Táchira: La masacre de la discordia

Infolatam

Bogotá. – Ni con los cadáveres aún calientes de ocho jóvenes lograron serenar los ánimos y establecer una tregua. Las relaciones entre los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe parecen irrecuperables; cada paso que dan o cada hecho que ocurre, no hace sino distanciarlos más.

Todo lo que rodeó al secuestro, posterior masacre y repatriación de los cuerpos de los colombianos fallecidos en la matanza del Táchira, indican que las heridas siguen abiertas y supurando. Y que el mandatario bolivariano no tiene la menor intención de poner ni siquiera una tirita.

Las discrepancias surgieron en el momento mismo del rapto y se acrecentaron con el múltiple asesinato. Uribe aprovechó para repetir una cantaleta que a Chávez le disgusta sobremanera y que no es otra que el terrorismo es un dolor de cabeza compartido que deben combatir entre ambos. Le ofende porque entre líneas le reprocha que de cobijo a los guerrilleros. También ofreció su colaboración para proteger entre las dos naciones a los ciudadanos de las dos naciones, aún a sabiendas de que no será aceptada, y exigió el total esclarecimiento de los hechos.

Desde Caracas no quieren admitir la escalada violenta en sus estados fronterizos porque darían la razón a Uribe, a sus opositores y a la acusación de que ha convertido su país en un santuario subversivo y mafioso. 

De ahí  que mientras en Colombia se señala al ELN (Ejército de Liberación Nacional) como el más probable autor, dadas las características del grupo armado que perpetró el secuestro, en la Venezuela chavista se insiste en señalar a paramilitares. No hay que olvidar que el golpista califica de mafioso y paramilitar al ejecutivo de Uribe y que en el pasado ya hubo una trama para derribarlo en la que participaron antiguos miembros de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).

Una pista clave para entender que esos serían los autores preferidos por Caracas la dio la senadora colombiana Piedad Córdoba, abanderada del chavismo. Ella también les acusó de estar detrás de la masacre aunque no hay prueba alguna que lo avale.

El ministerio de Exteriores venezolano tiró otra piedra al rebufo de los trágicos acontecimientos. Indicó que el DAS –organismo de inteligencia colombiano- aprovechó la ocasión para espiarlos y tramar alguna suerte de conspiración. Envió una nota de protesta, la segunda en pocos días. Pese a que no había funcionarios, según Bogotá, de ese cuerpo en suelo vecino, la acusación tiene veneno y será motivo de fricción en el futuro cercano.

El DAS está  sufriendo una transformación radical y parte de su labor pasada, sometida al escrutinio público. Aún no han salido a la luz, pero es sabido que agentes del DAS realizaron labores de inteligencia al otro lado de la frontera e intentaron captar aliados entre los cuerpos de seguridad venezolanos con el fin último de perseguir comandantes de las FARC y capos que han hecho de Venezuela su guarida.

El día que el escándalo estalle en los medios, Chávez y sus secuaces alegarán que ya lo habían advertido sin tener de la contraparte una respuesta sincera, y será otro motivo para avalar la ruptura de relaciones.

Sobre la matanza en sí, es pronto para saber si los asesinaron los “elenos” o algún ejército de narcos muy bien armado. En Táchira y Zulia actúan tanto las FARC, el ELN como bandas mafiosas integradas algunas por ex paramilitares. Secuestran, extorsionan, trafican con coca, descansan, se entrenan y corrompen autoridades. Cualquiera pudo ser el autor, pero dadas las implicaciones para los dos países, el resultado de la investigación no será neutral, algo así como lo del 11-M, salvando las distancias. Y al igual que en el caso español, como las averiguaciones las llevarán a cabo solo venezolanos, salvo que arrojen algo que satisfaga políticamente a todos, las dudas acerca de la objetividad del procedimiento serán inevitables.