gobierno podía llegar a tanto. Cuando aceptamos que se cometiera la primera injusticia en nombre de la gobernabilidad y la orgía de consumo, sabíamos que podíamos llegar a esto.