Ecuador: Patear la inversión

Por Vladimiro Álvarez Grau
El Expreso de Guayaquil

Ya lo hemos dicho respecto a la política y la actitud de diversos gobiernos, que uno de los ejes fundamentales del desarrollo de un país es la inversión. La inversión productiva y la inversión financiera. Tanto la inversión nacional como la inversión extranjera.

La inversión consiste en la acción de poner capital para la ejecución de alguna obra, para la instalación de alguna empresa, la realización de algún negocio, o para la consecución de un objetivo social.

Hubo una época en que los conceptos ideológicos contrarios a economías globalizantes llevaron a limitar o impedir la inversión extranjera no solamente mediante la adopción de políticas gubernamentales, sino dictando normas nacionales y multinacionales de control a dicha inversión, bajo la equivocada creencia de que así se fomentaría la inversión nacional y el desarrollo de la soberanía de nuestros pueblos.

Una de esas concepciones limitativas a la inversión extranjera, fue la que se plasmó al inicio de los años 70, dentro del Pacto Andino, con la célebre Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, del cual nuestro país fue uno de sus más disciplinados ejecutores. Debemos recordar que en aquel entonces, un Canciller brasileño dijo con mucha sabiduría “Yo no sé si esa limitación a la inversión extranjera beneficiará a los países que la han adoptado. Lo que sí estoy seguro es que esa Decisión 24 beneficiará a Brasil, que no forma parte de los países andinos.” Y tuvo razón. Los resultados están a la vista…

Desde entonces, con altos y bajos, la economía brasileña se ha convertido en una de las más fuertes de América, y en uno de los sistemas más atractivos para la inversión nacional y para la inversión extranjera. Nuestro país, por su parte, también con altos y bajos, superando las anteriores limitaciones, se esforzó durante muchos años por fortalecer su legislación societaria y empresarial brindando confianza y seguridad a los inversionistas, trató de descartar ideologías extremistas que satanizan el papel del empresario y de la inversión, y puso en vigencia un conjunto de políticas y leyes que tendían a incorporar al sistema formal de la economía una serie de negocios que se desarrollaban al margen de la legalidad y de la responsabilidad social.

Pero, desafortunadamente, con el actual gobierno nuevamente irrumpen criterios, conceptos, ideologías y vibrantes, poéticos y melancólicos discursos de quienes no entienden la importancia que tiene la inversión para el desarrollo de un país, para mejorar la producción y la productividad, para volver a nuestro país más competitivo, para contribuir a su desarrollo económico y social, para la generación de puestos de trabajo, y, en definitiva, para que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida.

Actualmente no solamente es que a través del Gobierno y la Asamblea sometida a sus órdenes se pretende poner controles a la inversión, sino que, además, es evidente el afán de satanizarla y perseguirla como si fuera contraria a los intereses del Estado y del pueblo, calificando a inversionistas y empresarios como “corruptos” y “apátridas”, y estableciendo en nuevas normas constitucionales ciertos principios jurídicos que entrañan graves riesgos contra la propiedad y la relación armónica que debe existir entre capital y trabajo.

Con esa persecución, y las continuas modificaciones unilaterales que se hacen de convenios o contratos públicos, así como por resoluciones gubernamentales, sentencias insólitas de jueces y tribunales, y la inestabilidad política que producen inesperados cambios en los gobiernos y en sus decisiones; y, por último, con proyectos de reformas constitucionales, legales y reglamentarias que, en lugar de brindar seguridad jurídica, racionalizar y simplificar las normas en nuestro país, enredan y complican cada vez más la confianza en nuestras instituciones y el Estado de derecho, parecería que estamos empeñados, otra vez, en… patear la inversión.