Ecuador: ¿Se tolera la barbarie?

El Universo

Durante las últimas semanas la sociedad ecuatoriana ha sido expuesta a imágenes y videos de sucesos violentos en comunidades indígenas. Varios miembros de la sociedad civil se han pronunciado firmemente en contra de tales excesos. Algunos de ellos, con o sin razón, le han asignado la culpa de estos hechos al reconocimiento de la justicia indígena en la nueva Constitución aunque cabe señalar que este reconocimiento existe desde que se lo plasmó en la Constitución de 1998.

Aquellos que han promovido la justicia indígena desde hace más de una década son los que más tienen que perder si no se demuestra claramente que la justicia indígena no atenta contra los derechos humanos y contra el Estado de Derecho. A ellos les corresponde salir a los medios e insistir a las autoridades que demuestren que por respetar “tradiciones ancestrales” e “identidades culturales diversas” no se permitirá que, por ejemplo, se flagele a individuos públicamente o se obligue a una mujer violada a casarse con su perpetrador.

Menuda tarea para los promotores de la justicia indígena que dicen promover simultáneamente los derechos humanos. Porque como dijo Carlos Jijón en el diario Hoy (2 de abril del 2009) en referencia al caso de una indígena cuencana violada por otro indígena de su comunidad (lugar en que la violación se “ajusticia” obligando a que la violada se case con el violador): “¿Qué clase de ‘Derecho’ puede obligar a una mujer a casarse con su violador?”.

Independientemente de quién o quiénes o qué tenga la culpa de estos brotes de salvajismo, lo que seguimos esperando es que alguien en el ‘Congresillo’, o su alter ego (el Presidente), o sus principales ministros, se pronuncien firmemente en contra de las barbaridades que se han cometido, violando el más mínimo debido proceso y los derechos humanos.

Se ha torturado con ortigazos, latigazos y linchamientos a indígenas, que antes que eso, son seres humanos y ecuatorianos con derecho a que se respete su inocencia antes de que su culpabilidad sea demostrada. Esa es la presunción de todo sistema jurídico occidental: uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en América Latina, afortunadamente, somos herederos de esa valiosa tradición occidental a pesar de que muchos líderes de las novedosas revoluciones bolivarianas insistan –irresponsablemente– en deshacerse de ella.

Frente a los violentos incidentes, muchos dirigentes indígenas y el fiscal Pesántez han declarado que “eso no es justicia indígena” o que eso es “un abuso de la justicia indígena”. Lo que esas declaraciones revelan es que no se sabe claramente qué es la justicia indígena y provocan la pregunta: ¿quién decide qué es la justicia indígena y cuándo se ha abusado de ella?

En un país donde se garantice igualdad ante la ley para cada individuo, no habría necesidad de justicia indígena (o afroecuatoriana, o montubia o mestiza, etcétera). Pero en Ecuador, donde el laberinto legal y la politización y corrupción del poder judicial son comunes, la igualdad ante la ley es solo un sueño. Y la barbarie parece tolerarse en los más altos niveles del poder porque, después de todo, están en campaña.