¿Los asaltantes deben ser enjuiciados?

El Universal

Juan de Mariana, jesuita del siglo XVI, en su libro Del Rey, publicado en 1599 dedicado a Felipe III de España, señala que "el pueblo tiene el derecho de reclamar el poder político si el rey abusa de él porque cuando transfiere ese poder, se reserva para sí derechos naturales como vetar leyes y decidir sobre impuestos". A los venezolanos se nos confiscan los ingresos mediante el pago de una de las tasas de impuesto sobre la renta más altas del mundo, deducciones obligatorias, IVA, aranceles y comisiones de corrupción. Otros impuestos aún más confiscatorios son la inflación y la devaluación.

A pesar de que el año pasado el Presidente en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional señaló que la primera falla de su gobierno era la alta tasa de inflación, y por ello estaban reprobados, no se tomaron medidas para corregirla. La situación empeoró y se agravará aún más, vista la aprobación de la reforma de la Ley del BCV por parte de la Asamblea Nacional para financiar proyectos del Gobierno, según ordenes presidenciales. Este es el peor asalto que puede cometerse en contra del pueblo, porque significa terminar de confiscar los activos internacionales que respaldan el poder adquisitivo del bolívar, decretando ciclos de hiperinflación/devaluación. Por ello tenemos el derecho a vetar la ley y solicitar la renuncia y el enjuiciamiento de quienes nos asaltan.

Los ministros, el BCV, los diputados de la Asamblea y el contralor están obligados a instruir al Presidente sobre las leyes económicas, y la más evidente es que la inflación se genera por la mayor expansión monetaria y gasto fiscal que viene ejecutando el Gobierno: ese es un impuesto oculto sobre los ingresos de los ciudadanos porque el poder adquisitivo de estos cae bruscamente. Varias veces hemos advertido las consecuencias morales de la inflación, no por adversar al Gobierno, sino porque sentimos el impacto destructivo que significa empobrecer brutalmente a la población por negligencia de los responsables de las políticas gubernamentales. Veamos, con algunos ejemplos, cómo desde 1999 las políticas han confiscado nuestros ingresos, incrementado la desigualdad en su distribución y aumentado la pobreza:

* La tasa de inflación real promedio anual equivale al crecimiento de la liquidez monetaria, 33%, con el agravante de que la tasa más elevada es la del rubro de alimentos donde está el mayor consumo de las personas más pobres.

* La depreciación del bolívar ha sido en promedio anual 67% porque el tipo de cambio permuta es el que fija los precios de bienes y servicios. El dólar oficial sólo existe en el sueño de los gobernantes.

* La inflación, las tasas de interés negativas y la depreciación inducen a los que pueden a cubrirse externamente, invirtiendo en otras monedas, bonos, acciones, bienes, joyas y obras de arte. Lo cruel es que con la política de control del mercado permuta emitiendo deuda pública, benefician sólo a grupos privilegiados.

* No hay empleo porque cada día se confiscan más sectores productivos para destruirlos. La prueba está en que el PIB se contrajo 4,5% en el tercer trimestre de 2009 y a Pdvsa le cayeron las utilidades 67%. Ello trae como consecuencia que entre los que están en la economía informal, el desempleo y la población inactiva sumen 12.6 millones, 45% del total de la población, donde se concentra el mayor número de pobres que apenas perciben el sueldo mínimo de Bs. 967,50 mensuales, que equivale a $ 180.

* Luego preguntamos por qué existe delincuencia. Sencillamente porque la mitad de la población se muere de hambre, gracias a las políticas gubernamentales que acentúan la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso. Según el INE, 20% de la población de mayores ingresos recibe 49% de los ingresos totales, y el 20% más pobre, 4,5%.

* A pesar de los inmensos ingresos que nos confisca el Estado, la función real que debe cumplir no se cumple: la seguridad, peor imposible, no hay justicia, los hospitales públicos no funcionan, la infraestructura está destruida, hay racionamiento de divisas, de agua y de luz, mientras el jefe de Estado regala nuestro dinero a otros países.

* Le pregunto, contralor, si inhabilita y enjuicia por corrupción y malversación de fondos públicos a líderes de la oposición, ¿por qué no a los responsables de esas políticas dañinas, y a los diputados que aprobaron la reforma a la ley del BCV? Este asalto conducirá a una guerra, no contra de Colombia, sino contra los abusos gubernamentales.