En defensa del mensajero

Están equivocados, pero muy equivocados, quienes creen que los periodistas poseen "licencia para despotricar" contra cualquier ciudadano, institución o sociedad; al menos hay tres dinámicas, en un ambiente de democracia y de libertad de expresión, que inhibe o pone límites a la labor de comunicación informativa.

Una, las leyes, las leyes propias de un Estado de Derecho que regula y formaliza no sólo el respeto al otro, sino que también garantiza los deberes y derechos de los ciudadanos. La Constitución Política como las leyes secundarias, civiles y penales, garantizan, por ejemplo, el honor, la imagen de las personas; castigan la difamación, la calumnia, la mentira.

Dos, los códigos de ética institucional o de gremio, los principios deontológicos a los que todos los periodistas nos sometemos.

Y tres, los principios a los que nos sometemos personalmente los periodistas decentes, los que tenemos por norma la búsqueda de la verdad, con respeto hacia las personas, en un ambiente de democracia y libertad.

Por si fuera poco, el trabajo periodístico tiene que seguir una serie de procedimientos para convertir los hechos en información noticiosa; el debido proceso informativo implica cumplir con el proceso investigativo elemental, la confrontación de los hechos con diversas fuentes, incluidas aquellas que no están de acuerdo. Posteriormente se formulan los hechos mediante una redacción limpia, clara y directa que, por lo general, pasa por una serie de personajes, desde la redacción básica del periodista hasta la supervisión del editor (o editores), sin olvidar a los correctores de estilo.

Un médico o un ingeniero, con el respeto que me merecen, cuando el uno está en la sala de operaciones o el otro sobre la mesa de dibujo haciendo cálculos de resistencia (ahora se hace con computadora), suponen tener principios éticos claros y definidos pero se "aplican" antes o después del hecho técnico: la cirugía en cuanto tal, o el cálculo en sí mismo, es una actividad técnica.

En cambio, en el periodismo la práctica implica en sí misma decisiones éticas en el instante de la elaboración noticiosa: el mentir es lo más burdo, pero también puede ser no tomar en cuenta la opinión de la contraparte en un hecho noticioso o no interpretar adecuadamente los datos, ya sea por falta de elementos técnicos, ignorancia o mala fe.

A qué viene todo esto, se preguntarán algunos, la respuesta es sencilla: la Corte Suprema de Justicia, en particular la Sala de lo Constitucional, está debatiendo si derogan una ley que garantiza la práctica periodística en El Salvador; pero no sólo es esto, sino también, como en el pasado, algunas autoridades del actual gobierno, de instituciones de seguridad e incluso del partido en el poder, se atreven a señalar que la labor periodística debe coartarse. Acusan a los periodistas de inventar y atacar a diestro y siniestro. Un jefe policial cuestiona la labor de la prensa porque ésta suele llegar a la escena del crimen antes que la policía.

Es más, el Presidente de la República, un periodista de profesión con más de veinte años en los noticieros de televisión, se quejaba de éstos porque poco o nada informan sobre los hechos positivos, como por ejemplo los golpes al crimen. ¡Qué rápido se olvida de la dinámica del periodismo!

La situación de inseguridad que padece el país requiere que la labor de los periodistas y de los medios de comunicación sea contundente, buscando en todo momento brindar la información necesaria para que la población no solo conozca los detalles de la violencia sino el combate que lleva a cabo el Estado para defenderse y lograr vencer la criminalidad; no hacerlo es negar la finalidad de la prensa y casi convertirse en cómplice.

El autor es Editor Jefe de El Diario de Hoy.