Sobre elecciones y democracias

ABC Digital

A mediados de mayo, los cuatro relatores para la libertad de expresión de la ONU, OEA, Europa (Organización para la Seguridad y Cooperación) y Africa (Comisión Africana de Derechos Humanos), nada menos, emitieron una declaración conjunta sobre medios de comunicación y elecciones. En síntesis, reclamaron la vigencia de la libertad de expresión como condición imprescindible e ineludible para garantizar y legitimar los actos electorales. En otras palabras, los relatores dijeron que no se puede hablar de elecciones libres y democráticas si no hay libertad de prensa.

La noticia paso casi desapercibida. Sin embargo, el reclamo o advertencia de los relatores tiene hoy más vigencia que nunca, por cuanto, sobre todo en la región, se da por hecho que si hay elecciones, hay democracia. No importa cómo se llevaron a cabo. En qué contexto, quiénes las controlaron y particularmente si los ciudadanos, los votantes, contaron con todas las posibilidades para saber qué y a quiénes iban a votar, y a quiénes y para qué les iban a delegar su poder. 

En materia de elecciones y trampas electorales, desde siempre se ha sostenido con sólida base jurídica que una de las formas de fraude más efectiva y disimulada es la que se concreta en el tiempo previo a las elecciones. Esto es, a través del abuso de poder: persecuciones judiciales, fiscales o de las que sean necesarias, a opositores; uso sin límites del aparato del Estado; utilización de los dineros públicos favoreciendo con publicidad oficial a los medios amigos, destinando fondos a los dirigentes aliados y directamente entregando dinero o “regalos” a electores, en especial a los menos pudientes, y, por supuesto, restringiendo la libertad de expresión mediante el ataque a la prensa y periodistas independientes, a los medios opositores y usando los medios públicos a gusto y gana a favor de los candidatos del poder. 

Es precisamente sobre esto último que versa la declaración de los relatores. Ellos reclaman garantías para la pluralidad de los medios de comunicación y “derogar las leyes que restrinjan indebidamente la libertad de expresión y las normas que atribuyen responsabilidad a los medios de comunicación por difundir declaraciones realizadas directamente por partidos políticos o candidatos”. (Para casos concretos, Venezuela es un ejemplo bien ilustrativo). 

Piden los altos funcionarios “establecer sistemas efectivos para prevenir amenazas y agresiones contra los medios”. (Sobre este punto conviene profundizar con especialistas como Hugo Chávez, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Correa, Uribe y Ortega). 

También reclaman los relatores que se aprueben leyes que “prohíban la asignación discriminatoria de la publicidad oficial basada en la opinión política”. (Por más datos ver Uruguay, Argentina, Ecuador, Guatemala, México, Honduras, Nicaragua). 

Para los medios de comunicación públicos, es decir, los del Estado, los que en la práctica se manejan desde el gobierno de turno, los relatores dicen que deben estar obligados a “informar al electorado, respetar reglas estrictas que aseguren la imparcialidad y el equilibrio y asegurar el acceso equitativo a todos los partidos políticos y candidatos”. (En este aspecto sería interesante un estudio comparativo sobre lo que pasa en Argentina, Venezuela, Nicaragua y todos aquellos países donde existen “medios públicos”).

Es una declaración que vale la pena difundir. Sería bueno, por ejemplo, que Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, se la hiciera llegar al Secretario General de la organización. Quizás, el doctor Insulza, terminados los festejos por sus recientes éxitos, le podría “echar una vichadita” a ese documento y ya de paso, también a la Carta Democrática de la OEA.