Obras públicas, préstamos privados

El Salvador

Sin embargo, no hay que olvidar que dicha expansión crediticia había sido originada en la no menos descontrolada manipulación a la baja de las tasas de interés de la Reserva Federal. Pecados públicos.

Siendo la iliquidez que azota al planeta hija de la desconfianza, es saludable notar que en El Salvador tanto el sector público como el privado buscan la forma de superar ambas carencias. La de liquidez y la de confianza.

El sector público muestra avances con la línea de contingencia de 1,300 millones de dólares del FMI, y con la línea de liquidez para el sector productivo de 500 millones de dólares del BID. Pero se queda corto en otras cosas.

El sector privado, por su parte, está proponiendo esquemas de reactivación que merecen ser analizados. Aun con ciertas observaciones.

En particular, la gremial de la construcción presentó la semana pasada una propuesta para potenciar su actividad económica compuesta de dos partes: infraestructura pública y construcción de viviendas.

Antes de avanzar, recordemos que en las obras de infraestructura pública, imprescindibles para toda sociedad, desafortunadamente se suelen sacrificar los criterios de eficacia y eficiencia por otros que riñen con la economía. Cuando no riñen con otras cosas.

Asimismo, muchas veces se consideran como "obras públicas" acciones que encuadrarían fácilmente en la figura popularizada por un conocido economista: cavar pozos para luego taparlos. Método arcaico. Pero habitual.

Sin embargo, lejos de desalentar las obras de infraestructura, lo que corresponde es incrementar su cantidad toda vez que sean eficaces para aumentar el bienestar general, y que en su ejecución prevalezca la eficiencia. De tal forma, además, se generarán muchos más empleos que con los habituales métodos arcaicos.

El sector público podría contribuir al aumento de eficiencia, y aquí es donde se queda corto, modificando la actual legislación vigente sobre las contrataciones, que según el art. 88 de la LACAP (ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública) impide formular ajustes de precios en contratos de menos de 12 meses de duración.

Dichos ajustes no siempre serán al alza: por ejemplo, quien hubiese cotizado hace tres meses debería ver reducidos sus cobros por insumos relacionados con el precio del petróleo. Es cuestión de auditar las fórmulas.

Por esa falta de ajustes muchas licitaciones quedan desiertas, ocasionando un triple perjuicio: las obras no se ejecutan, las empresas cierran, y no se generan empleos.

Claro que hay otros pedidos gremiales, hechos por ahora tímidamente y en voz baja, que no deberían atenderse, como por ejemplo que en las licitaciones públicas sólo puedan participar empresas nacionales.

Si algunas empresas extranjeras recibiesen subsidios por participar en licitaciones en El Salvador, tal como fue escuchado en los pasillos, habría que estudiar los casos puntualmente. Pero prohibirles su participación por decreto reduciría la competencia y aumentaría los precios. Que se pagan con sus impuestos.

El sector público también se queda corto al no promover con suficiente énfasis las asociaciones público-privadas, que con sus esquemas de "construir, operar, y transferir" (BOT, por sus siglas en inglés), han financiado en todo el planeta carreteras, plantas de tratamiento de efluentes, infraestructura eléctrica y transporte público. Aquí también, es cuestión de auditar las fórmulas.

Finalmente, en lo referente a la construcción de viviendas, que es la segunda parte de la propuesta de la gremial, no parece ser muy viable pues implica que el Estado subsidie entre el 2% y el 4% de la tasa de interés que los compradores acuerden pagarles a los bancos. Que afrontarían a su riesgo el resto de la cuota.

Los bancos ya vieron esta película en los Estados Unidos. Y quien se quema con leche, ve una vaca y llora.

Hasta la próxima.

El autor es Ingeniero, Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y columnista de El Diario de Hoy.