Populismos contra la libertad de expresión

ABC Digital

A los políticos de todo el mundo les resulta incómoda la libertad de expresión, puesto que les somete a un permanente escrutinio y una constante crítica, pero los gobiernos tienen maneras muy distintas de hacer frente a dicha incomodidad. Una manera de medir el grado de democracia y hasta qué punto una sociedad puede considerarse libre es el grado de coexistencia entre la libre expresión y los poderes públicos.

En un sistema realmente democrático y propio de una sociedad libre, los gobernantes aceptan las denuncias y críticas. Aunque les pueda resultar incómodo, permiten el normal desarrollo de la libertad de expresión, no como un mal menor sino como un bien necesario. No intentan constreñir la acción de los medios de comunicación en tiempos cuando internet ofrece infinitas posibilidades para la libre expresión de los ciudadanos.    

Cuando la relación entre libertad de expresión y poder político se desarrolla de manera diferente, no se puede hablar de democracia ni mucho menos de una sociedad abierta y libre. Los argumentos para tratar de imponer reglas basadas en la coacción y recorte de la libertad son múltiples, pero siempre esconden el objetivo final de acallar voces críticas. Es lo que se ve en diferentes lugares del mundo, como un Irak, donde se condena a un medio de comunicación extranjero por denunciar el autoritarismo del primer ministro y China, donde cincuenta ciberdisidentes están encarcelados desde hace años.   

El caso más terrible de represión de la libertad de expresión en Iberoamérica son los 16 periodistas asesinados en la región en medio año y los 27 profesionales de la información presos en cárceles cubanas, así como la paliza de la policía castrista a Yoani Sánchez y a otros dos blogueros independientes. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que gobernantes populistas de la región están imponiendo trabas a la difusión de mensajes críticos, inspirados por los controles de Hugo Chávez contra la libertad de expresión.   

Así, el Gobierno venezolano, el argentino y el ecuatoriano, entre otros, apelan a diferentes motivos para impedir el normal funcionamiento de los medios. El kirchnerismo reimpuso medidas de Perón y argumenta que la libertad de expresión no puede estar por encima de los derechos laborales del sindicato de “canillitas”, cuyos miembros son los únicos que pueden vender diarios y revistas. También legisla sobre la propiedad de los medios en nombre de una lucha contra fantasmagóricos monopolios. En otros casos, el argumento es que los periodistas solo deben decir “la verdad” o, incluso, ser fieles a los principios revolucionarios.   

La libertad de expresión no es algo que atañe solo a los periodistas y a los medios de comunicación. Es un elemento fundamental de toda sociedad libre y abierta. Cuando desaparece, el daño lo sufren todos los ciudadanos. Las restricciones a la libertad de expresión muestran el avance del autoritarismo en extensas regiones de América Latina.

El autor es miembro del Instituto Juan de Mariana, Madrid
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