Guatemala: ¿A quién le importa el lío?

Por José Raúl González Merlo
Prensa Libre

El gobierno y la Empresa Eléctrica (EE) se traen una disputa por el precio que ésta última pueda cobrar por distribuir electricidad. Nunca falta un diputado trasnochado que considera esto como parte de nuestra “reconquista” en alusión al capital español mayoritario de la EE. ¿A quién le importa este lío? Nos debería importar a todos porque nos afectará a todos.

La EE alega que el gobierno no respetó las reglas del juego y fijó, de forma unilateral, el precio que le permite cobrar por la distribución de electricidad. El gobierno lo niega rotundamente y afirma que su decisión está enmarcada en ley. La EE cobra actualmente US$11 y quiere más. El gobierno dice que se debería de cobrar US$4 (64 por ciento menos de lo actual). ¿Qué precio es el correcto? No sabemos, porque el gobierno no permitió que la comisión encargada de determinarlo terminara su trabajo. Lo que sí sabemos es que es en interés de todos que el monto sea lo suficientemente razonable para que la EE pueda cumplir con sus obligaciones y siga invirtiendo. Si, como consecuencia del nuevo precio, la EE quedara en una situación de iliquidez o pérdidas, todos tendríamos un problema.

Los datos parecieran indicar que al gobierno “se le fue la mano” al fijar una tarifa de US$4; US$1 debajo de la tarifa de US$5 que estuvo vigente hasta el 2003. Es razonable pensar que cualquier empresa puede entrar en problemas al perder 64 por ciento de sus ingresos. Sin embargo, pronto sabremos qué pasará porque, como consecuencia de la medida, la agencia calificadora de riesgo Standard & Poors (S&P) vendrá a analizar las consecuencias financieras de este “evento relevante”. Si S&P determina que, bajo las nuevas condiciones, se ha puesto en riesgo la capacidad de pago de la EE procederá a penalizar su calificación de riesgo.

Lo anterior podría ser interpretado como un dictamen indirecto e independiente que el gobierno ha impuesto una tarifa arbitraria. Las consecuencias de esto podrían verse reflejadas más allá del daño financiero a la EE. Es un evento que puede interpretarse como un acontecimiento de riesgo político para Guatemala. Si ese es el caso, nuestra credibilidad, como destino de inversiones, puede quedar en entredicho. No hay peor cosa que un gobierno pueda hacer, para ahuyentar la inversión extranjera, que violar los contratos en perjuicio directo de un inversionista extranjero.

Guatemala no se puede dar el lujo de imitar a Venezuela. Necesitamos más no menos inversión en infraestructura eléctrica. Se puede lograr el mismo objetivo de manera responsable es un error pretender “defender los intereses del pueblo” al actuar de manera arrebatada e impulsiva. Es en interés de todo el país que el gobierno le ponga más atención a este problema. Nuestra reputación, como destino de inversiones, está en riesgo.