Legalidad y legitimidad de un gobierno

Correo del Caroní

La legalidad de los representantes electos de una sociedad para ejercer funciones públicas de gobierno, en todos sus niveles, se deriva precisamente del cumplimiento de las normas legales establecidas para dicha elección. Esto diferencia las autoridades legales de una nación de las surgidas de hechos de facto o golpes de Estado.

Pero ello no es el único requisito para asumir y mantener funciones de gobierno en representación de la sociedad.
 
Los funcionarios electos deben cumplir debidamente las responsabilidades para las cuales fueron electos, satisfacer las necesidades de sus electores y representar sus intereses, es decir interpretar sus inquietudes, sus expectativas, y actuar conforme al mandato que recibieron al ser electos. De esa manera mantienen el apoyo recibido de ellos al designarlos para dichos cargos.

Cuando los funcionarios o gobernantes electos dejan de escuchar y representar las inquietudes, la voluntad y las expectativas de sus representados, cuando olvidan que son servidores públicos de la sociedad, traicionan las esperanzas de la gente, e incumplen sus promesas electorales, pierden la legitimidad de su mandato.

Más grave aún, cuando dichos gobernantes traicionan a su pueblo, torciendo el rumbo de su acción de gobierno en dirección contraria a las promesas electorales que lo llevaron a obtener el voto de la sociedad, cuando cambian la satisfacción de la voluntad popular por la imposición de sus propias ideas e intereses, diferentes y aun contrarios a los requerimientos de la sociedad, y pretenden ser los dueños y señores de la misma, pierden el apoyo popular, es decir pierden la legitimidad de su mandato.

Y un gobierno, debe ser tanto legal como legítimo. 
 
Es lo que en términos de las normas internacionales, tales como la Carta Democrática de la OEA, se diferencia entre la legitimidad de origen, la que se deriva del apoyo inicial de los electores manifestada a través del voto, y la legitimidad en el ejercicio del mandato. Ambas son necesarias para que un gobierno sea legítimo, para que mantenga la representatividad de la sociedad.

Es un principio reconocido históricamente en las doctrinas de las ciencias políticas a nivel mundial, el derecho de las sociedades a desconocer a los gobiernos o autoridades que hayan perdido la legitimidad de su mandato por actuar en contra de los intereses de sus representados.

En estos tiempos en los cuales un gobernante electo intenta imponer a nuestra sociedad un modelo de gobierno y de sociedad contrario a nuestros intereses, a nuestra decisión manifestada al ser consultada a través del voto y reflejada cada día con mayor claridad y consistencia en las consultas al pueblo a través de las encuestas, cabe preguntarse, ¿tiene este gobierno legitimidad?

Tal parece que la respuesta evidente a esta pregunta es lo que tiene asustado al gobierno. La incapacidad para dar respuesta a las inquietudes de la gente, el deterioro constante de su calidad de vida, y la caída vertiginosa del apoyo popular debe tener preocupado al gobierno. Realmente tiene razones para tener miedo.

Y acentuar la instalación de su modelo autoritario utilizando indebidamente los poderes públicos, las amenazas y la represión no parece la mejor receta para recuperar la legitimidad y el apoyo popular. Muy por el contrario, para su pesar el asunto opera al revés. Para esperanza de mejor futuro para los venezolanos.

Los pueblos jamás renuncian a sus derechos, a su libertad y a sus luchas. Jamás se rinden. Y el nuestro tiene  tradición de coraje y libertades.