No equivocar el argumento

Este tema de las retenciones se ha convertido en un gran disparador para la discusión de ideas. Desde lo concreto, ha hecho y sigue haciendo, mucho daño, demasiado tal vez. Pero le ha aportado al país, seguramente sin intención, un debate que ya gano las calles. Como pocas veces, una discusión política ha pasado a ocupar la agenda de todos. No solo interesa a los afectados directos y a la clase política en general, sino que el ciudadano medio se siente involucrado en la cuestión. Incluso los que podrían pensar que poco tienen que ver con el tema, asumen que se verán impactados tarde o temprano.

A estas alturas cuesta entender la posición del gobierno. Sobre todo comprender esa visión, desde la lista de declamados motivos expuestos. Es posible que quienes defienden esas posturas tengan sus razones. Las deben tener. No han tenido, al menos hasta ahora, la honestidad intelectual de manifestarlas claramente. Hemos escuchado si, muchas menciones panfletarias y demasiados discursos de barricada.

Las razones reales, seguramente, son múltiples y evidentemente muchas de ellas imposibles de mencionarlas abiertamente. Pero como no las han expresado con suficiente sinceridad, solo resta la alternativa de especular con ciertas hipótesis al respecto.

Aún asumiendo esas mentiras y omisiones oficiales como verdades, preocupa mucho mas las postura de la dirigencia rural, quienes intentando oponerse a la decisión oficial, recurren a argumentos mal seleccionados y demasiado fáciles de rebatir.

Hemos escuchado y leído, hasta el cansancio, a demasiada gente inteligente, utilizando en el debate, argumentos tan débiles como insuficientes.

Intentar desacreditar la decisión gubernamental apelando a su inconstitucionalidad o al supuesto alcance confiscatorio, es jugar el juego ajeno, cayendo así en la perversa trampa del poder.

La inconstitucionalidad de la decisión es evidente, pero ser ingenuos es un pecado en este caso. Ese sospechoso «olvido» del poder de turno, que cuenta con mayorías automáticas, y de ser necesario con mayorías especiales que adquiere con inusitada simplicidad, no ha hecho más que dejar espacio para que algunos planteen cuestiones formales y no se enfoquen en el nudo de la problemática.

A estas alturas nadie puede poner en dudas que este gobierno tiene sobrados números para lograr que todo esto sea parte de un prolijo proceso legislativo nacido en el Congreso, como en realidad hubiera correspondido. Y si alguna eventualidad circunstancial pusiera escollos en esa posibilidad, seguramente la ausencia de escrúpulos conseguiría lo que fuera necesario para cerrar el asunto.

Es cierto que este tema de la constitucionalidad no es un tema menor. Nadie puede pretender quitarle relevancia. Las formas, siempre importan. Pero en este caso, se trata de una «extraña» omisión oficial, demasiado evidente, que solo ha provocado que los intelectuales se enfoquen en exceso en esa cuestión que impide ver el fondo del asunto.

El abordaje, respecto de la confiscación, es muy delicado. Es más que subjetivo y opinable. Por ello se convierte en otro argumento débil para la confrontación política. Es difícil sostener, con cierta convicción, que 44 puntos es confiscatorio, pero 33 no. Encontrar el límite con precisión, es trabajo de expertos. Se abre entonces un espacio demasiado ambiguo para la discusión.

Ambos argumentos, la inconstitucionalidad y lo confiscatorio de las retenciones son, probablemente reales, pero insuficientes. Uno es solo una formalidad para quienes detentan mayorías matemáticas y pocos escrúpulos. El otro, queda navegando en un mar de ambigüedades subjetivas. Para colmo de males, en ambos casos dependemos de una justicia, que pretendemos independiente, para que finalmente actúe de contrapeso.

Por eso, enredarse en argumentos tan fáciles de destruir, es decididamente perder el tiempo, y además regalar el territorio más importante, el que tiene que ver con la ética y la moralidad de la decisión.

Las retenciones, así como las ha planteado este gobierno, son inmorales. Graba la comercialización de algunos productos con alícuotas diferentes. No es universal, es selectivo. Se queda con lo que genera un sector de la sociedad y, justificándose en el perverso argumento de la renta extraordinaria, establece un concepto de «culpa» por acceder a mejores precios, mercados en un entorno de condiciones favorables.

Vale la pena decirlo, el «hecho imponible» es exportar. Pensar que se puede discrecionalmente grabar algunas exportaciones y otras dejarlas de lado, es justamente romper con un derecho constitucional superior. «La igualdad ante la ley», de eso se trata, siempre es anterior a cualquier otro criterio.

Seguir apelando a la utilización de argumentos jurídicos que pueden ser sorteados con la dialéctica que mejor manejan quienes viven de esta forma de hacer las cosas, es hipotecar a generaciones por una torpeza evitable.

Es tiempo de actuar con mucha inteligencia y sentido común. La tarea de confrontar con profesionales de la política, amerita no solo tener la razón, sino estar dispuestos a exponerla sin atenuantes, ni minimizar lo que se piensa, para lograr lo que suponen un discurso políticamente correcto.

El tema de las retenciones es más simple de lo que parece. Pero no se puede subestimar al oficialismo, cayendo en la trampa de utilizar argumentos secundarios, que pueden volverse en su propia contra, para dejar el principal de lado. Las retenciones propuestas, por ahora, son inconstitucionales y confiscatorias, pero eso no es suficiente para convencer casi a nadie. El problema es que se trata de una decisión inmoral. Es tiempo de no equivocar el argumento.