El Salvador: El puerto de La Unión y sus tarifas

En efecto, todo indica que, siguiendo las recomendaciones del sentido común, se efectuará un concurso para concesionarlo entre operadores que demuestren tener la capacidad técnica y comercial de hacerlo según parámetros internacionales. No hay mucho que inventar.

Es cierto que la recomendación de concesionar el puerto vino del Banco Mundial, lo cual es quizás una coincidencia. Me refiero a que un organismo internacional demuestre tener sentido común. En este caso lo tuvo.

Un primer paso en el análisis del asunto, vital para evitar manipulaciones dialécticas, es utilizar las palabras correctas, refiriéndose a los operadores como tales. Y no como inversionistas.

Porque en esencia no lo serán, no nos confundamos. A lo sumo aportarán ciertas fianzas para garantizar su operación, y gastarán parte de sus ingresos para darle mantenimiento a obras construídas por el Estado. Punto.

Aunque bien pudieron (y debieron) haber sido inversionistas, si el puerto se hubiera pensado, hace más de seis años…, como una obra en la cual una empresa privada aportase los 200 millones de dólares que el Estado innecesariamente desembolsó. Una fortuna que debiera haber sido destinada a educación y salud, por ejemplo.

Pero eso ya no tiene vuelta atrás. Lo importante es que pronto habrá un operador prestando los servicios de uso de canal de acceso, de remolcaje, de atraque/desatraque, de estadía, de estiba/desestiba de contenedores, de uso de grúas, y demás actividades que evidentemente deberán tener un cuadro tarifario previsible. Tanto para el operador, que vivirá de su cobro, como para los clientes, para quienes será un costo.

La semana pasada funcionarios de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) hacían referencia a la potestad que dicha entidad tiene para regular tarifas, un punto clave y técnicamente complejo, para el cual sin embargo debería buscarse la mayor claridad conceptual posible.

Es por ello oportuno hacerse algunas preguntas que pueden arrojar luz sobre las respuestas: ¿Quién pagará las tarifas portuarias? Las empresas que deban contratar los servicios indicados, sea para exportar o para importar mercaderías: si se encarecieran las exportaciones por la adopción de tarifas arbitrarias, perderían quienes trabajan en las empresas exportadoras. Si se encarecieran las importaciones, perderían los consumidores.

¿Hay que comparar las tarifas con las de puertos cercanos? Obviamente, y de forma permanente, porque siempre estará la alternativa de atracar, por ejemplo, en Puerto Quetzal. Asimismo, las tarifas deberían ser máximas, debiendo tener el operador la potestad de cobrar menos. Sin reducir la calidad del servicio, claro.

Además, el operador debería estar inhibido de tener intereses en la operación de puertos que compitan con La Unión.

¿Qué ingresos tendrá el Estado? Además del impuesto sobre la renta al operador y a toda la actividad que se generará en el puerto, en el pliego de concesión debería indicarse que el operador le pagará al Estado un canon mensual por uso de sus activos.

Y quien ofrezca el pago más alto, habiendo cumplido con los requisitos técnicos y con las garantías financieras requeridas, debería ser declarado ganador.

En su reciente visita a El Salvador, Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, habló precisamente de estas cosas. Paradojas latinoamericanas: mientras en Chile un presidente socialista concesionaba la inversión de obras de infraestructura, en El Salvador un gobierno de derecha las hacía con fondos públicos. Dirán que la oposición de entonces no hubiera aprobado concesionar semejante inversión. Es muy probable.

Sin embargo, nada es tan cierto como que los unos y los otros deberían dejar de vivir en la época de la guerra fría, cuando tienen la posibilidad de darle a El Salvador una paz calurosa en La Unión. Bien calurosa.

Hasta la próxima.

El autor es Ingeniero, Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y columnista de El Diario de Hoy.