Todo empieza por la derogación del Obamacare

Diario de América

Supongamos que alguien – digamos, el presidente de los Estados Unidos – propusiera lo siguiente: estamos hasta el cuello de deudas. Más de 14 billones de dólares ahora mismo. Tengo una gran idea de reducción del déficit. Producirá un ahorro de 230.000 millones de dólares en los próximos 10 años: Elevamos el gasto 540.000 millones de dólares al tiempo que subimos los impuestos 770.000 millones.

Se le consideraría el tonto del pueblo. Y sin embargo, esto es precisamente lo que reivindican los Demócratas como virtud del Obamacare. Durante el debate en torno a las tentativas Republicanas de revocarlo, uno de los principales ganchos de los Demócratas ha sido que el Obamacare reduce el déficit – y por consiguiente la derogación lo eleva – 230.000 millones de dólares. Oiga usted, la Oficina Presupuestaria del Congreso dice exactamente eso. 

Muy cierto. Y muy convincente. Hasta que te das cuenta de dónde salen las cifras. El director de la Oficina Presupuestaria del Congreso Douglas Elmendorf explica en su "análisis preliminar de la H.R. 2" (la derogación sanitaria Republicana): "La Oficina Presupuestaria del Congreso anticipa que promulgar la H.R. 2 probablemente daría lugar, para los ejercicios 2012 a 2021, a una reducción en la recaudación fiscal en el entorno de los 770.000 millones de dólares y a una reducción del gasto del orden de 540.000 millones".  

Como apuntaba el editor de National Affairs Yuval Levin cuando sacaba a la luz esta notable perla, es una forma desastrosa de reducción del déficit: un incremento radical del gasto, rematado con un incremento aún más radical en impuestos nuevos.

Por supuesto, las mismas cifras que producen esta "reducción del déficit" de 230.000 millones son para empezar fraudulentas. La Oficina Presupuestaria del Congreso está obligada a aceptar cada premisa, promesa (de futuros recortes del gasto público, por ejemplo) y truco contable cronológico que el Congreso le remita. Todo lo que hace la Oficina Presupuestaria del Congreso es llevar a cabo el cálculo y escupir el resultado.

En la práctica, toda la ley del Obamacare se ingenió para dar lugar a una cifra  contable favorable en la Oficina Presupuestaria del Congreso. Lo más evidente, que la nueva prestación social que crea — protección sanitaria subvencionada por la administración para 32 millones de estadounidenses — no entra en escena hasta el año 2014. Se diseñó deliberadamente de forma que cualquier proyección durante esta década solamente abarcara seis ejercicios de gasto — al tiempo que esa misma proyección a 10 años plasmase 10 ejercicios de recaudación fiscal. Con 10 años de entradas de liquidez frente a seis años de desembolso, el resultado es una cifra positiva — es decir, hay reducción del déficit. Qué sorpresa.

Si cree que eso es audaz, piensa lo siguiente: El Obamacare no crea solamente una nueva prestación (cobertura sanitaria para todo el mundo); en realidad crea una segunda — atención a largo plazo. Con una población que envejece, y con una atención sanitaria a largo plazo que se está encareciendo extraordinariamente, esta promesa será por fuerza el mayor destructor presupuestario de la historia del Estado del bienestar.

Y aún así, en los cálculos de la Oficina Presupuestaria del Congreso, este nuevo derecho social a la atención a largo plazo reduce el déficit a lo largo de los próximos 10 años. En 70.000 millones, nada menos. ¿Cómo es posible? Recaudando ahora las primas, y no pagando ninguna prestación durante los 10 primeros años. Al instante: un superávit (temporal). Como destacan el ex director de la Oficina Douglas Holtz-Eakin y los académicos Joseph Antos y James Capretta, "Sólo en Washington la invención de un nuevo programa social temerario se podría utilizar de 'contrapeso' con el que propiciar la llegada de otro derecho social". Yo señalaría además que sólo en Washington una estafa tan patente puede recibir el nombre de "Ley CLASS" (acrónimo de Ley de Apoyo y Servicios de Asistencia Primaria Comunitaria).
 
Que una ley de reforma sanitaria de un tamaño y repercusión tan desproporcionados, que pone patas arriba la sexta parte de la economía estadounidense, se pueda haber vendido de forma tan fraudulenta es sorprendente, hasta para los estándares de Washington. ¿Qué deben de hacer los Republicanos?
 
Argumentar. Explicar las fraudulentas cifras, tan aburrido como pueda ser el ejercicio. Mejor aún, convocar vistas legislativas y dejar que el director de la Oficina Presupuestaria del Congreso, cuya integridad es intachable, explique las cifras por su cuenta.
 
Sin duda, el efecto sobre el déficit no es el único criterio a través del que juzgar el Obamacare. Pero la discusión a diestro y siniestro de cifras de gancho tan engañosas cuestiona la fiabilidad del resto de las reivindicaciones que se hacen gratuitamente del Obamacare. Como la repetida promesa de que todo aque

l que le guste su actual cobertura sanitaria podrá conservarla. Sólo en el caso de que su jefe se la siga ofreciendo, claro. De hecho, millones de trabajadores van a quedar a la deriva porque sus patronos tienen todos los incentivos para desembarazarse de ellos en las cuentas públicas.
 
Esto no exime a los Republicanos de preparar un sustituto sanitario. Serán juzgados y se les debe juzgar en función de lo bien que su alternativa afronte las necesidades de los que no tienen seguro y las inquietudes de los actualmente asegurados. Pero modificar una ley demencialmente complicada, contradictoria, incoherente y arbitraria de 2.000 páginas que genera decenas de miles de páginas de reglamentos es un imposible integral. Todo parte de la derogación. 

© 2011, The Washington Post Writers Group