Justicia para Guatemala

Siglo XXI

Geopolíticamente visto, el Estado de Guatemala ha sido víctima, no verdugo. Sus autoridades, por desgracia, con frecuencia han sido cómplices, voluntarios o no, de su martirologio, sobre todo porque han mantenido en la oscuridad al respecto a la gran mayoría de sus conciudadanos. 

Por ejemplo, cuando Don Alfredo Skinner Klée, entonces Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ubico, redactó el 26 de agosto de 1931 una respuesta al Embajador británico sobre las “fronteras” de Guatemala con Belice, y aceptó la versión que de las mismas le había hecho llegar el día anterior (¡celeridad diplomática!) el enviado de Su Majestad con base en cálculos de un ingeniero inglés y otro guatemalteco, el gobierno de Ramsey McDonald se encargó de inscribir ese mero canje de notas en la Liga de las Naciones como un Tratado internacional, y ante ello los gobiernos sucesivos de Guatemala permanecieron sin reaccionar. 

Lo mismo se repitió con el canje de notas en 1999 entre el canciller Eduardo Stein y el gobierno esa vez beliceño, la “clarinada” como se le conoce entre los funcionarios, cuando el gobierno de Arzú redujo la totalidad del reclamo guatemalteco a su mitad, es decir, a sólo el territorio entre los ríos Sibún y Sarstún. Pero, ¿desde cuándo se podría reconocer por Guatemala lo que Belice jurídicamente no posee?…  Encima, ¿bajo qué cláusulas constitucionales podría un Ministro negociar partes del territorio de la República de Guatemala? 

Y hoy, ¿en qué se apoyará ante La Haya el gobierno de Álvaro Colom? ¿Con cuáles documentos, alegatos, exposiciones ya dados a conocer públicamente en cualquiera de las negociaciones anteriores se sustentará nuestro reclamo sobre Belice? 

Por el simple hecho, sin embargo, de que Guatemala sabiamente haya al fin escogido la vía jurídica con prioridad a cualquiera otra -—como siempre debería haber sido—, nos congratulamos todos. 

Por otra parte, el hoy “independiente” Estado de Belice ha declarado, por boca de su ex primer ministro George Price, que “not one inch”, ni una pulgada, de ese enclave caribeño en Centroamérica jamás será devuelto a Guatemala. 

Todavía en 1947, empero, Guatemala contaba a su favor con el voto de un 95% de los entonces países miembros de las Naciones Unidas. Para la reunión posterior de la OEA en Caracas en 1954, dieciocho de los veinte Estados ahí representados (con las excepciones de Brasil y los EE.UU.) aprobaron una resolución introducida por la República Argentina contra la presencia de potencias extracontinentales, la que apuntaba sobre todo al Reino Unido y a sus colonias del Caribe y de las Malvinas. 

Para 1981, no obstante, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la “independencia” de Belice por la resolución 36-3 con 144 votos a favor, 11 delegados ausentes y sólo uno en contra (el nuestro). 

¿Qué habría pasado en el entretanto para que ni siquiera los Estados centroamericanos se mostraran solidarios con la posición de Guatemala? 

Estaba Lucas en el poder y la insurgencia se había encargado de desacreditar profusamente su régimen en las Naciones Unidas y entre ciertos gobiernos cuidadosamente escogidos de Europa y de la América del Norte. Tampoco nuestra Cancillería dio muestras de haber dejado atrás su habitual letargo. Y la prensa, la TV y la radio guatemaltecas, en parte amordazadas, relegaron a un segundo plano tal causa. A ello, por lo tanto, hizo eco la ciudadanía en general. 

En fecha tan reciente como el año 2002, tras una exposición de un joven y brillante internacionalista guatemalteco que hacía sus estudios de posgrado en la Universidad de Leyden, en Holanda, dos de tres jueces de la Corte Internacional de Justicia en La Haya allí presentes le aseguraron que nuestros argumentos jurídicos podrían salir victoriosos ante esa Corte. 

Y le añadieron que quedaban a la espera de verlo de nuevo… y pronto.

Y como me lo narraron lo transmito.