Los economistas y la propiedad
Un importante grupo de economistas -18 de los más destacados del país y a quienes no se les puede calificar de derechistas, capitalistas salvajes o cualquiera de esos epítetos con los cuales el régimen trata de descalificar a los que no comparten la ideología del socialismo del siglo XXI- elaboraron el documento Venezuela necesita cambiar de rumbo, en el que diagnostican la grave situación de la economía y sugieren algunos cambios que evitarían que la nación se lance por el precipicio que se ve tan cercano.
La radiografía muestra un cuerpo desecho, maltratado por la aplicación de un conjunto de políticas equivocadas, orientadas a implantar un modelo económico anacrónico, excluyente y sectario, que ha fracasado en todas las sociedades donde se ha instaurado. El complemento inevitable de ese esquema contranatura es el autoritarismo y la represión, prácticas a las cuales el Gobierno recurre cada vez con mayor frecuencia y en ámbitos cada vez más variados y profundos.
Del camino emprendido por el oficialismo, que conduce "al fracaso económico, la pobreza y la pérdida de libertades", quiero destacar el componente relacionado con la "política sistemática de reducción, expropiación o destrucción del aparato productivo privado", pues aquí se encuentra uno de los puntos clave de la debacle nacional. Esta labor de exterminio se ha llevado a cabo "en el marco de una grave afectación a los derechos de propiedad" e "incertidumbre jurídica". Con el fin de "concentrar mayor poder económico y político en el Estado, el Gobierno ha procedido a realizar numerosas expropiaciones y confiscaciones de empresas del sector agrícola, agroindustrial, industriales y construcción, y últimamente en el sector comercial".
Cito estos textos de forma literal porque quienes lo suscriben no son abogados, sino economistas. Algunos años atrás, estos profesionales no le habrían concedido tanto peso a la superestructura jurídica en la explicación de los graves desajustes que afectan a Venezuela. El análisis habría tomado otros rumbos más propios de la Ciencia Económica: la obsolescencia de la planta industrial, la baja productividad del factor trabajo, la escasa remuneración del capital, los vaivenes del mercado internacional y otros argumentos de tenor parecido. Ahora la situación ha variado sustancialmente. Aquellos factores, aunque pueden estar presentes, no son los determinantes del colapso económico. La razón fundamental de este fracaso reside en el socialismo del siglo XXI, pues este régimen se parece demasiado al comunismo del siglo XX y a la Cuba actual: estatismo, colectivización, hostigamiento de la propiedad privada, violación de las leyes de mercado, predominio de una burocracia política arrogante, indolente e incompetente, inseguridad jurídica de los inversionistas privados (cuando se les permite mantener un nicho).
Para mantener engrasados los engranajes del aparato productivo, es decir, para que la producción de bienes y servicios satisfaga el incremento sostenido de la demanda, resulta indispensable crear confianza y mantener una atmósfera en la que prevalezca la estabilidad y la certeza en el futuro. El curso de la economía no se decide dentro de los límites de la producción, la distribución, el intercambio y el consumo, sus cuatro esferas fundamentales, sino en un terreno más amplio en el cual la seguridad jurídica y la protección a los derechos de propiedad sirven de plataforma para mantener esa confianza sin la que ninguna sociedad prospera.
La animosidad contra el sector privado que estamos presenciando en los días que corren, es hermana gemela de esa visión atrasada según la cual el Estado y el Gobierno poseen el monopolio de la justicia social. Así piensan los comunistas más ortodoxos, los que siguen idolatrando la figura de ese marxista poco cultivado que fue el Che Guevara. Según ese reduccionismo absurdo y antihistórico, el objetivo de la revolución bolivariana debe orientarse a ensanchar las fauces del sector público y reducir a su mínima expresión la iniciativa particular.
El documento de los economistas, según el cual "es necesario cambiar de rumbo", incluye como pieza central de ese giro "el respeto a los derechos de propiedad". Sin la observancia rigurosa de este mandamiento, no es posible que Venezuela atraiga las inversiones nacionales y foráneas que requiere, ni que pueda competir con los países que les brindan seguridad jurídica a quienes se arriesgan a colocar el capital en su territorio.
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