Amazon contra el proteccionismo francés

La razón es la llamada Ley Lang, que impone un precio fijo de los libros e impide descuentos mayores al 5%. Vamos, una ley tan absurda y contraria a la libertad como la española. Esta normativa es una de tantas razones por las que sería un desastre que Sarkozy recuperara a Jack Lang como ministro de Cultura, posibilidad que apunta, temeroso, Carlos Semprún.

No obstante, Amazon respeta –qué remedio– el precio fijo del libro. Pero es que esa ley no acaba ahí. También prohíbe vender a pérdida y asociar un servicio gratuito con la venta, que son las razones por las que ha sido condenado, por el momento, a pagar 100.000 euros al Sindicato de la Librería Francesa, el demandante, y otros 1.000 al día mientras no suspenda el servicio de envío gratuito. Y aquí viene lo sorprendente. En lugar de agachar la cabeza, murmurar un "sí, señor" y obedecer al tribunal, Amazon ha decidido pagar la multa y organizar una protesta online contra la decisión, que por el momento ha sido suscrita por 120.000 personas.

"Francia podría ser el único país del mundo donde el envío gratuito de Amazon sea declarado ilegal", aseguró Bezos en un e-mail enviado a sus clientes franceses. El desafío, no obstante, podría salirle caro. Tras un mes, el tribunal deberá decidir si suspende la multa, la mantiene o la aumenta. Y me da que a los jueces no les va a hacer mucha gracia encontrarse con una petición de más de cien mil franceses contra su decisión de condenar a una empresa norteamericana. Quién sabe si será contraproducente.

Si a usted le parece absurdo que la ley prohíba dar un servicio más barato a los clientes, bienvenido al club. Sin embargo, hay muchísimas personas que encuentran toda clase de excusas que ofrecer para justificar estas restricciones a la libertad de comercio. La principal es que, sin esta ley, desaparecían las pequeñas librerías y con ellas el placer de pasear entre sus estantes y la ventaja de poder ser aconsejado por un experto, el librero tradicional. El problema, claro, es que evalúan esas ventajas como si no tuvieran más coste que fastidiar a unas pocas grandes empresas, y no es así.

El panorama más previsible después de abolirse estas restricciones sería que los libros más comprados estarían mucho más baratos en grandes superficies y en internet, y muchas pequeñas librerías, al no poder competir en precio en esas ventas, se verían abocadas a desaparecer; los libros menos comunes acabarían siendo comprados, en muchos casos, a través de la red. La gente se ahorraría un dinero que podría emplear en otras cosas, generando empleo en otros sectores, o se decidiría por comprar algún libro porque al precio más reducido le conviene.

O puede que no. Es posible que un número suficiente de consumidores valorase el servicio que prestan esas pequeñas tiendas por encima del ahorro en dinero que le supondría comprar en otra parte. Pero, en todo caso, no es una decisión que le competa a los libreros, los jueces y los políticos. Somos los consumidores los que debemos tomarla haciendo uso de nuestra libertad de elegir.