Ley de medios «K»: Debilitar al mensajero para poder controlar el mensaje

Clarín

La proclamada intención de impedir la concentración excesiva de medios encubre, en el proyecto de ley que impulsa el Gobierno, un ataque frontal a la radiodifusión privada independiente y el avance de un sistema estatal de dudosa autonomía política. La resultante es la amenaza cierta de un severo recorte en el ejercicio ciudadano de derechos constitucional y universalmente consagrados como el libre acceso a la información y la libertad de expresión.

Las cadenas de radios privadas quedan limitadas al 30 por ciento de la programación diaria, fuera del horario central y con la prohibición expresa de incluir publicidad ajena a la que comercialice la estación local. Se restringe la libre circulación en todo territorio nacional de una programación independiente, y se mina la sustentabilidad económica de las cadenas o redes privadas permanentes. En cambio, las emisoras estatales no tendrán límites para difundir programaciones en cadena.

El ánimo hegemónico del texto oficial restringe los contenidos de las cadenas privadas a extremos insostenibles. Tanto como si se exigiera a los diarios editados en Buenos Aires que publiquen un setenta por ciento de información local para poder circular en ciudades del interior. O se le impusiera a una señal de televisión por cable que el 70 por ciento de sus contenidos sean producidos en cada plaza en que se emite.

El argumento de la "limitación del espectro radioeléctrico" es hoy inadmisible, ya que en cualquier localización un usuario puede sintonizar en su receptor más de cuarenta estaciones. Aceptar hoy esa premisa podría llevar mañana a que, invocando la escasez de papel, se obstaculice la libre circulación de diarios, revistas y libros.

Tampoco se considera que una programación radial es una obra única e integral. Un diario se ordena en secciones pero integra un todo. Los capítulos de un libro se integran en una unidad. Reducir a un segmento la programación radial en cadena equivale a imponer a un diario que sólo algunas de sus secciones puedan circular en el territorio nacional. Quienes accedan a Internet -siempre que el Estado no lo regule- podrán ejercer la libertad de oír lo que quieran y cuando quieran. Curiosa discriminación a quienes no están conectados a la red.

Un radiodifusor puede explotar hasta diez licencias, siempre que su cobertura no supere el 35 por ciento de la población. Como el área metropolitana reúne al 32 por ciento, las radios del interior no podrán tener emisoras en Buenos Aires, y viceversa.

Un aspecto poco mencionado es que la desarticulación de las cadenas de radio privadas suprime su importante rol integrador de las distintas geografías y culturas del país.

La injerencia del Estado en los contenidos de la radiodifusión cruza fronteras sólo violentadas por las dictaduras. Se establecen tipos de contenidos obligatorios, se fijan horarios para algunos de ellos y hasta se limitan los cambios de programación. La obligatoriedad de emitir un 30 por ciento de música de autores o intérpretes nacionales plantea situaciones rayanas en el absurdo. Deberá explicarse con frecuencia a los oyentes que no se pueden satisfacer sus pedidos "por falta de cupo". La difusión de artistas arraigados en el gusto popular, como los Beatles, Shakira, Julio Sosa, por citar tres ejemplos -la lista es interminable- estará severamente limitada por su condición de extranjeros. Y hasta será necesario acreditar de manera fehaciente la nacionalidad del mismísimo Carlos Gardel.

Además, el 50 por ciento de la música emitida deberá originarse en producciones independientes, cuyos valores artísticos e inserción en el gusto popular pueden resultar una incógnita. Los radiodifusores deberán comprar sus derechos, además de seguir pagando las tasas a las entidades autorales. El cercenamiento de la publicidad en cadena y de las emisiones simultáneas de una programación por AM y FM en la misma localización bloquea herramientas útiles para la comunicación publicitaria de amplia cobertura y valor tarifario superior. Rompe la economía de escala.

La radiodifusión privada perderá a los grandes anunciantes, quienes tendrán en las emisoras estatales la única alternativa de cobertura de gran alcance. Con lo cual se empujará a una verdadera "estatización" de un segmento importante de la publicidad nacional. Se atenta también contra la formación de empresas de radiodifusión sólidas, actualizadas tecnológicamente, estables y con potencialidad de crecimiento.

La iniciativa oficial desalienta la inversión porque somete la única prórroga de plazo al dictamen de una Audiencia Pública -susceptible de ser perforada por la política o la competencia desleal-, obliga a liquidar la empresa al cesar la licencia y limita la libre disponibilidad de las cuotas de capital de los licenciatarios.

En contraposición, el Estado dispondrá de una porción de licencias sustancialmente superior a la actual, amplio espacio decisorio en la futura Autoridad de Aplicación -con mayoría oficialista- y poderosas herramientas de control.

En suma, un escenario de atomización y atraso tecnológico de la radiodifusión sonora privada -que redundará en precarización del empleo y deterioro en la calidad de los servicios- y altamente propicio para la censura, el disciplinamiento y la manipulación desde el poder político de turno.

El autor es Director General de Cadena 3 de Argentina.