El Salvador: Telefonía cara, populismo barato

Esas cosas ocurren en todo el mundo. El problema, sin embargo, se torna mucho más grave en países donde la tolerancia social al populismo es demasiado alta. Y donde la solidez institucional de los entes reguladores es demasiado baja. Tal como suele ocurrir en América Latina. Incluyendo, evidentemente, a El Salvador.

La actual discusión sobre uno de los componentes de la tarifa de la telefonía fija, como es el "uso de red", pone en evidencia ambos comportamientos equívocos.

Los legisladores no son inocentes (nunca lo son), pues queriendo congraciarse con la población olvidan que existe una Ley de Telecomunicaciones, por ellos aprobada, que en su Art. 1 dice que "la presente Ley tiene por objeto normar las actividades del sector telecomunicaciones, especialmente la regulación del servicio público de telefonía".

Dicho artículo indica también que "se establece que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) será la entidad responsable de aplicar y velar por el cumplimiento de … esta Ley y su reglamento".

El Art. 8 de la Ley agrega que "las tarifas máximas del servicio público de telefonía serán determinadas y aprobadas por la SIGET". Y el reglamento de la Ley, en su Art. 78 y subsiguientes, detalla con precisión la metodología a aplicarse.

La página web de la SIGET, finalmente, señala que su misión es "regular los sectores eléctrico y de telecomunicaciones … para garantizar que responda al interés general, a los derechos de los usuarios y de los operadores, en forma transparente". Elegantes palabras.

No es función del legislador, en consecuencia, modificar las tarifas políticamente. Se trata de asuntos de alta complejidad que requieren de un conocimiento técnico y de una capacidad de análisis económico que los excede. Esa capacidad la tiene, o la debiera tener, un organismo técnico especializado. Como se supone que es la SIGET.

Las empresas proveedoras del servicio de telecomunicaciones tampoco son inocentes. Es cierto que están sujetas a la inseguridad jurídica. Pero también es cierto que con una institucionalidad más sólida estarían inhibidas de cometer los excesos a los que nos tienen acostumbrados.

Entre ellos se destacan, por ejemplo, la caprichosa negativa a facilitar la portabilidad del número para cambiar de proveedor (aumentaría la competencia), la insólita falta de colaboración para desactivar aparatos robados (se reduciría abruptamente el robo de celulares), y la arbitrariedad con que cambian el menú de canales de TV por cable: de repente quitan FOX Sports y se inventan el cobro de un plus si uno quiere ver fútbol.

Se entiende que no me refiero estrictamente al fútbol, sino a la manipulación de la oferta. De eso estamos hablando.

El tema específico del cargo por "uso de red" en telefonía fija, cuya problemática los diputados parecieran haber descubierto súbitamente, ya había sido observado en un paper del profesor Eduardo Engel, de la Universidad de Yale, publicado en enero de 2005 con el título de "Una agenda pro-mercado para El Salvador", al señalar que entre 1998 y 2002 había incrementado su valor en más de un 20%, por estar vinculado al nivel de inversiones.

A dicho estudio lo recogió luego la CEPAL, con la publicación de "Competencia y regulación en las telecomunicaciones: el caso de El Salvador", firmado por Pedro Argumedo, de FUSADES. ¿Qué hizo entonces la SIGET?, ¿qué hace ahora?

Es preocupante que incluso personas capaces, pero sorprendidas en su buena fe, como alguien con quien hablé días pasados, crean que "los diputados sacaron la cara por el pueblo".

No es cierto. Simplemente aprovecharon que las instituciones no funcionan para hacer populismo barato. Que es tan nocivo como la telefonía cara.

Hasta la próxima.

El autor es Ingeniero, Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y columnista de El Diario de Hoy.