Los derechos de los «terroristas»

BBC Mundo

Todo el que ha visto una serie policial de la televisión estadounidense está familiarizado con las imágenes de agentes de la ley esposando a un sospechoso, mientras le recitan la letanía de que "tiene derecho a permanecer en silencio" o a "tener un abogado".

Son los derechos consagrados en la llamada "advertencia Miranda", que, desde finales de los años sesenta, es considerada uno de los pilares del sistema legal estadounidense y la mayor protección de la población contra los abusos policiales.

Esa tradición podría estar a punto de cambiar a raíz del fallido intento de hacer detonar explosivos dentro de un vehículo estacionado en una céntrica calle de Nueva York, el pasado sábado 1 de mayo, si prospera la propuesta del Secretario de Justicia, Eric Holder, de establecer excepciones en casos de sospechosos de terrorismo.

Adicionalmente, el senador independiente Joe Liberman, presentó un proyecto de ley para retirarle la nacionalidad estadounidense a ciudadanos como el presunto autor del fallido atentado de Times Square, Faisal Shazhad.

Excepciones legales

Cuando el año pasado, el secretario Holder asumió su puesto, expresó el deseo de "regresar al imperio de la ley", en contraste con los atajos que se habrían tomado en tiempos de George W. Bush.

Entre las modificaciones establecidas por el gobierno demócrata, está la decisión de prohibir torturas en interrogatorios o procesar a sospechosos de terrorismo en cortes federales, otorgándoles los beneficios de la ley, medidas muy cuestionadas por los republicanos.

En diciembre pasado, tras el intento de hacer estallar un avión en Detroit, sectores conservadores cuestionaron que la policía otorgara al sospechoso el derecho a permanecer en silencio.

Igual crítica se hizo en el caso reciente de Nueva York, algo que motivó a Holder a decir durante una entrevista televisada que podrían presentarse cambios a la ley Miranda. .

Algunos consideran que la idea es "extremadamente confusa", sobre todo porque emparentaría al gobierno del presidente Barack Obama con la filosofía de excepciones legales que establecieron los republicanos durante la llamada "guerra contra el terrorismo".

Este jueves, en una sesión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Lamar Smith, el republicano de más alto rango del Comité, aseguró que "tratar a los terroristas como a delincuentes comunes hace a los estadounidenses menos seguros".

Peligro inminente

Durante esa comparecencia, Holder pareció tomar distancia de sus polémicas declaraciones, asegurando que una reducción o suspensión de los derechos Miranda debe ser analizada "caso por caso".

Actualmente, la policía puede posponer la lectura de los derechos en caso de que exista un "peligro inminente" para la seguridad pública y se tema una acción que podría ser evitada usando información que el detenido ofrezca en el momento.

Algunos quisieran que se estableciera una excepción adicional, en el caso de extremistas, para saber más sobre las organizaciones a las que pertenecen, forzando un poco el concepto de "inminencia".

"Desmantelar gradualmente la Constitución nos hará menos libres, pero no nos mantendrá más seguros", aseguró Laura Murphy, directora de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés), la mayor organización de defensa de derechos ciudadanos de EE.UU.

"Desilusiona escuchar al señor Holder proponer que los estadounidenses puedan cambiar su libertad por la seguridad. El Congreso debe rechazar esta propuesta y el argumento subyacente de que la Constitución no funciona", afirmó Murphy.

Fuentes del Departamento de Justicia declinaron comentar para BBC Mundo el tema, alegando "que está siendo estudiado por una comisión especial", que será la que dará a Holder sus recomendaciones finales.

Sin nacionalidad

Más polemica, pero al parecer menos viable, es la propuesta de Lieberman, conocida como Ley de Expatriación Terrorista.

Al presentar su idea, Lieberman aseguró que grupos extremistas están aprovechando a ciudadanos estadounidenses para que "entren al país a realizar actos terroristas" sin ser detectados.

Pero parece ser menos viable porque como "lo más seguro es que cualquier legislación que se vote y que debilite derechos consagrados, como los de Miranda, va a ser questionada por inconstitucional", le dijo a BBC Mundo, bajo condición de anonimato, un miembro de equipo de uno de los demócratas que integra el Comité Judicial del Senado.

Sin embargo, hay causales que permiten que la nacionalidad pueda ser revocada, como en el caso de estadounidenses que combatan por un ejército extranjero o presten juramente de lealtad a un gobierno enemigo de EE.UU.

Expertos legales no creen que se pueda entrar en un debate constitucional que consideran innecesario, porque recuerdan que otra de las razones por las que se puede perder la nacionalidad es cometer "actos de traición contra la nación", algo que en el caso de un atentado piensan que sería fácil demostrar en un tribunal.

Miranda en Arizona

En 1966, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que la policía de Arizona había atropellado el derecho constitucional a no incriminarse de Ernesto Arturo Miranda, quien había confesado ser culpable de violación.

En ese caso conocido como Miranda vs Arizona, la Corte sentenció que los detenidos deben ser informados que no tienen que responder a la policía y que, si decidieran hacerlo, pueden contar con un abogado.

El juicio contra Miranda fue anulado, y tras un nuevo proceso fue condenado a 30 años de prisión. En 1972 obtuvo libertad bajo palabra y por un tiempo vendió tarjetas autografiadas con los"derechos Miranda".

Nunca logró un trabajo estable y en 1976 murió en un riña callejera.

A su asesino la policía le "leyó sus derechos", o lo "mirandeó", como se dice en inglés, despúes de que el apellido Miranda se convirtiera en verbo.