Constitucionalismo circunstancial

Diario de América

Clinton declaró entonces "escandaloso que la administración Bush pretenda saltarse a la torera al Congreso de los Estados Unidos en un tema que reviste un interés tan vital para la seguridad nacional”. Los legisladores que auspiciaron la propuesta de ley de Clinton incluían a Barack Obama y John Kerry, quien ahora preside el Comité de Relaciones Exteriores.

El pasado día 1 de agosto, el Senador Joe Biden presentó la S. 3433, que prohíbe la financiación de "un compromiso de seguridad destinado a, o un acuerdo en materia de seguridad con" Irak que no haya recibido la aprobación del Congreso. Biden estaba indignado a causa de que "los líderes de Irak planeen presentar el acuerdo ante su parlamento — pero nuestro presidente no”. El parlamento de Irak ha debatido y ratificado el acuerdo llamado "de retirada de las fuerzas de los Estados Unidos de territorio soberano iraquí y organización de sus actividades durante su presencia temporal en Irak”.

El documento estipula los deberes estadounidenses "durante la realización de operaciones militares" como parte de "la asistencia temporal" al gobierno iraquí siempre que actúen contra “al-Qaeda y otros grupos terroristas, grupos proscritos, o restos del antiguo régimen”. Y: “En el caso de cualquier amenaza o agresión interna o externa a Irak que pueda violar su soberanía, independencia política o integridad territorial, aguas territoriales, el espacio aéreo, su sistema democrático o sus instituciones elegidas democráticamente, y a petición del gobierno de Irak, las partes abrirán con efecto inmediato las deliberaciones estratégicas y, caso de poder ser mutuamente acordado, los Estados Unidos tomarán las medidas que procedan, incluyendo medidas diplomáticas, económicas o militares, o de cualquier otra naturaleza, para repeler tal amenaza”. El Senador James Webb, un Demócrata de Virginia que co-auspició tanto la propuesta de Clinton como la de Biden, decía que "cualquier" acuerdo con Irak debería recibir "el consentimiento explícito del Congreso”.

De acuerdo, Estados Unidos tiene "acuerdos de destacamento de efectivos" con alrededor de 115 países, y la mayoría de estos acuerdos fueron creados en virtud únicamente de la acción ejecutiva. El nuevo acuerdo con Irak, sin embargo, reviste más importancia que un acuerdo normal para el destacamento de efectivos militares. Además, después de toda la sangre y dinero consumidos en Irak, y tras las profundas divisiones entre los estadounidenses provocadas por la forma en que se justificó la guerra y se desenvolvió la ocupación, cualquier acuerdo negociado que formalice los presentes compromisos estadounidenses de seguridad o garantías a Irak debería tener la forma bien de un tratado que exija una votación de dos terceras partes en el Senado o de "un acuerdo ejecutivo-legislativo" que exija mayoría simple en ambas cámaras del Congreso.

Siendo Senadores, el presidente actual, el vicepresidente actual y la secretario de estado actual hicieron bandera de sus posturas a cuenta del principio de que las ramas legislativa y ejecutiva comparten responsabilidades en política exterior. Es, sin embargo, axiomático que la opinión que se tiene depende del cargo que se ocupa, y Obama, Biden y Clinton ocupan ahora el Poder Ejecutivo. De forma que puede que no sean tan dados a hacer bandera del principio de que el poder debe repartirse de forma que las decisiones importantes sean debatidas por fuentes rivales de responsabilidad. El constitucionalismo circunstancial no es nuevo, pero si Obama, Biden y Clinton lo suscriben ahora continuarán — y ratificarán — el agrandamiento de la rama ejecutiva iniciado por la administración previa.

Como Demócratas, Clinton, Obama y Biden estaban preocupados antes de las elecciones de que el Presidente George W. Bush pudiera obligar a su sucesor a seguir políticas repulsivas. Hay, sin embargo, una cuestión más importante aún en juego — el equilibrio constitucional entre las responsabilidades ejecutiva y legislativa en lo referente a las relaciones exteriores. Incluso si fuera seguro — no lo es — que las fuerzas estadounidenses van a estar fuera de Irak en una fecha concreta, eso no restaría importancia a la cuestión constitucional de su prominencia.

Estados Unidos, habiendo consolidado el gobierno constitucional en Bagdad, no debería dejar las cosas ahí. Si el Congreso va a continuar ejercitando su fuerza institucional atrofiada a causa del desuso bajo mayorías de ambos partidos y en relación a presidentes de ambos partidos — si el Congreso va a recuperar competencias a las que renunció en aras de la rama ejecutiva durante la Guerra Fría y otras guerras no declaradas — el Congreso debe debatir el nuevo acuerdo con Irak. Además, sería instructivo, y entretenido, ver a muchos Demócratas unirse a regañadientes a muchos Republicanos satisfechos en el elogio a un acuerdo, modificado quizá por este presidente, encaminado a prolongar una presencia estadounidense en Irak de alrededor de 50.000 efectivos, una presencia que ciertamente implica "compromisos o riesgos que afecten a la nación en conjunto”.

© 2009, Washington Post Writers Group