Errores que pagaremos todos

Los sectores privados han intentado infructuosamente, por todos los medios posibles, hacerle entender al Presidente que su receta tributaria traerá consecuencias nefastas para la economía nacional. Así como a fines de 2009 se vaticinó que la reforma fiscal iba a profundizar el estancamiento, esta vez, a las puertas de 2012, hemos de decirle a nuestro Gobierno que está a punto de equivocarse de nuevo. Y con grave perjuicio para todos los salvadoreños, seamos o no fuertes contribuyentes.

A estas alturas es muy difícil acuerpar la tesis según la cual tendremos más seguridad gracias al dinero que va a quitarse a quienes mantienen a flote la productividad del país. Lo más objetivo, de hecho, es prepararnos para el escenario justamente inverso.

Porque si el Gobierno insiste en aumentar los gravámenes de las empresas y, para septiembre del otro año, la economía nacional no ha mejorado, la inseguridad se mantiene igual o peor, la inversión sigue a la baja, el índice de desempleo ha repuntado y los precios han variado hacia arriba en comparación con los actuales, ¿qué utilidad podría tener decirle al Presidente Funes que todo eso le fue advertido con suficiente antelación? En ese momento estaremos enfrascados, si acaso, en evitar el colapso.

Alternativas integrales se han puesto sobre la mesa para impedir que la "medicina" gubernamental termine agravando el cuadro clínico de nuestra economía. Sin embargo, ante la sensatez de estas opciones, funcionarios del Gobierno han echado mano de tácticas muy poco profesionales para descalificarlas.

Incluso se han puesto a argumentar contra medidas que nadie ha presentado. De esta manera, una discusión que debería ser técnica y abierta, ha entrado en una nueva fase de competencia mediática, en la que reproches amargos y respuestas cínicas toman el lugar que correspondería al diálogo sincero y a la búsqueda del bien común.

Aparte de haberse deteriorado más la confianza general, seguimos a la espera de conocer las verdades científicas sobre las que se basan los cálculos financieros que el Gobierno asegura haber hecho para apuntalar sus planes en materia de seguridad pública. Lo único que sabemos es que el plan vigente no funciona y que los responsables se niegan a admitirlo, amén de culpabilizar a los medios de comunicación por la permanente alarma social.

En cuanto al desequilibrio fiscal que debe corregir el Gobierno, la brecha entre ingresos y gastos ha aumentado por el lado de estos últimos, a pesar de la notable mejoría que han tenido los índices de recaudación. Este clarísimo déficit, que también descalabra una de las grandes metas del Acuerdo "Stand-By" con el Fondo Monetario Internacional, incluye una grasosa planilla estatal, un manejo inadecuado de los subsidios y una ausencia total de liderazgo para propiciar el crecimiento sostenido.

Para no cumplir la tarea que los sectores productivos le demandan, el Gobierno insiste en hacer lo más fácil: subir impuestos. Quedan fuera de su ecuación las reducciones efectivas del gasto corriente, la urgente ampliación de la base tributaria, el combate real de la evasión o la puesta en marcha de un régimen de concesiones.

Mientras tanto, eso sí, el Presidente emite un cómodo reglamento para la Ley de Acceso a la Información Pública, las últimas reformas a la LACAP fortalecen la arbitrariedad gubernamental y los sistemas de control ciudadano sobre los fondos que se destinarán a la seguridad aún no se discuten.

Todavía hace poco tenía mérito augurar la tormenta… Hoy habrá que dedicarse a vaticinar su tamaño.

El autor es escritor y columnista de El Diario de Hoy.