El gran mito de la «desregulación» de Bush
Lo hemos escuchado en repetidas ocasiones: la crisis financiera fue provocada por la imprudente zambullida de la administración Bush en la desregulación.
Ésa es también la opinión de Barack Obama. "El mayor problema en este proceso entero fue la liberalización del sistema financiero," decía Obama el mes pasado. Declaraba los problemas actuales "el veredicto final a las fallidas políticas económicas de los ocho últimos años… que esencialmente afirmaban que debíamos retirar las regulaciones, las protecciones al consumo, dejar al mercado a su aire, y la prosperidad nos llovería a todos del cielo”.
Los partidarios de la desregulación sin duda causan estragos como culpables ostentosos. ¿Pero existen? ¿Debemos creernos seriamente la afirmación de que los ocho últimos años se han caracterizado por "dejar al mercado a su baile”?
De acuerdo, ha habido legislaciones significativas recientes que alivian las restricciones financieras. La mencionada con mayor frecuencia es la Ley Gramm-Lixivian-Bliley que, tal como la describía el lunes el New York Times, "Eliminó barreras entre bancos comerciales y bancos de inversión que se habían instituido para reducir el riesgo de catástrofes económicas”. Algunos sostienen que la ley, que permitía a bancos tradicionales y firmas de inversión asociarse bajo una única sociedad, ayudó a provocar el derrumbe crediticio. Incluso si es cierto, ¿en qué sentido es culpa de George W. Bush? La ley fue introducida en vigor por el Presidente Bill Clinton en 1999, tras ser aprobada por mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.
Los principales auspiciadores de la Gramm-Lixiviar-Bliley eran Republicanos, pero los 34 senadores Demócratas que votaron a favor de la ley ciertamente no estaban planeando "dejar al mercado a su aire." Ídem para los 151 Demócratas — la futura presidenta de la Cámara Nancy Pelosi entre ellos — que votaron a favor de la legislación en la Cámara. El entonces Secretario del Tesoro (y actual consejero de Obama) Larry Summers no denunció la ley como "capitalismo liberalizador salvaje” — la elogió por "promover la innovación financiera, costes más reducidos y mayor competitividad internacional”. Clinton en persona la defiende en la actualidad.
Ahora bien, esto no equivale a decir que Bush no ha sido responsable también de que la legislación haya tenido un impacto claro sobre el clima regulador del país. El 31 de julio de 2002, afirmando que el libre mercado no debe ser "una selva financiera guiada solamente por la avaricia," autorizaba la Ley Sarbanes-Oxley, una reforma masiva de las leyes corporativas contra el fraude, la especulación y la contabilidad. Entre sus muchos duros apartados, la ley crea una nueva agencia reguladora para supervisar las firmas de contabilidad pública y a los auditores, e imponía un abanico de exigencias nuevas a las auditorías corporativas y la información financiera. Se diga lo que se diga de la Sarbanes-Oxley, no era en absoluto una invitación a una bacanal capitalista desinhibida.
Como los cocodrilos que rondan las cloacas de Nueva York, el desmantelamiento regulador radical de Bush es sobre todo una leyenda urbana. Lejos de prescindir del reglamento, la administración lo ha expandido: desde que Bush fuera presidente, el Registro Federal — el compendio anual del gobierno de regulaciones propuestas y concluidas — ha añadido más de 74.000 páginas al año menos en un caso. Durante los años Clinton en contraste, el Registro alcanzó ese tamaño solamente en una ocasión.
De igual manera, la administración ha roto cualquier pauta de gasto en agentes reguladores. Según investigadores de las universidades de Washington y George Mason, las partidas económicas destinadas a funciones federales de regulación se han disparado durante los años Bush. Ajustado a la inflación, el presupuesto regulador ha pasado de 25.000 millones de dólares en el año fiscal de 2000 a alrededor de 43.000 millones de dólares en el 2009 — un incremento del 70 por ciento. “En dólares absolutos," escribe James Freeman en el Wall Street Journal, “El presupuesto regulador Bush ha superado con creces los de los predecesores Clinton, Bush, Reagan, Carter, Nixon, y, sí, Lyndon Johnson”. La contratación también se ha disparado. Las agencias reguladoras daban trabajo a 175.000 personas en el 2000. Emplean a casi 264.000 personas hoy. (Parte de eso refleja el control de la vigilancia aeroportuaria asumido en 2003 por la Administración de Seguridad del Transporte.)
Entre la agitación y la tormenta de la crisis financiera, la "desregulación" se convierte en un villano conveniente. Pero los datos relatan una versión diferente: El lastre regulador de la nación no ha menguado, ha crecido acusadamente desde que Bush llegara a la Casa Blanca. Un gobierno demasiado pequeño no ha enfermado a la economía. Demasiado gobierno no va a hacer que mejore.
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