Financiación transparente de los partidos políticos

Instituto Juan de Mariana

Se suceden los escándalos de tráfico de influencias y prevaricación de uno y otro partido político. Cuando el caudal de noticias relacionadas con tramas de corrupción es constante y cuando el número y la filiación de los encausados sólo dependen de la orientación de la veleta procesal de la Fiscalía, cualquier ciudadano honrado siente vergüenza e indignación.

Redes de medradores profesionales visitan los despachos de los dirigentes de los principales partidos políticos, reparten regalos para ganarse sus voluntades, organizan fiestas y eventos y, en definitiva, administran reuniones y cheques para financiar las campañas electorales o para reforzar la organización.

A cambio esos sinvergüenzas, esos representantes de las cloacas que corroen la ética y el buen hacer de una sociedad, logran jugosas contraprestaciones por medio de regulaciones, resoluciones administrativas favorables a sus intereses económicos y adjudicaciones de obras, contratas, suministros, concesiones administrativas, subvenciones o ayudas varias obtenidas "a dedo" y, por tanto, de modo moralmente deleznable.

La financiación ilegal de sus partidos políticos es una de las peores deficiencias que puede presentar una democracia, porque guía a sus instituciones por la ciénaga inmunda de la corrupción.

Han sido los ayuntamientos y su financiación por medio de la ley del suelo los que han permitido realizar las mayores tropelías administrativas en España con expropiaciones y recalificaciones de terrenos más que dudosas. Pero también operan mecanismos de financiación ilegal en los ámbitos nacional y autonómico por medio de las adjudicaciones de los contratos públicos de obras, servicios o suministros, ya que suponen un suculento pastel para los medradores que se acercan a los políticos para tentar su avaricia y satisfacer sus desmedidas ansias de poder.

Cuando no está bien resuelta la financiación de los partidos políticos es imposible que exista la libertad económica entendida como la libre interacción de los ciudadanos en mercados mínimamente regulados. Sin dotarse de una financiación transparente, nuestros políticos acaban buscando sus recursos financieros al mejor postor y, lamentablemente, suelen elegir el camino más directo y fácil pero también más oscuro e inmoral. En vez de dirigirse a los individuos que dicen defender, se dirigen a sus redes clientelares de empresarios "amigos" que les financian sus campañas a cambio de sus futuras canonjías.
Es una quimera pedir financiación transparente a personajes que ni siquiera son capaces de lograr un mínimo de democracia interna, con organizaciones monolíticas y mínima renovación de ideas y personas.

Sin embargo, si un Estado de Derecho tiene mal resuelto el tema de la financiación de los partidos políticos, la libertad económica no se conseguirá nunca ya que los diversos mercados quedan siempre "distorsionados" a favor de los corruptos; travistiendo el libre mercado con los ropajes de un amoral juego de intereses que bien puede definirse como capitalismo de Estado o mejor como socialismo de mercado.

Es decir, desde un punto de vista estrictamente liberal, los partidos políticos sólo defenderán los derechos y libertades individuales y el libre mercado si en su financiación prevalecen las aportaciones de los ciudadanos.

De otro modo, los partidos políticos otorgan mayor prioridad a la protección de los derechos de las grandes corporaciones que los financian de un modo más o menos opaco, con el objetivo final de conseguir favores gubernamentales vía leyes, regulaciones, concesiones públicas, contratos, obras…

Lo moralmente lícito sería implementar una ley de financiación de partidos, que elimine las aportaciones de fondos públicos y promueva las aportaciones dinerarias de los afiliados y simpatizantes por medio de una fuerte desgravación fiscal.

Por ejemplo, valdría una fuerte reducción del 75% (o superior) de las cantidades aportadas para la financiación de los partidos políticos en la Declaración del Impuesto de la Renta que realice cada ciudadano, pero siempre garantizando una completa transparencia de las cuentas contables de cada partido, auditadas y publicadas anualmente para el conocimiento de la opinión pública.