Venezuela: Arrecia la persecución política y el ciber-acoso

Infolatam

Caracas. – Ha sido una característica distintiva del gobierno de Hugo Chávez Frías atemorizar y desmoralizar a la oposición política venezolana de diversas formas, sobre todo cuando se encuentra en campaña electoral, lo cual ha pasado a ser un hecho casi permanente en su decenio presidencial. Paradójicamente, las elecciones se han convertido en un poderoso instrumento para legitimar su régimen autoritario de hecho y de ir liquidando poco a poco el sistema democrático del país.

La persecución política no ha quedado fuera de la política de intimidación gubernamental, aunque disimulada y justificada bajo un dudoso manto legal claramente anticonstitucional. Para las elecciones regionales de 2008, para sólo dar un ejemplo, el gobierno – a través de la Contraloría General que, como los diversos poderes públicos, responde a la línea oficialista – inhabilitó sin sentencia firme de un tribunal, es decir de manera inconstitucional, a 400 ciudadanos, impidiéndoles así postularse a dichos comicios. Fue una evidente maniobra política para sacar del camino electoral a muchos candidatos opositores con buenas posibilidades de triunfo.

Sin duda, el sistema judicial venezolano ha sido utilizado como una forma de persecución política, lo que ha dado lugar a que se hable de una creciente "judicialización" de la política en Venezuela. Ya van más de 30 personas detenidas o perseguidas de esta forma.

De modo que las imputaciones y las consiguientes medidas de captura y privativa de libertad que han tenido lugar en esta semana en contra del dirigente político Oswaldo Álvarez Paz y del presidente del canal de televisión Globovisión, Guillermo Zuloaga, se enmarcan esencialmente en la nueva estrategia de intimidación que el chavismo desarrolla como parte de su campaña a las elecciones legislativas del próximo 26 de septiembre.

La diferencia con las imputaciones del pasado es que éstas atentan directamente, sin rodeos, a la libertad de expresión. A estos opositores, y a otros que estás persiguiendo, se les acusa por dar opinión en contra del presidente Chávez y su gobierno. Así de simple.

A Álvarez Paz se le imputan los delitos de conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa (delitos que podrían acarrear sentencias de cárcel entre 13 y 27 años) por opiniones emitidas en el programa Aló Ciudadano de la televisora opositora Globovisión, acerca de la investigación que realiza la Audiencia Nacional de España sobre la supuesta cooperación del gobierno venezolano con las organizaciones terroristas FARC y ETA. Para el gobierno, el ex candidato presidencial emitió declaraciones que forman parte de una "campaña internacional contra Venezuela" iniciada por los medios de comunicación.

A Guillermo Zuloaga se le ha detenido por los cuestionamientos que le hiciera a la política gubernamental en la más reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la isla de Aruba, el pasado 20 y 21 de marzo. La Asamblea Nacional bolivariana solicitó al Ministerio Público abrir una investigación penal en contra del empresario por considerar que "realizó falsos y graves señalamientos en contra del presidente Chávez, con la intención de criminalizar y dañar la imagen del gobierno". Se trataría de un delito de ofensa y vilipendio a la primera autoridad del Presidente de la República.

Además de negar las disposiciones sobre libertad de expresión contenidas en la Constitución Nacional, en la Convención Americana y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esta política ya sistemática del gobierno venezolano de amedrentar y acallar la opinión disidente, de imponer una especie de censura previa, va más allá de la oposición. También va dirigida al chavismo, a todas aquellas voces críticas de civiles y militares que se vienen manifestando dentro del partido oficialista, el PCUV, o en sus aliados el PCV y el PTT. De allí las amenazas del propio presidente Chávez a sus seguidores en sus recientes mítines públicos. Por ahora no ha habido detenciones, pero podrían darse en cualquier momento.

Aún más, la política busca silenciar toda opinión o denuncia que se produzca en la sociedad venezolana en contra de las autoridades gubernamentales. Esto también explica los ataques de Chávez en contra de las redes sociales y nuevos medios cibernéticos como el Facebook y Twitter, a los cuales calificó de terroristas. No contento con ello, solicitó públicamente a los diputados de la Asamblea Nacional preparar una ley para el control de Internet.

Ahora bien, cabría preguntarse si esta nueva arremetida logrará realmente su cometido o si más bien producirá mayores críticas y descontentos en la sociedad venezolana. Los resultados de la encuestadora nacional Datanálisis del pasado febrero, indican que el comandante Chávez perdió cuatro puntos de popularidad en dos meses y que el 66% de los consultados siente que el país está mal y va para peor.

A estas alturas de la polarización política y en medio de una campaña electoral, veo poco probable que la sociedad venezolana se silencie. Por el contrario, podría hacerse sentir aún más que en el pasado y no sólo a través de los medios de comunicación, sino mediante más y mayores protestas públicas. Incluso, podría echar mano a la desobediencia civil y al desconocimiento de la autoridad como vía de lucha opositora. No es la primera vez que sectores de la oposición plantean esa posibilidad, la cual contempla la Constitución Nacional vigente desde 1999, en su artículo 350.

Lo peligroso de esta medida extrema es que podría darle al gobierno la muy conveniente justificación de suspender las elecciones legislativas. Ello, sin duda, sería nefasto para la oposición y la sociedad democrática venezolana.