La ruina del clientelismo racial

Diario de América

No habían transcurrido ni 20 segundos del alegato de la defensa ante el Tribunal Supremo de lo que el consistorio de la ciudad de New Haven, Connecticut, había hecho a Frank Ricci y a otros 17 bomberos de raza blanca (incluyendo un hispano) cuando el presidente del Tribunal John Roberts interrumpía a la defensa la mañana del miércoles para preguntar: ¿Habría sido legal que el consistorio hubiera decidido desechar los resultados del examen de ascenso por haber elegido a demasiados o muy pocos candidatos blancos?

En 2003, el consistorio realizó pruebas de ascenso — preparadas por una empresa especializada en pruebas laborales, y aprobadas, tal como exige la legislación federal, por expertos independientes — a 118 candidatos, 27 de ellos negros. Ninguno de los negros alcanzó la nota mínima para acceder a los 15 ascensos disponibles con efecto inmediato. Después de que un auxiliar agitador con vínculos familiares con el alcalde interrumpiera las reuniones y advirtiera de catastróficas consecuencias políticas si el ayuntamiento ascendía a las personas incluidas en la lista fruto de los resultados de los exámenes, el consistorio anunciaba: nadie va a ser ascendido.

El ayuntamiento considera esto un resultado "racialmente neutral" porque ningún colectivo resultó más perjudicado que los demás. Así pues, la idea de trato igualitario que tiene New Haven consiste en negar ascensos a aquellos que no se los ganaron y a aquellos, incluyendo a Ricci, que se los merecían.

Ricci podría ser la piedra de toque a cuenta de la que por fin se derrumba el clientelismo racial de América. Se preparó para los exámenes de 2003 abandonando su segundo puesto de trabajo, comprando más de 1.000 dólares en libros recomendados por el consistorio, pagando para que se los grabaran (es disléxico), tomando clases y practicando las entrevistas. Su disciplina de estudio — de 13 horas diarias en ocasiones — le hizo alcanzar la sexta mejor nota en los exámenes. Los demás a los que se les negó el ascenso y él acudieron a los tribunales, denunciando violaciones de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la garantía de igualdad ante la ley contenida en la Constitución.

El consistorio alega que la ley de 1964 le obliga a desechar los resultados del examen. La ley ilegaliza que el patrono discrimine a un individuo con respecto a "los términos, condiciones o privilegios del empleo a causa de la raza de tal individuo”. Y dos auspiciadores en el Senado de la ley de 1964, destacados progresistas ambos (el Demócrata de Pennsylvania Joseph Clark y el Republicano de New Jersey Clifford Case), insistían en que no exige "que el patrono prescinda por las buenas de auténticas pruebas de cualificación en las que, a causa de diferencias de educación y ascendencia, los miembros de algunos colectivos pueden desenvolverse mejor en los exámenes que los miembros de otras minorías”.

En el veredicto de un caso de 1971, sin embargo, el Tribunal Supremo sembró la duda al resolver que la ley de 1964 no sólo prohíbe la discriminación flagrante sino también "las prácticas que justas en la forma, son discriminatorias en su implementación”. Pero lo que ignoraba el consistorio de New Haven es que el Tribunal, aunque prohíbe pruebas que fueron "discriminatorias" al tener un "impacto dispar" sobre ciertas minorías privilegiadas, ha ratificado que un impacto dispar es ilegal sólo si existe, y el patrono se niega a adoptar, una medida igualmente válida de competencia que tenga un impacto no tan dispar, o si la medida no es relevante para "las necesidades del oficio”. Una de las débiles excusas que argumenta el consistorio para desechar los resultados de su examen fue que alguien de una empresa rival de la firma que preparó los exámenes dijo que aunque no había leído el examen que utilizó el consistorio, su compañía habría preparado un examen mejor.

New Haven no ha defendido su sistema implícito de discriminación positiva como remedio de discriminaciones previas, y no lo ha justificado como forma de alcanzar "la diversidad", que puede ser un objetivo admisible para las políticas de admisión de centros escolares, pero no en decisiones laborales. En su lugar, el ayuntamiento argumenta que tenía razones para ignorar los resultados del examen porque de lo contrario se enfrentaría a una demanda por "impacto dispar”.

De forma que, para evitar defender lo defendible ante un tribunal, defiende lo indefendible. Se valió del temor a una demanda potencial amparada en el reglamento para justificar su violación de la Constitución. Y fue llevado a juicio.

Los sistemas de clientelismo racial implican por necesidad un perjuicio constante porque exigen una cortina retórica de eufemismos y categorías equívocas (por ejemplo, medidas "racialmente conscientes" que de alguna forma no constituyen discriminación racial) para maquillar verdades evidentes, como que: si Ricci y media docena de bomberos más con notas elevadas no fueran blancos, el consistorio habría llevado a cabo los ascensos.

Algunos partidarios del consistorio de New Haven, reconociendo quizá su bancarrota intelectual al defenderlo, proponen una medida conciliatoria: devolver el caso al tribunal de la jurisdicción para que aclare la motivación que tenía el ayuntamiento. Pero la motivación es evidente: lucrarse políticamente de lo que Roberts ha considerado "el sórdido asunto" de "racionarnos en función de la raza”.

© 2009, Washington Post Writers Group