Uruguay: Impuesto al agro

El impuesto puede promover la concentración de la tierra. En cualquier activo, el incremento impositivo deteriora objetivamente los valores del mismo, logrando en este caso que la eventual baja de valores sea capitalizado por el excedente de capital que anda dando vuelta por el mundo. Como el valor de los campos es por hectárea, se verán afectados patrimonialmente no solo los grandes terratenientes sino que arrastraran a los pequeños y medianos productores. Gran negocio, los campos serán artificialmente más baratos. Perderán todos los que confiaron en el país. Ganarán los que aún no invirtieron.

El proyecto se basa en el Coneat como referencia productiva. Es obvio que solamente un burócrata aislado en los palacios del poder, puede desconocer que hoy por hoy el campo nacional esta muy lejos de la paramétrica de carne y lana con que se concibió el Coneat. Este autismo llevará a que un productor arrocero que no tiene altos índices, porque el Coneat evalúo en los años 60 que esas planicies arroceras eran campos casi improductivos por estar bajo agua gran parte del año, se vean beneficiadas ante el productor ganadero, que teniendo ingresos del 25 % al del arrocero tendrá que pagar.

Este impuesto no ataca al gran capital agropecuario. Mientras para los grandes jugadores agrícolas pagar 8 dólares le representa una aplicación más de fumigación en un cultivo, a un ganadero, estos mismos 8 dólares significan lo producido en casi toda la esquila.

Obviamente, no distingue años buenos o años malos, en un momento donde la incertidumbre climática es una de las mayores amenazas al mundo productivo. Nadie se puede extrañar. Es la misma gente que negaba la sequía tres años atrás.

El impuesto no distingue la tenencia de la tierra y su titulación. A contra pelo de lo que se han llenado la boca, es lo mismo para el gobierno una familia afincada en el campo que tiene las tierras a su nombre que un fideicomiso financiero que nadie sabe su propiedad. Otra muestra de absurdo doble discurso.

Tritura cualquier intento de aumentar la mano de obra. Este impuesto no se puede descontar ante nuevas inversiones, o aumento del empleo. Por tanto, lejos de promover la contratación, los empresarios ante situaciones críticas, deberán de prescindir de presupuestos abultados para poder pagar este absurdo.

Y lo que es peor, este es un impuesto que impone una nueva discriminación al campo, frente a otros sectores de la sociedad que también se vieron beneficiados por el contexto internacional. Siguen sin entender que al igual que una farmacia, un camión o una industria, la tierra es de sus propietarios, no es una cooperativa en donde todos pueden opinar, hablar y decidir.