Argentina: Dialogar sí, dejarse extorsionar no
Tan loco es todo lo que pasa hoy en Argentina que el jueves pasado se vio a Hebe de Bonafini haciendo una marcha en Plaza de Mayo apoyando a Cristina Fernández en el pago de la deuda. Porque, finalmente, el discurso que desató el escándalo y el apoyo de Bonafini tuvo que ver con el uso de las reservas para pagar la deuda.
Mientras el gobierno habla de intentos destituyentes y que le ponen palos en la rueda, la oposición, salvo Carrió, salió con un discurso de dialogo y de bajar las revoluciones en el enfrentamiento. Es comprensible el discurso político de la oposición, aunque también me pregunto si no estará aterrorizada de pensar que, en cualquier momento, los Kirchner les pueden tirar el gobierno por la cabeza y dejarles el fenomenal lío que armaron para que lo resuelva otro. De todas maneras, la pregunta es: ¿es posible entablar un diálogo con el matrimonio?
Durante casi 7 años el matrimonio hizo todo tipo de estropicios económicos e institucionales. Se peleó con todo el mundo. Acusó a medio país de conspirar. Adelantó las elecciones de medio término para acomodarlas a su conveniencia. Inventó las candidaturas testimoniales. Perdidas las elecciones, y sabiendo que ya en diciembre no tendría mayoría en el Congreso, despreció el resultado electoral y aprovechó la mayoría transitoria que le quedaba hasta diciembre para sancionar la ley de medios, la de reforma política, estatizar las transmisiones de fútbol y aprobar una ley de presupuesto que al poco tiempo quedó en evidencia que era un dibujo insostenible. Tan dibujada estaba esa ley de presupuesto para el 2010 que antes de entrar en vigencia ya tenía una gruesa reforma mediante fue el famoso decreto del Fondo del Bicentenario que dejó en evidencia el agujero fiscal que tiene. Trató de echar a Martin Redrado sin cumplir con las formas. Mientras Cristina Fernández inauguraba las sesiones legislativas del 2010, en un operativo tipo comando, se apoderaba de las reservas. Y cuando quedó al descubierto la maniobra Fernández se hace la ofendida y amenaza con no respetar los fallos de la justicia.
Estos son solo algunos de los hechos que pueden señalarse (el listado es infinitamente más largo) para mostrar el desprecio que siempre han tenido por el dialogo y las instituciones. Un recuerdo más, en el 2008 desató un conflicto con el campo por la famosa resolución 125 que Cristina Fernández quiso imponer sin pasar, como correspondía, por el Congreso. Cuando vio que el país se le iba de las manos, tuvo que ir al Congreso en donde finalmente perdió. Pero en el medio hubo infinidad de reuniones entre funcionarios del gobierno y la Mesa de Enlace que solo eran simulacros de negociación. Ni bien empezaban, Kirchner dinamitaba todo tipo de acuerdo.
Estos y muchos más son los antecedentes del matrimonio. No dialogan. Solo imponen. El problema es que ahora ya no tienen la mayoría en el Congreso y la justicia le empieza a frenar todos los atropellos institucionales que quieren cometer.
Frente a esta realidad, me parece absurda la postura de la oposición de decir bajemos las revoluciones. La función de la oposición es limitar al Ejecutivo y hacerle respetar las normas republicanas de gobierno. Si bien es cierto que el arco opositor está compuesto por partidos de ideologías diferentes (aunque no sé hasta que punto tan diferentes), lo concreto es que el 28 de junio pasado la gente votó para que se le pusiera un límite a los atropellos kirchneristas.
Es por eso que la oposición no puede venir ahora a decir que hay que bajar las revoluciones o parar la pelota. Eso implicaría que, por miedo a que los Kirchner les tiren el gobierno por la cabeza, le vuelvan a consentir sus caprichos y arbitrariedades.
El problema no es, entonces, que la oposición se vengue, ni le ponga palos en la rueda, el problema es doble. Por un lado no puede permitirse que queden impunes los atropellos institucionales y abusos del poder. Un señor como Moreno no puede irse pancho a su casa luego de lo que hizo. Tampoco Marcó del Pont que fue participe del operativo comando para tomar las reservas del Central. Alguna vez tiene que establecerse un escarmiento para quienes abusan del poder público, porque sino, en nombre del diálogo, se deja de lado el respeto a las instituciones que tanto reclama la oposición y queda sentado el antecedente de que el que venga pueda hacer lo mismo que los Kirchner. Por otro lado, los Kirchner tienen que aceptar que deben gobernar sometidos al Estado de derecho y si no les gusta el sistema republicano de gobierno pueden subirse al helicóptero. Argentina no se va a acabar porque el matrimonio se vaya.
Podrá argumentarse que deben seguir para hacerse cargo de los destrozos que hicieron, pero tampoco puede por sostenerse esta idea a costa de permitirles que sigan destruyendo las instituciones bajo la extorsión de “hacen lo que yo quiero o les dejo el lío a Uds”. Los Kirchner tienen que hacerse cargo de lo que hicieron pero dentro del marco institucional. No puede la presidente de la Nación decir que no va a respetar los fallos de la justicia y la oposición decir que todo está bien en nombre del diálogo.
Justamente, el problema que se le presenta ahora al matrimonio es que tendrán que enfrentar los líos que hicieron dentro del respeto a las instituciones. El drama para ellos es que parecieran no estar dispuestos a asumir los costos políticos, y solo pretenden que les permitan seguir sobreviviendo consumiendo activos y confiscando patrimonios.
Si Cristina Fernández no tuvo hasta ahora un juicio político es porque la oposición no tiene los dos tercios para impulsarlo. Pero hay funcionarios del gobierno que han cometido barbaridades jurídicas sobre los cuales debería caerles todo el rigor de la ley. ¿Por qué? Porque si, por nombrar dos casos emblemáticos de los atropellos kirchneristas, Moreno y Marcó del Pont pagan por haber violado las instituciones y haber abusado del poder, difícilmente los Kirchner vayan a encontrar a otra persona que esté dispuesta a cumplir sin condicionamientos con los dislates que se le antoje al matrimonio. Si Cristina Fernández no está dispuesta a aceptar la división de poderes y continúa avasallando las instituciones escudándose en que no hay dos tercios en el Congreso para frenarla, entonces se la frena aplicándoles el rigor de la ley a los funcionarios que sean funcionales al comportamiento autocrático. En ese caso quedarían aislados y limitados para cometer nuevos atropellos institucionales.
Insisto, nadie dice que no hay que dialogar, sino que por dialogar no se puede dejar pasar por alto los atropellos cometidos o permitirles otros por miedo a que renuncien.
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